El martes se vota en el Congreso de los Diputados la admisión a trámite la Proposición de Ley orientada para poner fin al fraude en los alquileres de temporada y de habitaciones. El texto fue impulsado por los Sindicatos de Inquilinas de todo el Estado y, según éstos, es una respuesta a la necesidad urgente de limitar la especulación con este tipo de contratos basura del alquiler.
Los alquileres de temporada y de habitaciones se están utilizando para esquivar las obligaciones más básicas de los propietarios en el mercado de alquiler. A pesar de la emergencia social de la escalada de precios y la carencia de protecciones básicas en estos tipos de alquiler, algunos partidos se plantean impedir que la proposición se pueda debatir. Entre ellos, además del PP y Vox, se encuentran algunos socios parlamentarios de Pedro Sánchez.
El sentido de voto de Junts y PNV será clave, y todo apunta a que podrían bloquear la admisión a trámite. Según el Sindicato de Inquilinas, «sería muy difícil de entender que algún partido buscara silenciar el debate sobre este fenómeno en lugar de plantear sus propias propuestas».
En concreto, la propuesta busca modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para conseguirlo. Fue registrada por la facción de izquierdas de los socios de Sánchez: Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos y BNG. En los últimos años, se ha observado cómo muchos propietarios utilizan los alquileres temporales y de habitaciones para esquivar las pocas restricciones a la especulación que marca la Ley Vivienda en ámbitos como las fianzas, la duración de los contratos o los límites de precio. Esto genera una vulneración de derechos de los inquilinos, con expulsiones masivas a quienes se les acaba el contrato para desviar el piso alquilado hacia el mercado de temporada y de alquiler.
Un desastre anunciado
Durante la negociación de la Ley Vivienda, el partido de Pedro Sánchez ignoró los múltiples avisos de los Sindicatos sobre la necesidad de incluir los alquileres de habitaciones y de temporada en todas las regulaciones, con el resultado de una vía libre para los abusos en estos tipos de alquileres.
En las últimas semanas, según ha denunciado el Sindicato de Inquilinas, el Ministerio de Vivienda creó un «grupo de trabajo inoperativo y que pretende simular un falso consenso para implementar reformas cosméticas a este problema. No valen medias tintas: los alquileres temporales y de habitaciones se han convertido en un vacío legal que desestabiliza el mercado y da alas a los fraudes de ley. La única manera de impedir estos abusos es la modificación de la LAU, de forma que quede claro que los propietarios de habitaciones y de viviendas de temporada tienen las mismas obligaciones que los demás».
Los Sindicatos de Inquilinas alertan del riesgo de que este debate quede silenciado y animan a todos los partidos a presentar con transparencia sus propuestas para abordarlo.