Fue elegida porque no quedaba mas remedio. Ni progresistas ni conservadores se ponían de acuerdo a la hora de designar al presidente del renovado Consejo General del Poder Judicial que, a su vez, sería el titular del Tribunal Supremo. Se buscó una solución de compromiso que recayó en una persona con fama de negociadora. Isabel Perelló no ha resuelto los problemas que afectan a los jueces de este país. De momento, sólo ha logrado acordar, con un consejo bipolarizado radicalmente, los nombramientos de titulares de las instancias de segundo orden. Pero quedan los más importantes. Ha dado un ultimátum. Los vocales del CGPJ deben llegar a un acuerdo inmediato para consensuar los nombramientos de los presidentes de sala del Supremo mas relevantes, los que tienen más importancia a nivel mediático, los de Lo Penal y Lo Contencioso Administrativo del TS. Sigue sin haber acuerdo. Y, además, a Perelló se le echan encima otros asuntos espinosos: el amparo pedido por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la actuación del instructor de su causa en el Supremo, Ángel Hurtado, la queja de los defensores en el asunto de la instrucción del caso Begoña Gómez, y el escrito de los periodistas imputados en el juzgado número 20 de Madrid por revelación de secretos.
Y con todo lo que se la viene encima, a Perelló lo único que se le ocurre es pedir al ministerio de Justicia más medios para poner en marcha la reforma prevista en la ley de eficiencia del servicio público de la administración de justicia porque cree que con los actuales será imposible poner en marcha los tribunales de instancia. A la presidenta del Consejo General del Poder Judicial le viene grande el cargo. Como titular del Supremo es incapaz de parar la ofensiva de los jueces conservadores contra el gobierno de izquierdas. Y eso que públicamente se la considera cercana a la ideología progresista.
Es posible, pero puede más su talante dialogante. El problema reside en que los vocales conservadores del consejo no pasan ni una. Y aquí ocurre lo que viene denunciando Diario16+. El acuerdo al que llegaron el Partido Popular y el PSOE en junio del año pasado sólo sirvió para renovar un consejo cuyo mandato llevaba caducado cinco años. Y nada más. Porque el reparto de vocalías igualó las tendencias en una situación política y social polarizada. Se puede decir que las posiciones han logrado alcanzar acuerdos que han permitido la unanimidad en algunas resoluciones, pero en las más importantes, como es el informe para la reforma del sistema de elección que debería entrar en vigor en 2029 cuando el mandato del actual consejo caduque, no ha habido manera de ponerse de acuerdo. Los conservadores insisten en que deben ser los jueces los que elijan, mediante elecciones directas, a sus representantes en su órgano de gobierno, y los progresistas mantienen el actual sistema.
Pero es que, además, al CGPJ le viene algo todavía mucho mas importante. Los jueces que quieren dilucidar si tienen derecho a acudir al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea para recurrir decisiones del Tribunal Constitucional, van a pedir amparo a su órgano de gobierno lo que implicará tener que pronunciarse sobre un asunto controvertido porque, en ello, está en juego el prestigio como jurista del icono de la izquierda judicial, el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido.
El Consejo General del Poder Judicial ha mirado para otro lado en este y otros asuntos relevantes como es la denuncia contra el juez Juan Carlos Peinado, titular del 41 de Madrid. La comisión disciplinaria del CGPJ ni siquiera ha procedido a abrir el correspondiente expediente. No ya el disciplinario, sino el informativo. Se han presentado quejas importantes contra la actuación del instructor del Supremo, Ángel Hurtado, en el asunto de la revelación de secretos que imputa al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscala provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. De momento, el órgano de gobierno de los jueces examina, casi por obligación, las resoluciones de la sala de Apelaciones que dice, con escasos fundamentos jurídicos, que rechazan los recursos presentados contra las actuaciones de la Guardia Civil en torno a los teléfonos móviles de los imputados argumentando que “si García Ortiz no hubiese procedido a borrar los mensajes” el recurso habría tenido cierta consistencia. La corte suprema se olvida del derecho a la privacidad de los ciudadanos que está recogido en la Constitución. Normal si tenemos en cuenta que los magistrados de la instancia superior no tienen en cuenta los testimonios de los periodistas interrogados por Hurtado en los que han dejado claro que recibieron los correos del abogado de González Amador mucho antes de la fecha de autos que se investiga.
Es lo que, un día, el que fuera presidente de la sala de Lo Penal de la Audiencia Nacional, Siro García, calificó de “lógica judicial” que nada tiene que ver con la de la ciudadanía. Perelló es jueza. Por ese motivo entiende mejor el concepto. Pero habría que recordarla que es la titular de un organismo “político”, que es elegido en el Congreso de los Diputados por las formaciones representativas de la soberanía popular. Y, hoy por hoy, y mientras no se cambie este sistema, no hay mas remedio que llamarlo como lo que es, una institución política. Nadie cuestiona la necesidad de modificar este sistema que está en manos de los partidos con representación mayoritaria en el parlamento. Pero mientras exista el actual, a Perelló la toca lidiar con un organismo dividido y polarizado. Para eso se la designó. Y no basta con sacar adelante los nombramientos judiciales de segundo orden. Está en juego mucho más. La democratización del poder judicial, entre otras cosas.