Tras la exhumación, a por el Pazo de Meirás
26
de Octubre
de
2019
Actualizado
el
02
de julio
de
2024
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Deuda cumplida, por fin el dictador Francisco Franco ha sido exhumado del Valle de los Caídos y España deja así de hacer el ridículo internacional manteniendo un monumento a la figura de quien maltrató, expolió y destrozó nuestro país durante décadas. No obstante, aunque lo que más visibilidad le daba a la figura de Franco era el mausoleo, el legado que dejó a su familia, fruto de los robos, estafas y fraudes del que “administró” el país bajo la bandera del “aguilucho”, sigue sin resolverse. Tras la exhumación, a por el Pazo de Meirás.Aunque son muchas las propiedades de gran valor las que poseen los Franco, quizás la más controvertida y polémica es el Pazo de Meirás. Residencia veraniega de la familia del caudillo, que llegó a sus manos después de un proceso de abusos a una población sometida al aparato represivo del régimen.La Casa Civil de Franco trabajó 37 años en ir aumentando a cuenta del erario público, las fincas y propiedades de los Franco en Meirás. En una de estas fincas privadas se llegaron a montar negocios del dictador, se construyó un acuartelamiento público en terrenos privados de Franco con el que sus herederos terminaron haciendo caja. Todos los embellecimientos del cierre del Pazo, como las garitas de piedra, las casas y en general todo lo que se ve en la finca donde se ubican las Torres, llegaron a manos de los Franco bien por requisa, bien pagados por el erario público.Por todo lo anterior, y con toda la legitimidad, el Estado español, en el mes de julio, presentó una demanda judicial contra la familia Franco para reclamar la devolución del Pazo de Meirás.El escrito reclama la propiedad del inmueble para el Estado por su forma de adquisición, su administración mediante fondos y personal públicos, y el uso que se le dio durante la dictadura franquista.La familia Franco puso a la venta el Pazo de Meirás, a través de una inmobiliaria cántabra, en la que se oferta el histórico inmueble localizado en el municipio de Sada, por una cantidad de ocho millones de euros, aunque la verdad es que difícilmente se podrá llevar a cabo la operación de compraventa mientras se mantenga en el registro de la propiedad la anotación preventiva de demanda como consecuencia de las acciones ejercitadas por la titularidad del Pazo, medida cautelar que se acordó en el momento en el que se admitió a trámite la demanda de la Abogacía del Estado.
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