La inmigración ilegal o irregular se ha convertido en un problema para la Unión Europea porque, con un análisis serio y no sectario, se ha demostrado que no se ha encontrado una solución para controlarla. Los acuerdos con terceros países para que sirvan de control fronterizo ha sido un fracaso, además de que esas naciones utilizan la migración para intentar sacar más dinero que luego entra en el círculo de la corrupción. Si un país cree que precisa más fondos, no tiene más que abrir sus fronteras para que los migrantes pasen a los Estados miembro de la Unión. De esto saben mucho España e Italia.
Por otro lado, el control migratorio es una lucha contra mafias de tráfico de seres humanos, organizaciones criminales que cuentan con fondos económicos suficientes para tener a gobiernos enteros controlados gracias a sobornos millonarios.
Evidentemente, la solución de la utilización de fuerza militar contra las embarcaciones que cruzan el Mediterráneo y el Atlántico para alcanzar España e Italia queda totalmente descartada, por más que haya formaciones de la extrema derecha que hayan teorizado con ello.
En consecuencia, la solución es muy complicada y la actual crisis se aborda sin tener un proyecto que pueda ser realmente efectivo para controlar la inmigración irregular. Los países, además, no tienen las suficientes herramientas normativas para que la migración que llegue a los países de la UE esté amparada por la ley.
Ayer, los jefes de Estado y de gobierno trataron el tema en el Consejo Europeo. Las conclusiones sobre migración demostraron que la línea dura defendida por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el primer ministro polaco, Donald Tusk, se ha impuesto, sobre todo tras la carta de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
En ese documento, la política alemana mostró un firme respaldo al proyecto de establecer «centros de retorno» en países que no pertenezcan a la Unión Europea. Es decir, apoyó las acciones de Giorgia Meloni tras los acuerdos alcanzados entre Italia y Albania en esta materia.
El Consejo de Europa, en el documento de conclusiones, pide, en primer lugar, «una mayor cooperación con los países de origen y de tránsito, por medio de asociaciones mutuamente beneficiosas, a fin de abordar las causas profundas y combatir la trata de seres humanos y el tráfico de migrantes, para evitar así la pérdida de vidas humanas y las salidas irregulares. Un elemento importante a este respecto es la armonización de la política de visados por parte de los países vecinos. Para una migración regular y ordenada es fundamental disponer de vías seguras y legales conformes a las competencias nacionales».
Por otro lado, los jefes de Estado y de gobierno de la UE piden una actuación decidida «en todos los niveles» para «facilitar, aumentar y acelerar los retornos desde la Unión Europea, recurriendo para ello a todas las políticas, instrumentos y herramientas pertinentes de la UE, en particular la diplomacia y las políticas en materia de desarrollo, comercio y visados. Invita a la Comisión a que presente, con carácter de urgencia, una nueva propuesta legislativa», señalan las conclusiones del Consejo.
Sin embargo, lo que da la victoria a Meloni y a la extrema derecha es el reconocimiento de que «deben estudiarse nuevas formas de prevenir y combatir la migración irregular, de acuerdo con el Derecho internacional y de la UE». Es decir, que no se descarta la creación de centros de internamiento de migrantes en terceros países a cambio de acuerdos económicos.
Esta es una nueva consecuencia del crecimiento de los partidos de extrema derecha que, sobre todo, están captando el apoyo ciudadano por su discurso antinmigración. Además, los resultados de las políticas de Meloni en Italia, con un descenso del 60% de las llegadas de inmigrantes irregulares, han enardecido este modo de afrontar la crisis migratoria.