El Partido Socialista ha entregado a la Fiscalía Anticorrupción el dispositivo con supuesta información sensible que Leire Díez, exconcejala y exmilitante, llevó a la sede de Ferraz. Aunque el PSOE asegura no haber accedido a su contenido, ha optado por dejar el caso en manos judiciales. La portavoz socialista, Esther Peña, ha manifestado su rechazo al “ataque desmesurado” contra el partido y ha marcado un claro distanciamiento respecto a Díez.
El Partido Socialista Obrero Español ha trasladado a la Fiscalía Anticorrupción un ‘pen drive’ que contiene documentación recopilada durante años por Leire Díez, antigua militante del partido. El dispositivo fue entregado esta semana al secretario de Organización, Santos Cerdán, durante un encuentro en la sede central del PSOE, en la calle Ferraz.
Según ha explicado la portavoz del partido, Esther Peña, el material no ha sido revisado por ningún dirigente socialista y ha permanecido bajo custodia legal. “Nosotros lo que queremos es que se conozca la verdad”, ha declarado en una intervención en RNE, reafirmando que el objetivo de la formación es actuar con transparencia. Los servicios jurídicos del partido se han encargado directamente de remitir el contenido a la Fiscalía.
El gesto no es menor: el PSOE evita así ser acusado de ocultamiento o manipulación de pruebas, y deja en manos de la justicia cualquier posible interpretación o consecuencia derivada del material.
Pese a la discreción con la que el PSOE ha tratado el asunto, las palabras de Peña dejan entrever una crítica contenida hacia la actuación de Díez. La portavoz ha señalado que la exmilitante “ya no forma parte del partido” y que ha negado reiteradamente haber representado a la organización en ninguna negociación. “No creo que sea nuestra labor tener que dar explicaciones de lo que hace, dice o parece que actúe”, ha añadido con cierto tono de desdén.
Desde el PSOE también se ha denunciado un supuesto intento coordinado de desprestigiar al Gobierno a través de lo que Peña describió como un “viejo mecanismo” de deslegitimación mediática, judicial y política. Acusó a sectores empresariales y de la derecha de fabricar un relato contra el Ejecutivo de coalición.
En este contexto, el partido ha anunciado que interpondrá demandas legales contra declaraciones que, según sus portavoces, rozan la calumnia. La dirección socialista parece dispuesta a responder con contundencia para defender su integridad institucional, al tiempo que evita otorgar más visibilidad a una figura, la de Leire Díez, que consideran ajena a su estructura y discurso actual.
El caso ha coincidido con un momento delicado para el Gobierno. Socios parlamentarios como Podemos y ERC han solicitado la comparecencia del presidente Pedro Sánchez, una exigencia que desde el PSOE consideran innecesaria, recordando que el jefe del Ejecutivo ha acudido en numerosas ocasiones al Congreso en los últimos meses.
A esta presión externa se suma la interna, Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha y una de las voces más críticas dentro del PSOE, ha sugerido un adelanto electoral para frenar el “ambiente nauseabundo” que rodea al Ejecutivo. Peña ha rechazado esta posibilidad y ha subrayado que el mandato debe continuar hasta 2027, en línea con los compromisos del Gobierno de coalición.
En su respuesta, no obstante, ha evitado confrontar directamente con García Page, asegurando que “también desde Castilla-La Mancha va a echar una mano”, en un intento por preservar la cohesión interna del partido.
Con esta actuación, el PSOE intenta marcar una línea clara: abrir paso a la justicia, proteger la imagen institucional y dejar atrás cualquier vínculo con actuaciones individuales que considera ajenas a su rumbo político.