El relato del PP sobre “la cúspide de la pirámide” de los ERE que ‘diseñó’ la juez Alaya se estrella contra la contundencia del Constitucional

Génova se mantiene en sus trece y aún otorga carta de veracidad a la teoría y al relato de la gran trama política orquestada por el PP, que el tribunal de garantías ha desmontado en su totalidad

17 de Julio de 2024
Actualizado el 18 de julio
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Moreno Bonilla preside el último Consejo de Gobierno de este martes en Sevilla

El “relato” político que el Partido Popular aún mantiene sobre la “cúspide de la pirámide” de los ERE, expresión que utilizaba asiduamente en sus autos la mediática jueza instructora Mercedes Alaya y propalaban a diario los periodistas “de investigación” de medios afines para dar por cierta la supuesta connivencia delictiva de la cúpula socialista andaluza en la Junta entre los años 2000 y 2009 con una trama organizada de ayudas sociolaborales irregulares, ha llegado a su fin. Pese a ello, Génova se mantiene en sus trece, aunque el propio Tribunal Constitucional ha acordado “por unanimidad” rechazar la petición del PP de apartar a dos de sus magistradas de los recursos de los ERE, que en las últimas semanas vienen otorgando parcialmente la razón a la quincena de ex dirigentes socialistas condenados por este caso, entre ellos dos ex presidentes autonómicos, varios consejeros y otros ex altos cargos de la Junta.

El secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, incide pese a todo en la teoría de la trama política e incluso acusa ahora a los magistrados del Constitucional de otorgar un “indulto encubierto” a los ex dirigentes socialistas andaluces exculpados parcialmente. “El PSOE quiere blanquear con alivios penales los ERE, el peor caso de corrupción de España”, reitera Repullo, uno de los dirigentes populares junto a Elías Bendodo, el que fuera mano derecha del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, incluidos por el PSOE andaluz entre los que serán denunciados por difamación.

La recusación de las magistradas María Luisa Balaguer e Inmaculada Montalbán anunciada la pasada semana por Bendodo con todo el boato institucional desde el Congreso de los Diputados no tenía posibilidad alguna de prosperar, como así ha acordado el tribunal de garantías “por unanimidad”, simplemente intentaba servir de cobertura al “relato político” que aún mantiene el PP de que el fraude de los ERE tuvo una “cúspide de la pirámide” en los ex dirigentes socialistas que estaban en aquellos años al frente de la Junta de Andalucía, ahora exonerados parcialmente por el Constitucional. El Pleno del TC decidió este martes rechazar la petición del PP “por extemporánea”, presentada fuera de plazo, como así lo sabían de antemano los dirigentes populares cuando anunciaron su contraataque político ante las decisiones inapelables del Constitucional.

Los populares sabían de antemano que no había visos de que prosperara la recusación de las magistradas del TC, pero sí les servía para mantener el relato acusatorio contra el PSOE

El PSOE andaluz cree que el PP ha perdido el “relato” del caso ERE por completo con las últimas sentencias exculpatorias dictadas por el Constitucional. En este sentido, habla de “cacería política” del PP en vez de “cúspide de la pirámide” como lo denominó la juez Alaya tras las acusaciones del PP, tesis que a su vez ‘compraron’ los medios de comunicación más afines a sus intereses. “El Constitucional desmonta la causa general de la derecha contra los socialistas en Andalucía”, concluyen en el PSOE andaluz. El líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, subraya: “Nunca hubo el complot o confabulación con los ERE que denunciaba el PP”.

Cascada de sentencias demoledoras

La teoría del “fraude masivo” de los ERE irregulares en Andalucía, supuestamente orquestado por la cúpula socialista que gobernaba en la comunidad, ya está desmontado en su totalidad por el Constitucional, que en varias sentencias demoledoras en cascada ha descartado que existiera ese “sistema fraudulento” del que hablaron en sus sentencias condenatorias tanto la Audiencia Provincial de Sevilla como posteriormente el Tribunal Supremo y que culminó con una contundente condena de la ex cúpula socialista andaluza de aquellos años por haber defraudado supuestamente unos 80 millones de euros en total, de los 680 que inicialmente estimó la Fiscalía que se concedieron irregularmente en ayudas extraordinarias a empresas en crisis.

Al final del camino que ahora concluye en el tribunal de garantías constitucionales, el ex presidente andaluz José Antonio Griñán tenía razón cuando aseguró tajante a las puertas del Supremo en abril de 2015: “No creo que hubiera un gran plan pero hubo un gran fraude”. El ex presidente socialista andaluz ha sido exonerado de los seis años de prisión y los 15 de inhabilitación a los que había sido condenado por los delitos de prevaricación y malversación. El Constitucional considera que se ha vulnerado su derecho a la legalidad penal y a la presunción de inocencia y, en consecuencia, ordena retrotraer las actuaciones a la Audiencia Provincial de Sevilla para que dicte un nuevo fallo.

Aquí acaba un larguísimo proceso judicial, político y personal que trajo consigo en 2018 el primer gobierno del Partido Popular en Andalucía, encabezado por Moreno Bonilla, cuyo ejecutivo aún mantiene las tesis de la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo desmontadas por el Constitucional. Cabe recordar que el PP andaluz comenzó aquella campaña electoral en las puertas de un prostíbulo e hizo del caso ERE su principal caballo de batalla para acceder al poder en Andalucía después de casi cuatro décadas de gobiernos socialistas.

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