Desde que estalló el caso Begoña Gómez, el juez Peinado ha tratado de encontrar una prueba de que la primera dama traficó con influencias entre empresarios y banqueros para organizar un máster en la Universidad Complutense. El instructor ha buscado y rebuscado, obsesivamente, alguna conexión entre el estatus de superioridad de la esposa del presidente del Gobierno, el susodicho curso académico y supuestos ingresos, beneficios, comisiones o mordidas que, de momento, y ya avanzada la instrucción, no aparecen por ninguna parte. El enriquecimiento es un requisito fundamental para acusar a un político (y a Gómez se la está tratando como tal, cuando no lo es) de corrupción.
Uno de esos flecos de los que anda tirando el magistrado es la supuesta sintonía entre la Fundación La Caixa y el polémico máster. No hace falta decir que la entidad bancaria sigue siendo el gran buque insignia de Cataluña, un símbolo o tótem de la economía de aquella región motor de España, una entidad financiera que desde Madrid siempre se ha mirado con recelo por sus beneficios, capacidad de sus profesionales y buen quehacer. Pues bien, el juez Peinado (de conocida orientación conservadora) ha creído ver, en su fijación febril contra el PSOE, un fuerte nexo de unión entre Cataluña y Moncloa a través de Begoña Gómez y La Caixa. ¿Independentismo y corrupción gubernamental todo en uno? ¿Qué patriota no se dejaría llevar por semejante confabulación propia de una serie de Netflix?
El convulso procés de independencia de 2017 terminó, como ya se sabe, con miles de empresas huyendo de Cataluña (los datos del Registro Mercantil hablan de unos 7.000 cambios urgentes de domicilio fiscal). El pasado mes de noviembre, en medio de un clima de desinflamación política y acercamiento entre España y Cataluña, PSOE y Junts pactaron un plan para que Caixa, Naturgy y miles de compañías retornen a Barcelona, de donde no debieron haber salido nunca.
La ofuscación de la extrema derecha de este país lleva a muchos ultras a creer que Sánchez es íntimo amigo de Carles Puigdemont y que ambos, como traidores a España, trabajan en estrecha connivencia y complicidad. En esa descabellada teoría (de claro corte conspiranoico, todo hay que decirlo), la Fundación La Caixa se ha convertido en una auténtica obsesión para el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Barcelona. Sospecha su señoría que pudo haber parné, o sea, pagos de la entidad financiera a la esposa de Sánchez como premio por restablecer el orden económico en Cataluña, de ahí que ayer llamara a declarar al subdirector general de la Fundación La Caixa, Marc Simón, que negó ante el magistrado haber ido al Palacio de la Moncloa para tratar sobre la cátedra de Begoña Gómez ni haber hablado con Pedro Sánchez acerca de esta cuestión, según informó el periodista Alfonso Pérez Medina, de La Sexta. El reportero de tribunales confirma además que Simón ha mantenido en todo momento que conoció a Gómez en 2018 por su experiencia en fundraising (la actividad de captación de recursos, alimentos, medicinas, ropa, juguetes que realizan las entidades sin ánimo de lucro –oenegés, fundaciones, asociaciones, agrupaciones, etc.– para poder sacar adelante sus proyectos).
Las sospechas de Peinado parten de que, por lo visto, La Caixa se comprometió a aportar 15.000 euros anuales durante cuatro años para la creación de la cátedra de Begoña Gómez. No fue hasta 2020 cuando la esposa del presidente volvió a ponerse en contacto con Simón para exponerle el proyecto de la cátedra, la cual podía encajar con los fines sociales de la fundación.
Unos 15.000 euros, 15.000 euros que, al lado de, por ejemplo, el dinero negro movido por el caso Gürtel (que carcomió de corrupción al PP durante años) se antoja como un grano de arena en una playa. Esa es la cantidad que el magistrado considera intolerable y hasta delictiva. Un dinero que, por otra parte y, hasta donde se sabe, no fue a parar al bolsillo de Begoña Gómez, sino a la creación de la cátedra, es decir, a la puesta en marcha del proyecto.
La propuesta de Gómez fue aprobada por el Comité de Dirección en una de sus reuniones semanales. Por si fuera poco, Simón ha declarado ante el juez que tampoco ha mantenido contactos con Pedro Sánchez sobre ningún asunto relacionado con su esposa, manteniendo su predisposición a colaborar con la cátedra de Gómez siempre que así lo considere la Universidad Complutense de Madrid.
Según fuentes consultadas por la citada cadena de televisión privada, el juez Peinado ha mantenido una actitud muy beligerante con los testigos, sobre todo con el directivo de La Caixa, al que le ha llegado a advertir de que “no le interesaban nada los convenios que la entidad tiene suscritos en Cataluña”. Fue ahí donde le salió la vena antiindepe, españolaza, patriotera. Fue ahí donde salió a relucir la animadversión, quizá la catalanofobia, de un magistrado que podría estar mezclando las ideas políticas personales con los artículos del Código Penal, hasta confundir expedientes, causas, sumarios, ya que lo de Cataluña se lleva en otro negociado o tribunal, mayormente el de Aguirre y García Castellón.
No hay ninguna línea de investigación que, hasta el momento y hasta donde se sabe, pueda vincular a Begoña Gómez, como parte de un precio pagado a través de La Caixa, con el conflicto territorial catalán, ni con la amnistía o los indultos, ni con el procés, ni mucho menos con Carles Puigdemont. Pero hace ya tiempo que la imaginación conspiranoica se ha apoderado de cierta parte de nuestra judicatura.
Lo de ayer (cuatro testigos avalando una conducta ejemplar de Begoña Gómez sin que aparezcan indicios delictivos) fue otro esperpento más. Algunos abogados vieron muy “deslavazado y embarullado” el interrogatorio del juez Peinado, donde el directivo de La Caixa tuvo que explicar la diferencia entre los convenios con universidades y el patrocinio de cátedras con financiación privada. Prosigue la caza de brujas.