Más allá del ruido, de la pataleta, de los insultos, las acusaciones maximalistas y las frases gruesas, más allá de todo ello, al Partido Popular de Andalucía no le cabía, a priori, otro camino que redoblar los ataques para revertir su situación de debilidad política en que se encuentra tras el desenlace final del caso ERE tras las exculpaciones parciales de ex altos dirigentes del PSOE andaluz por parte del Tribunal Constitucional (TC), entre ellos dos ex presidentes autonómicos y varios ex consejeros. Por ello ha decidido recusar a dos magistradas del TC, María Luisa Balaguer e Inmaculada Montalbán, a sabiendas de que, para empezar, ya está fuera de plazo legal para ello, y también instará la abstención del presidente del Constitucional, Cándido Conde Pumpido.
La recusación a un magistrado del Constitucional debe presentarse “en el plazo de diez días desde la notificación de la primera resolución por la que se conozca la identidad del juez o magistrado a recusar, si el conocimiento de la concurrencia de la causa de recusación fuese anterior a aquel”, según indica el auto 235/2023, de 9 de mayo de 2023 del propio TC, publicado en el BOE del 12 de junio del pasado 2023.
Una de las magistradas que el PP ha anunciado que recusará, la granadina Inmaculada Montalbán, actual vicepresidenta del TC y ponente de las sentencias que han exonerado parcialmente a buena parte de los ex altos cargos de la Junta de Andalucía condenados por el caso de las ayudas fraudulentas de los ERE, por un valor total de 680 millones de euros, fue condecorada durante el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013 con la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, concedida en atención a los méritos y circunstancias que concurren en la que fuera vocal del Consejo General del poder Judicial (CGPJ), a propuesta del ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros. Entonces ocupaba esa cartera Alberto Ruiz Gallardón.
Esta condecoración es una de las más prestigiosas de la carrera judicial y premia aquello relevantes méritos contraídos por el cultivo y aplicación del estudio del derecho en todas sus ramas o los servicios prestados en actividades jurídicas dependientes del Ministerio de Justicia. Ahora, el PP no aprecia estos relevantes méritos profesionales en la citada magistrada y, al contrario, recuerda que fue presidenta de la sección tercera de la Sala de Contención Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), donde participó, en algunos casos como ponente, en al menos 22 sentencias relacionadas con los ERE.
La ponente de las sentencias exculpatorias por estas ayudas fraudulentas recibió en 2013 la prestigiosa Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort de manos del ministro popular Alberto Ruiz Gallardón
Elías Bendodo ha anunciado que el PP, como acusación en el caso de los ERE, pedirá la abstención de los citados tres magistrados del Constitucional para que se aparten de los recursos del caso. Además, amaga con ampliar su recusación a los cinco miembros de este órgano que, según el diputado popular, “tuvieron vinculación directa firmando sentencias sobre los ERE y ahora están votando a favor de exculpar a condenados”. Así, a otro magistrado del TC, Juan Carlos Campo, el diputado popular pone en cuestión su profesionalidad porque pasó de ser ministro de Justicia directamente a magistrado del Constitucional, y que además ejerció como director general de Justicia en tiempos de Manuel Chaves como presidente de la Junta de Andalucía en el periodo investigado por los ERE.
El dirigente popular recuerda que Campo fue también secretario general de Relaciones con el Parlamento de Andalucía en la Junta de Andalucía entre los años 2014 y 2015. “Campo emitió juicios públicos que le comprometen, como cuando expresó su perplejidad por el procesamiento de Chávez y Griñán en una entrevista en el 2016 cuando era el portavoz de Justicia del Grupo Socialista en el Congreso”, según Bendodo.
La quinta magistrada del Constitucional puesta en cuestión por el PP es María Luisa Segoviano, que como magistrada de la Sala de lo Social del TSJ andaluz firmó dos sentencias relacionadas con el caso de los ERE, concretamente el ERE de Nexpron y el ERE de SOS Cuétara. Bendodo volvió a recordar el mantra que mantiene respecto a los ex altos cargos del PSOE condenados por los ERE y ahora exculpados en parte por las últimas sentencias del TC. “Para que nadie tenga duda y por si alguien se le olvida, hasta 70 familiares y personas vinculadas con el Partido Socialista se beneficiaron de ayudas ilegales o de falsas prejubilaciones. Se fundieron 700 millones de euros de los parados de forma arbitraria. 20.000 euros al mes en cocaína del dinero de los parados se gastaban directivos de la Junta de Andalucía del PSOE”, subraya Bendodo, a sabiendas de que esa cantidad total de ayudas concedidas en ningún caso fue el montante total de lo defraudado.
🔴 La pregunta es muy sencilla: Señor Moreno, ¿usted respeta al TC? SÍ O NO.
— PSOE de Andalucía (@psoedeandalucia) July 11, 2024
👉 Moreno Bonilla no solo calla ante la vulneración de derechos reconocida por el TC, sino que deslegitima, por boca de sus consejeros, al máximo órgano de control y garantías de derechos fundamentales.… pic.twitter.com/yca94DsZ5D
Bendodo insiste en que el TC “no puede convertirse en un órgano de relectura o de segunda lectura o de revisión de las sentencias” y recuerda que más de 20 juzgados, incluida la Audiencia Provincial de Sevilla y el propio Tribunal Supremo, “confirmaron y ratificaron las sentencias a los condenados por prevaricación y malversación”.
Esta tesis es la misma que el propio presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha venido a defender este jueves en la sesión de control al gobierno tras la pregunta que le ha dirigido el líder de la oposición, el socialista Juan Espadas. “La pregunta es muy sencilla, señor Moreno Bonilla: ¿usted respeta al TC? ¿Sí o no?”, ha preguntado Espadas.
El presidente andaluz, lejos de responder, ha atacado veladamente al Constitucional y ha puesto en cuestión la honorabilidad de algunos de sus magistrados, como también hacen otros dirigentes de su partido. Desde el PSOE le responden que “Moreno Bonilla no solo calla ante la vulneración de derechos reconocida por el TC, sino que deslegitima, por boca de sus consejeros, al máximo órgano de control y garantías de derechos fundamentales”.