Los reveses de la Guardia Civil al juez Peinado

La Benemérita ha entregado ya dos informes negativos al magistrado, en los que le dice que no ve delito de tráfico de influencias en la conducta de Begoña Gómez

02 de Septiembre de 2024
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Un guardia civil en una imagen de archivo.
Un guardia civil en una imagen de archivo.

Ya son dos los informes de la Guardia Civil que no encuentran indicios del delito de tráfico de influencias en la actuación de Begoña Gómez, según fuentes judiciales citadas por La Sexta. El último atestado fue elaborado el pasado 2 de julio. Y la UCO lo tiene claro. “En base a la información observada en los expedientes, la preparación, inicio, tramitación, licitación adjudicación, formalización y ejecución de los contratos –algunos de ellos vigentes actualmente–, se habrían desarrollado, aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública”, añade el documento.

“Es decir, de nuevo, la UCO no aprecia irregularidades en las dos supuestas operaciones en las que habría influido Begoña Gómez –el rescate a Air Europa y las ayudas a una empresa cuyo propietario había sido profesor de un máster de su cátedra–, pero los agentes no han hallado ningún indicio de tráfico de influencias. Así, la UCO confirma que además de no haber indicios delictivos, tampoco hay irregularidades o anormalidades detectadas de índole administrativo”.

El pasado mes de mayo, la UCO realizó el primer informe sobre las supuestas irregularidades de la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el encargo del juez Juan Carlos Peinado sobre las dos supuestas operaciones en las que habría influido Begoña Gómez. Entonces, el informe se elaboró con lo aportado en la denuncia de la organización ultraderechista Manos Limpias basada en recortes de prensa. Los agentes no hallaron ningún indicio de tráfico de influencias. Además, la Guardia Civil señalaba en su informe que no se encontraron vínculos entre los miembros de la mesa de contratación y Begoña Gómez ni tampoco elementos diferenciadores entre el sistema de valoración en este concurso y en el resto de expedientes. Tampoco identificaron indicios que respaldaran la afirmación de Manos Limpias de que Barrabés “montó” el mencionado máster.

Las diligencias de la Benemérita se están convirtiendo en un muro infranqueable para el juez Peinado, instructor de la causa. Mientras el magistrado presiona a los agentes para que encuentren algo sólido contra la primera dama, algo que sirva para procesarla, los profesionales de este cuerpo policial siguen manteniendo la misma línea de investigación que adoptaron desde que se abrió el procedimiento. No hay nada tangible, no hay ninguna prueba contundente que pueda servir para acusar a Gómez de trafico de influencias y llevarla al banquillo de un tribunal. Los agentes saben que se mueven en un terreno muy delicado y que cualquier error podría costarles el puesto. Por eso, aunque el juez les esté presionando, no van más allá de donde pueden ir. Es decir, no fuerzan el atestado, se limitan a dar cuenta de hasta dónde han llegado las diligencias, sin las especulaciones o elucubraciones legales en las que sí cae, a menudo, el magistrado instructor.

La última actuación de la Benemérita en este asunto, bajo orden judicial, se produjo la pasada semana, cuando varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) registraban la vivienda y una de las empresas de Juan Carlos Barrabés, empresario y profesor del máster que codirigía junto a Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Esta inspección se produce tres días después de que el magistrado reanudase sus testificales tras dar acceso a las partes de la grabación de Sánchez en Moncloa. Fuentes de este cuerpo mostraron sus dudas a Diario16 sobre que la medida sea ajustada a derecho. Existe la posibilidad de que el registro acordado haya sido una medida demasiado dura, drástica o incluso desproporcionada, ya que de momento no hay pruebas de tráfico de influencias contra el industrial Barrabés. Una entrada en domicilio por orden judicial debe estar muy bien fundamentada mediante un auto motivado y siempre que se tengan indicios de que el titular de la vivienda puede estar cometiendo un delito continuado o flagrante. Cualquier juez sabe que autorizar un registro sin causa justificada puede constituir un atentado contra el derecho fundamenal a la inviolabilidad del domicilio, constitucionalmente reconocido. En ese peligroso terreno de arenas movedizas se mueve Peinado, un magistrado que parece haberse dejado llevar por la conspiranoia antisanchista y que por momentos da la sensación de tomar decisiones un tanto kamikazes.   

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