En noviembre del año 2019, el juez Peinado, hoy en el ojo del huracán por su polémica instrucción del caso Begoña Gómez, saltó a las primeras páginas de los periódicos por la investigación de un macrocaso relacionado con PDVSA, la principal compañía nacional de petróleo de Venezuela investigada por el vaciamiento y lavado de fondos de la empresa. “Caso PDVSA, paralizado: el juez esconde la investigación que hace temblar a Maduro”, publicaba El Confidencial. Según el citado digital, la Audiencia Nacional se había declarado competente de la causa en el mes de junio, pero cinco meses después el instructor del Juzgado 41 no la había remitido al tribunal superior.
La prensa madrileña siguió muy de cerca las decisiones de Peinado sobre el régimen chavista de Maduro, tal es así que el propio Confidencial publicaba en enero de 2020 que la Audiencia Provincial de Madrid había dado un tirón de orejas al magistrado por la venta de tres coches de lujo relacionados con el caso de la petrolera venezolana. Según el diario, “el magistrado trató de liquidar tres vehículos de alta gama del venezolano R.R.B., investigado en la causa, sin ni siquiera informar de ello al afectado”. La información se completaba de la siguiente manera: “La Audiencia Provincial de Madrid ha dado un varapalo al titular del Juzgado 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, instructor durante meses del polémico caso PDVSA, por intentar vender de forma irregular tres vehículos de alta gama de uno de los imputados en el procedimiento, el empresario venezolano R.R.B, que está acusado de blanquear en España, mediante la compra de propiedades y artículos de lujo, una auténtica fortuna que procedería de operaciones de corrupción en la que habrían participado altos cargos del chavismo”. Los vehículos que Peinado puso en venta eran un Ferrari blanco, un BMW i8 y un Mercedes AMG que estarían valorados en más de un millón de euros.
En ese momento, Peinado ya se había desprendido del sumario del caso PDVSA para cederlo a la Audiencia Nacional, pero la Audiencia Provincial de Madrid le afeó la forma en que se estaba llevando el asunto. “El juzgado infringió las normas del procedimiento, causando así una efectiva indefensión al recurrente, por lo que la resolución ha de ser efectivamente declarada nula”, resolvió la Sección Quinta de la Audiencia, que consideró que la decisión del magistrado “exige” que “sea escuchado el interesado, que en este caso es el mencionado empresario venezolano”.
No solo los tres vehículos de alta gama fueron objeto de investigación, también una exclusiva urbanización de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y una extensa finca en pleno Parque Natural del Alto Tajo valorada en 22 millones de euros. Esta última, un inmueble de 2.000 metros cuadrados con helipuerto, cuadras, tentadero, piscina, pista de tenis y un sinfín de equipamientos de lujo sobre un terreno de 400 hectáreas de bosque, fue comprada por R.R.B. al empresario Joao Espirito Santo, que dirigió el mayor holding financiero de Portugal con el Banco Espirito Santo al frente. Según El Confidencial, en esa finca se organizaban “cacerías a las que invitaba a altos directivos de empresas del Ibex 35 e incluso a miembros de las casas reales europeas”.
El juez Peinado trató de retener la causa PDVSA en su juzgado, el número 41, que lleva dirigiendo desde hace años, pero la Audiencia Nacional se declaró competente para continuar con el caso y el magistrado tuvo que desprenderse de la misma, no sin antes retrasar la investigación durante meses. Las razones de esa dilación nunca fueron aclaradas, pero la prensa no ha dejado de especular. “El juez llevaba el asunto con mucho secretismo, hasta que la jueza de la Audiencia española María Tardón le reclamó la instrucción”, publicó Elnacional.cat.
Ahora Peinado se enfrenta a otra polémica instrucción, la del caso Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A lo largo de la causa, el magistrado ha tomado decisiones también discutibles, como obviar los informes de la Guardia Civil que no ven delito en la conducta de la inquilina de Moncloa, tramitar la querella de un sindicato ultraderechista plagada de noticias falsas y permitir filtraciones a medios de comunicación de la caverna. Medidas que han provocado la queja del abogado de Gómez, que ha alegado indefensión de su cliente. El próximo lunes, el titular del juzgado tiene ante sí una difícil papeleta: el auto de la Audiencia Provincial de Madrid que debe resolver sobre el asunto, bien ordenándole que lo archive definitivamente tras meses de pesquisas fallidas, bien permitiéndole continuar con la instrucción acotándole los límites de la investigación. En ambos casos, su forma de actuar quedará en entredicho, ya que no pocos expertos le han acusado de llevar a cabo una causa prospectiva y política contra la primera dama a pesar de que, seis meses después de abrirse el sumario, todavía no hay pruebas concluyentes contra ella.