Una de las decisiones más rastreras de Pedro Sánchez ha sido el sometimiento de España a los intereses de Marruecos, una decisión que viola claramente el derecho internacional. Esta rendición de Sánchez ha sido tan grave que, desde que la adoptó, no ha dado explicaciones sobre la misma, sólo largas cambiadas en el Congreso cuando compareció para tratar temas de política exterior.
Sin embargo, los organismos internacionales siguen determinando que el Sáhara Occidental está bajo la administración española y que no es un territorio marroquí. El próximo viernes, la Justicia Europea puede dar un nuevo revés a Sánchez y a su amo Mohamed VI. Hay que ver el peligro que tienen los teléfonos móviles.
En concreto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictará sentencia respecto a varios recursos de casación relativos al Frente Polisario presentados por la Comisión Europea y el Consejo que han sido examinados por la Gran Sala. El Frente Polisario impugnó ante el Tribunal General dos decisiones del Consejo de Europa por las que se aprobó la celebración de acuerdos entre la Unión Europea y Marruecos.
Los acuerdos aprobados fueron el resultado de negociaciones llevadas a cabo a raíz de dos sentencias dictadas en 2016 por el TJUE que obligaban a modificar los acuerdos anteriores porque se precisó que el Acuerdo de asociación sólo abarcaba el territorio de Marruecos, y no el Sáhara Occidental, y que ni el Acuerdo de pesca ni su Protocolo de aplicación eran aplicables a las aguas adyacentes al territorio del Sáhara.
Se trataba de celebrar un acuerdo que modificara los Protocolos del Acuerdo Euromediterráneo de asociación, relativos al régimen aplicable a la importación en la Unión Europea de los productos agrícolas originarios de Marruecos y a la definición del concepto de «productos originarios», para hacer extensivo a los productos procedentes del Sáhara Occidental exportados bajo el control de las autoridades aduaneras marroquíes el beneficio de las preferencias arancelarias concedidas a los productos de origen marroquí exportados a la Unión.
Por otra parte, se quería modificar el Acuerdo de Pesca entre la Comunidad Europea y Marruecos y, en particular, incluir en el ámbito de aplicación las aguas adyacentes al territorio del Sáhara Occidental.
El Frente Polisario alegó que los acuerdos se habían aprobado sin el consentimiento del pueblo saharaui y que favorecían la política anexionista de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. El Tribunal General anuló las decisiones impugnadas, decidiendo no obstante que sus efectos se mantuvieran durante un cierto período de tiempo para evitar las graves consecuencias sobre la acción exterior de la UE que podría tener su anulación inmediata.
Si el TJUE decide dar la razón al Frente Polisario, el colaboracionismo de Sánchez con las políticas anexionistas de Marruecos, que en nada se diferencian de las de Vladimir Putin, quedará muy tocado.