El Tribunal Constitucional (TC) se prepara para abordar, a partir del 16 de julio, una ponencia que podría cambiar significativamente el destino judicial del expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. La propuesta, liderada por la vicepresidenta del tribunal, la magistrada Inmaculada Montalbán, sugiere anular la condena por malversación y ordenar a la Audiencia Provincial de Sevilla que dicte una nueva sentencia.
Revisión de la condena de Griñán
José Antonio Griñán fue condenado a seis años de cárcel y 15 de inhabilitación por los delitos de prevaricación y malversación en el conocido "procedimiento específico" de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos. Sin embargo, su ingreso en prisión fue suspendido debido al cáncer que padece. La ponencia de Montalbán plantea ahora exonerar la malversación, una medida que se espera sea avalada por la mayoría progresista del TC.
El Tribunal Constitucional ya ha revisado los recursos de otros siete condenados por el caso de los ERE, y sus decisiones han llevado a la libertad de tres ex altos cargos de la Junta de Andalucía: la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, y el exdirector del IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar.
Argumentos y matices del Tribunal Constitucional
La ponencia de Montalbán insiste en que la elaboración y aprobación de los anteproyectos de ley por el Parlamento de Andalucía no puede constituir delito de prevaricación. Esta postura ya había sido sostenida por el TC en casos anteriores relacionados con los ERE. Según el borrador de la sentencia, la aprobación de estos proyectos de ley no entra dentro del marco de la prevaricación, ya que estaban bajo el paraguas legal vigente en ese momento.
En las últimas semanas, el Constitucional ha deliberado sobre varios recursos de excargos que participaron en el sistema de concesión de ayudas sociolaborales. Aunque hay una línea argumental básica que se repite, cada caso tiene sus propios matices, debido a las diferencias en los cargos ocupados y los periodos en los que se tomaron las decisiones.
Impacto y consecuencias políticas
La posible exoneración de Griñán y la reducción de la inhabilitación de Manuel Chaves, otro implicado en el caso, podrían tener repercusiones significativas en el panorama político andaluz y español. La reinterpretación del delito de malversación y la reconsideración de las penas impuestas reflejan una postura judicial más flexible ante los delitos relacionados con la gestión pública y la política.
El caso de los ERE ha afectado a numerosos altos cargos y debilitado la confianza pública en la administración autonómica andaluza. La revisión de las condenas por parte del TC plantea importantes preguntas sobre la justicia y la proporcionalidad en el castigo de los delitos de corrupción.
La ponencia del Tribunal Constitucional abre la puerta a una reconsideración de las penas impuestas en el caso de los ERE. La exoneración de Griñán por malversación y la reducción de la inhabilitación de Chaves podrían marcar un punto de inflexión en la interpretación judicial de los delitos de corrupción en España, subrayando la necesidad de un equilibrio entre el rigor penal y el respeto a los derechos fundamentales.