El juez Juan Carlos Peinado reanudó ayer la causa contra Begoña Gómez, esposa de presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la declaración de cuatro testigos que, lamentablemente para el magistrado, no aportaron demasiado a la instrucción del sumario. Según fuentes de La Sexta, durante las comparecencias Peinado subió el tono y mostró una actitud “beligerante y agresiva” con los testigos. No estaba el juez para muchas bromas. Se ha pasado las vacaciones buscando la prueba definitiva y letal de que Gómez incurrió en tráfico de influencias con empresarios de su entorno en la organización de un máster organizado por la Universidad Complutense de Madrid. Pero nada de nada, todo en vano.
“Los abogados que han estado presentes han querido recalcar la actitud que ha tenido el juez con Marc Simón, directivo de La Caixa, llegando a espetar que no le contara los convenios que tiene en Cataluña porque no le interesa”, asegura La Sexta. Además, tal como informa la cadena de televisión privada, el juez Peinado “ha advertido a los letrados de las acusaciones y de la defensa que podrían incurrir en un delito de revelación de secretos, llegando incluso a poder ser condenados a penas de multa si revelaban las diligencias que se están llevando a cabo en la investigación”.
Es evidente que el magistrado está nervioso. El tiempo se le acaba, no encuentra indicios sólidos contra el dúo Gómez/Sánchez y pronto el TSJ de Madrid entrará a valorar si lo aparta de la causa tras la querella por prevaricación presentada por la familia de Moncloa.
A pesar de que agosto es inhábil para la Administración de Justicia, el juez Peinado ha mantenido viva la instrucción acordando la citación y comparecencia de una serie de testigos, al tiempo que ha dictado varias providencias. Ayer pasaron por el juzgado el subdirector general de la Fundación la Caixa, Marc Simón, y el consejero delegado de Reale Seguros, Ignacio Mariscal, cuyas entidades financiaron la cátedra extraordinaria en Transformación Social Competitiva creada por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que dirige Gómez, y que investiga el juez por presuntas irregularidades, quien ya imputó a su rector, Joaquín Goyache. Estas comparecencias se suman a las del consejero delegado del Grupo Barrabés, Luis Miguel Ciprés, adjudicatario de una serie de contratos públicos, algunos de ellos remitidos a la Fiscalía europea, y de Leticia Lauffer, consejera delegada de Wakalua, filial de Globalia, que negó en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo haber sido el nexo para facilitar el rescate de Air Europa por sus vínculos con Begoña Gómez, con la que tenía una relación profesional “muy buena” en la que no había “nada raro”.
Por lo que ha trascendido hasta el momento ninguno de los testigos aportó nada nuevo a la causa, al menos nada importante y definitivo como para procesar a la primera dama por tráfico de influencias. Ni confesiones sobre maniobras ilegales, ni documentos comprometedores, ni cobro de mordidas o comisiones, ni chanchullos de ningún tipo. Desde fuera del juzgado, la sensación que nos llega es que se trató de un máster más de la Complutense, como otros muchos que se organizan cada año en el campus. Que hubo contactos entre Begoña Gómez y ciertos empresarios, es decir, entre la representante de una institución pública y entidades privadas, es evidente que los hubo. Como los hay a patadas, casi a diario, en todas las universidades españolas. Hoy en día en las cátedras universitarias se funciona de esa manera, hay convenios, acuerdos bilaterales, financiaciones externas. Si de lo que se trata es de acabar con el modelo privatizador (que por cierto tanto le gusta al Partido Popular), cámbiese la ley para que los cursos se sufraguen solo con dinero público con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
En su última providencia, Peinado ha dejado por escrito que se pueden sacar “conclusiones” del “silencio” de Pedro Sánchez cuando se negó a declarar ante él y acordó dar acceso a las partes de las grabaciones del pasado 30 de julio, a lo que se oponía la Fiscalía. Otra consecuencia de aquella cita fueron las querellas por prevaricación contra Peinado que presentaron tanto Sánchez como su esposa ante el TSJM, de cuya admisión se pronunciará la Sala ya en septiembre y que podrían apartar al juez de la causa.
Cabe preguntarse, eso sí, cuánto tiempo tardará en salir a la luz pública el vídeo del presidente del Gobierno declarando ante el juez instructor. Esa, y no otra, no nos engañemos, es la pieza grande o mayor, el meollo de la cuestión de todo este circo judicial que se ha montado alrededor del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, dirigido por el polémico magistrado conservador. La orden para que el vídeo (en el que aparece el premier socialista a las órdenes de su señoría) llegue a las partes personadas en la causa (entre ellas el sindicato ultraderechista Manos Limpias) ya se ha dado. La caverna mediática, la máquina del fango y los bots de Abascal y Alvise, se frotan las manos. Entre tanto, se está a la espera de lo que decida el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sobre las querellas presentadas contra el instructor.