Los gobiernos no están aprovechando plenamente el potencial de la protección social para contrarrestar los efectos de la crisis climática y apoyar una transición justa, según un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El informe también concluye que los países más vulnerables a los efectos del cambio climático suelen tener los niveles más bajos de protección social.
El Informe Mundial sobre la Protección Social 2024-2026: Protección social universal para la acción climática y una transición justa concluye que, por primera vez, más de la mitad de la población mundial (52,4%) tiene algún tipo de cobertura de protección social. Esta cifra es superior al 42,8% de 2015, año en que se adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Sin embargo, en los 20 países más vulnerables a la crisis climática, el 91,3% de las personas (364 millones) aún carecen de algún tipo de protección social. En términos más generales, en los 50 países más vulnerables al clima, el 75% de la población (2.100 millones de personas) carece de cualquier cobertura de protección social. A nivel mundial, la mayoría de los niños (76,1%) carecen aún de cobertura de protección social efectiva. También existe una importante brecha de género, ya que la cobertura efectiva de las mujeres va a la zaga de la de los hombres (50,1% y 54,6%, respectivamente).
Estas brechas son especialmente significativas, dado el papel potencial de la protección social para suavizar el impacto del cambio climático, ayudar a las personas y a las sociedades a adaptarse a una nueva realidad climáticamente volátil, y facilitar una transición justa hacia un futuro sostenible.
«El cambio climático no reconoce fronteras, y no podemos construir un muro para mantener la crisis fuera. La crisis climática nos afecta a todos y representa la amenaza más grave para la justicia social hoy en día», dijo Gilbert F. Houngbo, Director General de la OIT.
«Muchos de los países que están sufriendo las consecuencias más brutales de esta crisis están especialmente mal equipados para hacer frente a sus consecuencias medioambientales y sobre los medios de vida. Debemos reconocer que lo que les ocurra a las comunidades afectadas nos afectará a todos...»
La protección social puede ayudar a las personas a adaptarse y hacer frente a las crisis relacionadas con el clima proporcionándoles prestaciones de protección social, como la seguridad de los ingresos y el acceso a la atención sanitaria.
Además, la protección social puede amortiguar a las familias, los trabajadores y las empresas durante la transición ecológica y permitir prácticas económicas más sostenibles. Esto incluye apoyar a los trabajadores con formación y mejora de sus cualificaciones, de modo que estén equipados con conocimientos y habilidades para el empleo en sectores verdes y con bajas emisiones de carbono. La protección social también garantiza que todos los empleos sean decentes, con protección y prestaciones adecuadas.
«La protección social es esencial para garantizar que la actual transición energética verde y baja en carbono no deja a nadie atrás. Y el imperativo de hacer universal la protección social no es sólo ético, sino también práctico: apoyando y protegiendo a los trabajadores en todas partes, podemos ayudar a aliviar los temores sobre la transición, lo que es esencial para movilizar el apoyo popular a una transición sostenible y justa», añadió el Director General.
Sin embargo, a pesar de su papel como catalizador y facilitador de una acción climática positiva, los gobiernos no están aprovechando al máximo el potencial de la protección social, en gran parte debido a las persistentes lagunas en la cobertura y a una importante falta de inversión.
Por término medio, los países gastan el 12,9% de su producto interior bruto (PIB) en protección social (excluida la sanidad). Sin embargo, mientras que los países de renta alta gastan una media del 16,2%, los países de renta baja sólo destinan el 0,8% de su PIB a la protección social. Los países de renta baja -entre los que se encuentran los Estados más vulnerables a los efectos del cambio climático- necesitan 308.500 millones de dólares adicionales al año (el 52,3% de su PIB) para garantizar al menos una protección social básica, y será necesario el apoyo internacional para alcanzar este objetivo.
El informe reclama una actuación política decidida e integrada para colmar las lagunas de protección y sostiene que «ha llegado el momento de subir la apuesta» e invertir significativamente en protección social. El informe ofrece importantes recomendaciones para ayudar a orientar las políticas y garantizar resultados eficaces y sostenibles:
- Prepararse para los riesgos «rutinarios» del ciclo vital, así como para los impactos climáticos, estableciendo sistemas de protección social ex ante para garantizar que todos disfruten de una protección social adecuada.
- Utilizar la protección social para apoyar los esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio climático y garantizar la aceptación pública de estas medidas.
- Dar prioridad a la inversión en protección social, incluido el apoyo externo a los países con un espacio fiscal limitado.