La derogación del articulo 52 d) es un éxito sindical contra la reforma laboral del Partido Popular
19
de Febrero
de
2020
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Las movilizaciones y acciones reivindicativas llevadas a cabo por los sindicatos para exigir la derogación del artículo 52 d) del Estatuto de los Trabajadores, que permitía el despido por bajas médicas justificadas, han dado su fruto con la aprobación de esta derogación en el Consejo de Ministros de ayer.El secretario general de CCOO, Unai Sordo ha señalado que “la derogación del 52 d) es el primer éxito sindical contra la reforma laboral”, mientras que la secretaria confederal de UGT, Isabel Areque considera que el Gobierno tiene que ser valiente e ir más allá derogando, con carácter de urgencia, los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012, impuesta de manera unilateral por el actual Gobierno del PP y que ha tenido efectos devastadores sobre el empleo y los derechos de los trabajadores.El Consejo de Ministros aprobado ayer el Real Decreto Ley que deroga el artículo 52d del Estatuto de los Trabajadores que, hasta la actualidad, contemplaba el despido procedente por bajas médicas justificadas. La supresión de este precepto, impulsada desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, responde a la necesidad de garantizar jurídicamente los derechos fundamentales de las personas trabajadoras, especialmente las que padecen alguna discapacidad, sufren enfermedades crónicas o de larga duración o que se dedican al cuidado de personas dependientes, que son, en su mayoría, mujeres.“A partir de hoy, a nadie se le va a despedir por una baja médica justificada. El trabajo decente es un mandato internacional”, recalcó la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que añadió que “impedimos que las más vulnerables sean despedidas cuando deben ser especialmente protegidas”El Real Decreto Ley cumple además con las directrices del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en la sentencia del 18 de enero de 2018 ya había advertido a España de que la aplicación de esta modalidad de despido objetivo, por faltas de asistencia justificadas, iba en contra de la Directiva 2000/78, que prohíbe la discriminación por razón de discapacidad. Tal y como explicó Yolanda Díaz: “Con esta derogación estamos reparando una anomalía de nuestro país con respecto a los países de nuestro entorno”.
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