El Gobierno ha llegado a un acuerdo con Unidas Podemos, ERC y EH Bildu para introducir una serie de medidas en la Ley de Vivienda. El objetivo de estas medidas es proteger a los inquilinos frente a aumentos descontrolados en el precio del alquiler y frente a desahucios sin fecha y hora predeterminadas. Con estas medidas, se busca garantizar el derecho a la vivienda y evitar la especulación inmobiliaria en el mercado de alquileres.
Una de las medidas más significativas del acuerdo es la introducción de un tope del 3% en las renovaciones anuales de los contratos de alquiler en 2024, mientras que en 2025 se creará un nuevo índice "más estable e inferior a la evolución del IPC" que servirá como referencia para la actualización anual de la renta de los contratos. Esta medida busca evitar fluctuaciones enormes en el precio del alquiler generadas por el IPC y, por tanto, proteger a los inquilinos de aumentos descontrolados.
Además, el acuerdo también introduce cambios en la definición de "gran tenedor", de modo que los propietarios que posean cinco o más inmuebles en un área tensionada se considerarán grandes tenedores. Se aplicarán medidas y especificidades concretas para este tipo de propietario, con el objetivo de evitar la especulación y el acaparamiento de inmuebles por parte de los "fondos buitre" y otros fondos de inversión.
Desahucios
En materia de desahucios, se prohibirán aquellos sin fecha y hora predeterminada y se incluirán nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento, que aplazarán los procesos más de dos años.
También se estipula el acceso obligatorio a los procedimientos de solución extrajudicial para las personas vulnerables, y se permitirá el uso de los fondos de los planes estatales de vivienda para ofrecer alternativas habitacionales para personas en riesgo de desahucio mediante alquileres sociales bonificados, realojamientos de personas en situación de vulnerabilidad o cualquier otra política similar.
Además, el acuerdo incluye medidas de protección a los inquilinos, como la eliminación de cláusulas que permitían la no aplicación de las medidas contenidas en la Ley de existir un acuerdo entre las partes. Los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble correrán siempre a cargo del propietario y se prohibirá aumentar las rentas de alquiler por la vía de nuevos gastos.
Este acuerdo es importante para garantizar una mayor protección a los inquilinos y evitar situaciones de vulnerabilidad frente a aumentos descontrolados en el precio del alquiler y desahucios sin fecha y hora predeterminadas. .