Aquel “sistema fraudulento” de ayudas sociolaborales de la Junta de Andalucía a empresas en crisis entre los años 2000 y 2011, por un montante total de 680 millones de euros, que condenó en primer lugar la Audiencia de Sevilla en 2019 y posteriormente en 2022 el Tribunal Supremo, tras una impactante instrucción mediática de la jueza Mercedes Alaya, se ha desmoronado definitivamente con la decisión del Tribunal Constitucional de reducir la condena de nueve años de inhabilitación del ex presidente andaluz Manuel Chaves y anular la de seis años de cárcel por prevaricación continuada del también ex presidente de Andalucía José Antonio Griñán. Esta decisión se produce tras la exculpación parcial y excarcelación de otros ex altos cargos socialistas que cumplían pena de prisión en la actualidad por el caso que generó la llegada al poder del Partido Popular por primera vez en Andalucía a finales de 2018, tras hacer de este asunto su caballo de batalla para acceder a la Junta, que se le resistió en la comunidad autónoma durante casi cuatro décadas de gobiernos socialistas ininterrumpidos.
Los más de 1.200 folios de la sentencia del Supremo subrayaban hace dos años que los condenados, todos ellos ex líderes socialistas andaluces, “actuaron con conocimiento de las irregularidades y persiguiendo una concreta finalidad cuya ilicitud conocían”. Así, daban crédito a la mediática y polémica instrucción de la juez Alaya, que impulsó la creencia de que entre los años 2000 y 2011, la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, implantó y mantuvo en funcionamiento un “sistema fraudulento” de ayudas sociolaborales ajeno a los debidos controles fiscales y por el que fueron concedidos 680 millones de euros sin aparente seguimiento legal alguno. Nada más lejos de la verdad, según el Constitucional, a cuyos magistrados intenta desacreditar ahora el PP a toda costa recusando extemporáneamente a varios de sus integrantes.
El PP hizo del caso ERE su principal caballo de batalla para acceder en 2018 por primera vez al poder en Andalucía, que se le resistió durante casi cuatro décadas de gobiernos socialistas
El TC ha decidido anular este martes la condena a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación continuada impuesta a Chaves. Los siete votos a favor del sector progresista han prevalecido sobre los cuatro en contra del bloque conservador y el tribunal de garantías ha aprobado la ponencia elaborada por la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, que tumba la interpretación del delito que armó la instrucción de Alaya en primer lugar y confirmó con sentencia condenatoria después la Audiencia Provincial de Sevilla, ratificada en 2022 por el Supremo. Ahora, el TC ordena que se devuelva a la Audiencia de Sevilla el caso de Chaves, para que rebaje la condena de nueve años de inhabilitación.
Como ha ocurrido en casos ya resueltos recientemente por el TC relacionados con el del ex presidente andaluz entre 1990 y 2009, el Constitucional estima que los tribunales se extralimitaron al interpretar que las decisiones políticas tomadas entonces por los ex dirigentes socialistas aprobando anteproyectos de presupuestos constituyeron un delito de prevaricación, algo que ahora tumba definitivamente el órgano de garantías constitucional.
Las sentencias que ha emitido en las últimas semanas el Constitucional han ido en la misma dirección, la de estimar de forma total o parcial los recursos de la práctica totalidad de los dirigentes ex socialistas condenados. Incluso la que fuera consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo ha salido de pasar un año y medio en prisión tras serle anulada completamente la pena de cárcel. El caso de la ex ministra Magdalena Álvarez, que fue el primero en ser estudiado y admitido parcialmente por el Constitucional, también vio rebajada su condena y ahora espera que los tribunales de Sevilla adapten una nueva sentencia en función de lo dictado por el TC.