España, junto a otros 31 países, ha firmado, aprovechando la semana de Asamblea General de Naciones Unidas, una declaración conjunta en la que se exige al régimen de Nicolás Maduro una transición de poder democrática. Argentina y Estados Unidos fueron los países responsables de liderar esta iniciativa.
El objetivo es resolver la crisis política venezolana y conseguir una transición de poder democrática, después de que Nicolás Maduro fuera proclamado ganador de los comicios de julio por el ente electoral, a pesar de que aún no ha publicado las actas electorales.
Los 32 países firmantes de la declaración son Argentina, Australia, Austria, Bosnia-Herzegovina, Canadá, Costa Rica, Croacia, Chile, Dinamarca, República Dominicana, Estonia, la Unión Europea, Alemania, Guatemala, Guyana, Hungría, Irlanda, Italia, Kosovo, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Panamá, Perú, Portugal, Eslovenia, España, Suecia, Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos.
La declaración fue refrendada en un encuentro de alto nivel en Nueva York. En el documento también se pide al régimen de Nicolás Maduro el «fin del uso excesivo de la fuerza, de la violencia política y del acoso contra la oposición y la sociedad civil».
Sin embargo, el hecho de que la iniciativa estuviera liderada por el ultraderechista Javier Milei provocó que países como Chile, Brasil, Colombia o México optaran por no formar parte de una iniciativa que no, además, no incorpora a Francia entre las potencias europeas, ni ningún país asiático ni tampoco africano. En consecuencia, la iniciativa tendrá muy poco alcance y una influencia muy limitada. España, por su parte, mantuvo en secreto hasta el último momento si se adhería.
Según se indica en la declaración «es el momento para que los líderes venezolanos comiencen unas discusiones constructivas e inclusivas de cara a una transición con garantías para ambas partes y solucionar así este impasse político y restablecer pacíficamente las instituciones democráticas», concluye el último párrafo del documento.
Además, se indica que los países firmantes siguen «muy preocupados por la generalizada y vigente represión, así como por las violaciones de derechos humanos, abusos y agresiones tras las elecciones […] detenciones arbitrarias (incluidas las de niños), muertes, negación de juicios con garantías, tácticas de intimidación, represión contra miembros de la oposición».