Los países de la Unión Europea son responsables de un tercio (33%) de los riesgos de abuso fiscal corporativo. Aunque muchos de los estados miembro están significativamente expuestos a la evasión y la elusión fiscal de las grandes corporaciones, la UE también incluye algunos de los paraísos fiscales corporativos más dañinos del mundo.
La Unión supone alrededor de tres cuartas partes de los miembros de la OCDE. Se ha opuesto durante mucho tiempo a la creación de un foro fiscal globalmente inclusivo bajo los auspicios de la ONU. Sin embargo, en agosto de 2024, la UE retiró su oposición a la negociación de un convenio fiscal de Naciones Unidas.
Muchos países de la UE han mejorado sus normas sobre privilegios y honorarios por servicios, haciendo más difícil para las corporaciones multinacionales explotar estos pagos para pagar menos impuestos.
Sin embargo, estas mejoras se vieron empañadas por importantes lagunas encontradas en la Directiva de Lucha contra la Elusión Fiscal de la UE sobre las empresas extranjeras controladas. La más destacada de ellas es la exigencia a los países de eximir a una empresa multinacional de las normas si puede demostrar que sus acuerdos comerciales no son acuerdos «totalmente artificiales» creados para pagar menos impuestos.
Sin embargo, la Directiva no ofrece orientación sobre cómo evaluar qué es o no artificial, lo que permite a las corporaciones multinacionales utilizar los mismos métodos que han estado usando para manipular los libros durante décadas para asegurar exenciones en el pago de impuestos en el país en el que trabajan, además de dar a las autoridades fiscales de los países europeos la capacidad de participar.
La Unión Europea acoge a varios paraísos fiscales que no aparecen en los listados oficiales de este tipo de circunscripciones. Un ejemplo de ello es Irlanda, un país que es utilizado por algunas de las multinacionales más importantes del mundo para eludir el pago de los impuestos que corresponden en el resto de países de la UE donde operan. A pesar de las advertencias, Irlanda apenas ha implementado cambios en sus leyes contra el abuso fiscal.
La política fiscal de Irlanda ha sido cuestionada en repetidas ocasiones por organismos y expertos de la ONU por la posibilidad de violar tratados fundamentales de derechos humanos, incluida la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al socavar la capacidad de otros países para recaudar los impuestos que les corresponden y que necesitan para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos.
El gobierno irlandés ha afirmado a menudo que ha abandonado sus antiguas prácticas de paraíso fiscal. Sin embargo, no hay cambios significativos en sus leyes que verifique esa afirmación.