El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido un fallo que supone un duro revés para el acuerdo del gobierno italiano, liderado por Giorgia Meloni, con Albania para gestionar solicitudes de asilo fuera del territorio comunitario.
La sentencia determina que la forma en que Italia designa países de origen como "seguros" —clave en el modelo Albania— infringe la normativa europea, al no garantizar protección efectiva para toda la población y carecer de mecanismos transparentes e individualizados de revisión judicial.
El acuerdo firmado entre Italia y Albania en 2023 pretendía instalar centros de detención en territorio albanés para procesar hasta 36,000 migrantes al año recogidos en el mar, especialmente aquellos procedentes de países considerados "seguros" como Egipto o Bangladesh.
Según la normativa italiana, quienes fueran rechazados procedentes de dichos países serían deportados en menos de una semana. Sin embargo, el TJUE estipula que ningún país puede ser declarado seguro para todos sus habitantes si existen grupos vulnerables en riesgo, forzando a Italia a revisar su enfoque y a aportar pruebas accesibles y objetivas sobre la seguridad de cada país.
La decisión judicial llega tras el caso de dos ciudadanos bangladesíes trasladados a Albania, cuyas solicitudes de asilo fueron denegadas con base en la presunción de que su país era seguro. El tribunal europeo no prohíbe los procesos acelerados para migrantes de países realmente seguros, pero exige la posibilidad de impugnación judicial y rechaza la automatización del internamiento sumarísimo de estas personas.
Meloni reacciona
La reacción del gobierno italiano ha sido de confrontación. Meloni acusó al TJUE de "extralimitarse" y de debilitar la soberanía nacional y la capacidad para frenar la inmigración irregular. Sin embargo, organizaciones como Amnesty International y diversas ONG han celebrado la decisión, resaltando que el "modelo Albania" vulnera derechos fundamentales al basarse en detenciones automáticas y procedimientos poco transparentes. Las instalaciones en Albania, además, han sido calificadas de ineficaces y hasta siete veces más costosas que los centros italianos, permaneciendo prácticamente vacías tras meses en funcionamiento.
Consecuencias para los jueces
El fallo europeo implica que los jueces nacionales podrán poner en cuestión la designación gubernamental de países seguros, priorizando el derecho comunitario sobre la ley italiana. Además, la sentencia tiene repercusiones directas sobre futuras políticas migratorias en la UE, ya que la próxima reforma establecerá un listado común de países seguros, pero el control judicial será un requisito imprescindible.
El acuerdo con Albania queda en un limbo legal y su futuro pende de un hilo, mientras Italia y otros países europeos que desean externalizar la gestión de la migración —como Reino Unido— se ven obligados a reconsiderar sus estrategias en cumplimiento de las garantías exigidas por la justicia europea.