Es de esos jueces que dilatan las diligencias para sacar rendimiento mediático como está ocurriendo con otros tantos en este país. Aprendieron la lección de los llamados “jueces estrellas” de finales del siglo pasado. Y son capaces de sacar petróleo de donde no hay. Al titular número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, le acaban de decir bien a las claras sus superiores de la Audiencia Provincial que ya está bien. Que cierre la trama rusa del caso Voloh sí o sí. En otras palabras, que tiene dos alternativas: o archivar la causa o convertirla en procedimiento abreviado para proceder a la apertura de juicio oral. El magistrado había pedido una prórroga de la instrucción en agosto del año pasado al haber concluido el plazo legal de las investigaciones. Sus superiores le han dicho que no tiene motivos para seguir prorrogando el asunto. Le critican que haya convertido la pieza separada de la presunta relación del servicio de espionaje ruso con el procès en “una pieza común o pieza madre de la que dimanarían el resto de piezas separadas”. En la instrucción sobre la trama rusa el juez ha aprovechado para “ventilar cuestiones y recursos que afectaban a personas o hechos distintos de los que inicialmente motivaron su incoación”. El material investigado por la policía sirvió, por ejemplo, para nutrir causas como la de Tsunami Democràtic, que investiga la Audiencia Nacional.
La Audiencia de Barcelona cree que la prórroga “no se ajustó a la ley”. Por lo tanto, la invalida y todas las actuaciones llevadas a cabo desde agosto pasado quedan invalidadas. La presunta “trama rusa” del procès se investigó en una pieza separada del caso Voloh, la número 2. Las investigaciones judiciales han sido prorrogadas de varias ocasiones, aunque sin apenas actuaciones por parte del juez. En ella están investigados Carles Puigdemont, el jefe de su oficina en Waterloo, Josep Lluís Alay, el exresponsable de relaciones exteriores de la antigua Convergència, Víctor Terradellas, y el informático Jaume Cabaní. Ahora, el juez deberá decidir, con las escasas pruebas obtenidas, si archiva la pieza separada o la convierte en procedimiento abreviado para que se dicte la apertura de juicio oral.
La mayoría de los expertos creen que el asunto tiene escaso recorrido. Las conversaciones de Terradellas, un personaje que ha sido muy criticado por sus inclinaciones a fantasear con los espionajes es lo único con que se cuenta. Los responsables del CNI ya han manifestado en sede judicial que no hay indicios que hagan pensar en que el servicio de espionaje ruso se introdujo en la estructura independentista catalana. Incluso se llegó a decir que el Kremlin estaba dispuesto a enviar 10.000 soldados a Catalunya en caso de conflicto con el Estado español. Además, si el juez ya no puede seguir con las indagaciones, lo más probable es que cierre el asunto que es uno de los que han generado mayores controversias a la hora de aplicar la amnistía.
Carles Puigdemont puede ser amnistiado por casi todas las causas que tiene pendientes con la justicia española menos dos de ellas: Tsunami Democràtic, que se encuentra en el Tribunal Supremo y en el que se le acusa de terrorismo, y las piezas separadas del Voloh donde, además de las posibles relaciones con el Kremlin, se intenta esclarecer el destino de los fondos que se han desviado de los presupuestos de la Generalitat para hacer frente a lo que se llama “la trama exterior del procès”. Existen indicios solventes de que parte de ese dinero sirve para sufragar los gastos de la llamada “Casa de la República”, la sede del expresident en la localidad belga de Waterloo.
Una de las cosas que más se critica al juez Aguirre es que el material que ha utilizado en esta instrucción, procedente de las investigaciones policiales, al final ha acabado para sustentar otros sumarios como es el de Tsunami Democràtic en la Audiencia Nacional. En otras palabras, que se están duplicando recursos materiales y humanos por la falta de coordinación entre los jueces y, lo más seguro, por el afán de protagonismo de los titulares de esta instrucción.
En la Audiencia Nacional, es el juez Manuel García Castellón el que, utilizando los datos que obran en poder del juzgado número 1 de Barcelona, ha aprovechado para abrir una causa que ha terminado con varios imputados, entre ellos Puigdemont, en el Supremo debido a su aforamiento, bien como miembros del Parlamento de Catalunya o bien como eurodiputados. El sumario abierto por García Castellón ha provocado una grieta en la ley de amnistía porque el juez considera que existen suficientes indicios de que en las protestas por las sentencias del procès se cometieron actos terroristas. Se basa en la muerte de un ciudadano francés a escasos metros de donde se produjo un bloqueo en la terminal del aeropuerto de El Prat. Pero ni los informes de los mossos que levantaron el atestado, ni la resolución de la jueza de instrucción de L`Hospitalet que llevó a cabo las oportunas diligencias judiciales, ni los historiales clínicos del servicio de urgencias que atendió a este ciudadano han podido establecer una relación entre los sucesos ocurridos en el aeropuerto y el fallecimiento por un infarto de miocardio. Toda esa documentación obraba en poder del juez Aguirre quien se la trasladó a García Castellón. A este le ha servido para apuntar directamente a la línea de flotación de la ley de amnistía logrando ganar una batalla que perdió la derecha en el parlamento: que existan dudas sobre la aplicación de la medida de gracia sobre todo a Marta Rovira y Carles Puigdemont. Se dice que es cuestión de tiempo, que cuando el Caso Tsunami decaiga, los investigados se beneficiarán del perdón.
Los superiores de Aguirre, además, han mirado para otro lado en torno a la entrevista que efectuó a la televisión pública alemana sobre el asunto de las relaciones de los dirigentes soberanistas con el Kremlin, un tema muy sensible en el oficialismo alemán como consecuencia del conflicto con Ucrania. Pero donde han dicho basta es en esa idea del magistrado de tener la instrucción paralizada y pidiendo prórrogas para mantenerla abierta. El titular número 1 de Barcelona ya no le queda más alternativa que cerrar la instrucción. Ya no podrá seguir hablando de la “trama rusa del procès”, algo de lo que le encanta hablar.
