Segur Ibérica adeuda una media de 3500 euros a cada trabajadorUGT denunció los impagos y señaló que AENA es la responsable subsidiaria de los impagos tras la entrada de Segur Ibérica en concurso de acreedores y dejara el servicio. Sin embargo, aunque AENA realizó el pago, el administrador concursal paró los abonos a los trabajadores. La misma administración concursal comunicó el pasado día 4 de enero a los representantes de los trabajadores que se liberaba la cantidad de 30 días de salario, pero no de otros conceptos.A pesar de esto las denuncias de los trabajadores del aeropuerto de Girona van más allá de reclamar el dinero que les adeuda Segur Ibérica. Los sindicatos denuncian que la nueva empresa que gestiona el servicio, ICTS Hispania, les obligó a firmar un documento en el que se la eximía del pago de los atrasos, a pesar de que se les aseguró a los trabajadores que se trataba de un mero trámite para poder hacer oficial la subrogación.Cristina Soalleiro, responsable de política sindical de UGT en las comarcas gerundenses, afirma que las empresas que subrogan «tienen tres años de responsabilidad solidaria con la empresa que se marcha pero ICTS Hispania nos hizo firmar un nuevo contrato que los deja libre de responsabilidad ante los pagos y conceptos insatisfechos por la anterior empresa».
Esta situación de los trabajadores del aeropuerto de Girona es algo habitual con las empresas que gestionan servicios públicos a través de la subcontratación de los mismos por parte de las Administraciones Públicas. Las políticas austericidas del gobierno de Rajoy, el fundamentalismo del déficit público, han provocado que los concursos públicos de las distintas administraciones permitan comportamientos como las bajadas temerarias que al final tienen como víctimas a los trabajadores que pasan de una empresa a otra con una depauperación de sus condiciones laborales y salariales según se van adjudicando los contratos a empresas que lo hacen más barato.Antes de que Mariano Rajoy llegara al poder los contratos públicos de servicios se adjudicaban por algo más que los criterios económicos. La obligación de cumplir el déficit impuesto por Europa y por Montoro ha obligado a buscar fórmulas de reducción de costes que afectan tanto a los trabajadores como a los ciudadanos. Uno de los casos más sangrantes fue el de los contratos de limpieza deMadrid durante la administración de Ana Botella. El consorcio de empresas que ganó el concurso realizó una bajada temeraria y como el criterio de adjudicación era el únicamente el económico… Las consecuencias las vemos ahora con un Madrid más sucio. La pena es que los ejemplos de esta actitud irresponsable se cuentan por miles.Tras la llegada de Rajoy al Gobierno, los contratos públicos de servicios se adjudican sólo por criterios económicos