El supuesto “golpe de estado judicial”, presuntamente maquinado desde la plaza de la Villa de París, es evidente desde los ojos de la izquierda y, en este año que comienza, su objetivo está claro. Hay que acabar como sea con el presidente Pedro Sánchez. No lo van a lograr derribando la ley de amnistía que, tarde o temprano, será avalada por el Tribunal Constitucional o por la justicia europea. Tampoco les va a servir de nada utilizar la caja de resonancia de los bulos inventados por el asesor áulico de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Tampoco va a servir de nada esa payasada que es la investigación contra la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, ni la del hermano del presidente en Badajoz, ni las decenas de instrucciones paralizadas presentadas por la izquierda contra las reprobables acciones llevadas a cabo durante el gobierno de Mariano Rajoy. La derecha judicial va a hacer lo imposible para quemar al gobierno progresista. Incluso si hace falta con la complicidad de su bestia negra, el prófugo Carles Puigdemont, al que están dispuestos a perdonar “por la puerta de atrás” si apoya a Alberto Núñez Feijóo para que eche a patadas al legítimo inquilino de la Moncloa. Los jueces están dispuestos a todo. Nunca se vio tanta manipulación legal para lograr su objetivo.
El primer examen de la actuación judicial se comprobará dentro de unos días cuando comparezca Miguel Ángel Rodríguez ante el juez del Supremo que instruye la causa por revelación de secretos contra García Ortiz. El periódico El País ha dado a conocer una serie de documentos que prueban que tanto Ayuso como Rodríguez desinformaron sobre los hechos y filtraron uno de los cinco documentos, supuestamente confidenciales, a los medios de comunicación. Las declaraciones públicas de la presidenta o las filtraciones de su jefe de gabinete estaban relacionadas con esas cinco comunicaciones por correo electrónico entre el abogado de González Amador y la fiscalía de delitos económicos de Madrid para tratar sobre una propuesta de acuerdo que evitara la entrada en prisión de González Amador. Ayuso y Rodríguez difundieron una información tergiversada sobre hechos que sólo podían conocer a través de esas comunicaciones confidenciales. Veremos cómo reacciona el magistrado, Ángel Hurtado, muy respetado entre sus compañeros pero que tiene el borrón de haber sido apartado del juicio de la Gürtel por su rechazo a procesar al PP por haberse beneficiado “a título lucrativo” de la trama de corrupción.
La sala de Lo Penal, cuyo presidente ya no es el ultraconservador Manuel Marchena, sigue en sus trece. No va a amnistiar a los líderes del procès porque consideran que la ley que tienen que aplicar no perdona la malversación que ellos interpretan que cometieron. Ahora todo depende del Tribunal Constitucional y del TJUE. Esta última instancia, conociendo a los jueces de la plaza de la Villa de París, puede acabar por emitir un dictamen testimonial. No será la primera vez que hacen caso omiso a una instancia que es superior jerárquicamente hablando. Pero el Constitucional es otra cosa. Se está presionando a la corte de garantías para que se pronuncie, pero el problema es que no sólo hay que discutir los recursos de amparo presentados por los líderes independentistas sino también el del PP y los de las comunidades autónomas que, al final, han sido admitidos a trámite. Demasiada tarea para resolver un asunto que requiere de urgencia políticamente hablando ya que del mismo depende la posibilidad de que Puigdemont y los suyos vuelvan a apoyar parlamentariamente al gobierno progresista. Aquí, la batalla la tienen ganada los ultras de la sala de Lo Penal del Supremo, lo que verdaderamente les interesa. Cuanto mas tarde se resuelvan esos recursos más desgaste para Pedro Sánchez y su gobierno.
Un desgaste que el juez de instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, el padre de una concejala del PP del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, está logrando. Porque si a Sánchez hay algo que le duele personalmente es que impliquen a su familia en la gestión que lleva a cabo. Al presidente no le preocupa lo que está sucediendo en torno al caso Koldo, ni que el que fue su mas estrecho colaborador, José Luis Ábalos, esté a punto de ser procesado. En Moncloa están tranquilos porque creen que han actuado con total coherencia, apartando del partido a una persona que se negó a dejar su acta de diputado con la debilidad parlamentaria que ello supone. Pero la causa va a seguir y los jueces están convencidos de que acabará por salpicar al gobierno de izquierdas dañando su credibilidad.
Hay algo que preocupa mucho más que todo esto. Son las amenazas de Núñez Feijóo que dice que “lo peor está por venir”. En el Partido Popular presumen de tener muy buena comunicación con los jueces y éstos no se cortan a la hora de insultar. Y si no que se lo digan al titular del juzgado mercantil número 11 de Madrid, Manuel Ruiz de Lara, que, lejos de cortarse, se ha envalentonado tras haber llamado a Pedro Sánchez “psicópata sin escrúpulos” sin haber sido sancionado por el CGPJ. Ahora ha llamado a su mujer en redes sociales “barbigoña” lo que ha provocado una protesta de los socialistas. El órgano de gobierno de los jueces le abrirá, con toda probabilidad, un nuevo expediente cuyo instructor será el mismo que anteriormente le exculpó “porque no lo dijo en su condición de magistrado”.
Puestos a mirar para otro lado, ahí están las decenas de denuncias presentadas por la izquierda contra las acusaciones de las organizaciones de la extrema derecha que han presentado denuncias falsas contra sus dirigentes acusándoles de financiación ilícita. Las actividades de la policía política de Rajoy, lejos de ser sancionadas penalmente, están siendo archivadas.
2025 es el año que los jueces podrían tener supuestamente señalado en el calendario para intentar derribar a Pedro Sánchez. Pero no va a ser así según la caverna mediática que se encarga de justificar sus actuaciones. No hay “lawfare” ni persecución judicial contra el gobierno y la izquierda. Y todos deberíamos recordar la famosa frase del juez Carlos Lesmes que fue presidente del CGPJ y cometió las mayores barbaridades al designar a los magistrados del Supremo. Lesmes dijo que “los jueces están a favor del PP”. Más claro el agua.