La Abogacía del Estado ha asumido la defensa del subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, investigado en el llamado “Caso Koldo” lo que puede ser incompatible porque a Gómez se le imputa un delito de tráfico de influencias ya que, según un informe de la Guardia Civil, presionó para que se concedieran contratos de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión sobre la que se centran las pesquisas judiciales. Y este es un servicio público incompatible, por principio, con la asistencia a la actividad privada de una persona por muy alto cargo que sea. Pero es que, además, hay otro obstáculo. Aunque todavía no se ha personado, la Abogacía del Estado lo puede hacer en el procedimiento en cualquier momento porque se maneja la posibilidad de incluir el fraude a la hacienda pública en las acusaciones lo cual generaría un choque de intereses. Por un lado, defendiendo a un imputado y, por otra, acusándole de delito fiscal. Y aunque se recuerde el principio de presunción de inocencia hay que tener en cuenta que ya ha sido cesado el exsecretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, nada más estallar el caso y que, junto a Gómez, está investigado también el director general de gestión de personas de Adif, Michaux Miranda.
Afortunadamente, el caso Koldo ya no es objeto de ataques por parte del PP que ha preferido centrar sus esfuerzos en las actividades de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, investigada por el juez de Madrid, Juan Carlos Peinado, con escasos resultados. La fiscalía europea reclamó la causa cuyas diligencias tramita el juez Ismael Moreno, titular del juzgado número 2 de la Audiencia Nacional. El Tribunal Supremo ha decidido que el caso siga en manos de esta instancia. Una vez resuelta la competencia, el magistrado ha reactivado las actuaciones previstas, entre otras los interrogatorios a los investigados. En concreto, el 9 de septiembre deberá presentarse el subsecretario de transportes, Jesús Manuel Gómez, que será asistido por el abogado del Estado.
El fiscal anticorrupción, Alejandro Cabaleiro, ha enviado un escrito al juez señalándole que no se opone a que el subsecretario elija la defensa que considere oportuna, pero advierte del choque de intereses en el que podrían incurrir a futuro los servicios jurídicos del Estado. “Si bien actualmente no ha sido interesada la personación de la Abogacía del Estado como acusación particular ante el eventual delito contra la hacienda pública, a efectos de evitar intereses contrapuestos de conformidad con el artículo 5 de la ley de Asistencia Jurídica del Estado e Instituciones Públicas, se ha de dejar constancia de la posible incompatibilidad de asumir en el mismo procedimiento la doble condición de acusación y defensa a los efectos oportunos”, indica el representante del ministerio público en la causa.
Aunque la Agencia Tributaria no ha abierto expediente alguno sobre estas adjudicaciones de mascarillas durante la pandemia, lo cierto es que el volumen de negocio asciende a casi 52 millones de euros, una cantidad estimable que pudo ser objeto de fraude fiscal al no haber sido declarada correctamente. Y más todavía si se demuestra que parte de ese dinero se destinó al pago de comisiones. El subsecretario del ministerio de Transportes no ha sido acusado de haber recibido dinero, sólo de haber ejercido presiones en su condición. El fiscal se basa en los correos intervenidos a Gómez en los cuales "parece ejercer comocorrea de transmisión entre la esfera próxima del ministro y los entes adjudicadores". Pero no va más lejos, lo que juega a su favor en el tipo de defensa que ha solicitado.
Lo que ocurre es que la fiscalía ha ampliado las conductas presuntamente cometidas por los investigados. Los ocho contratos adjudicados por diferentes entes de la administración pública están relacionados con una trama que habría pagado comisiones, entre otros al que fue asistente del ministro José Luis Ábalos, Koldo García, el personaje sobre el que giran todas esas actividades. De ahí que el ministerio público les impute delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y el más relevante de todos ellos, contra la hacienda pública.
Si después de los interrogatorios se confirman estas peticiones del fiscal, la abogacía del Estado debería personarse como representante de la Agencia Tributaria. Entonces es cuando puede incurrir la incompatibilidad a la que se refiere Álvaro Cabaleiro. No existen precedentes jurídicos en el ámbito penal de un letrado ejerciendo de acusador y a su vez defensor.
Pero es que, además, se corre el riesgo de que se llegue a cuestionar la independencia de una institución que juega un importante papel en la judicatura como es el servicio jurídico del Estado que últimamente ha perdido credibilidad por asumir instrucciones que cuestionan su independencia, o pronunciarse activamente en contra de la amnistía a los líderes independentistas catalanes. Y, ahora, encima, se les ordena la defensa de un imputado que es alto cargo de la administración central pero cuya conducta que examina el juez se encuentra circunscrita al ámbito personal. Una de las competencias de la Abogacía General del Estado, según el decreto del ministerio de la Presidencia de 2022 que regula su funcionamiento, es “la representación y defensa en juicio de las comunidades autónomas, de las corporaciones locales y de las entidades que integran el sector público institucional autonómico y local, ante cualesquiera jurisdicciones y órdenes jurisdiccionales, cuando se haya celebrado convenio de asistencia jurídica con ese objeto”. Pero nunca se refiere a una persona de la administración por actividades que no tienen que ver con su cometido.
Lo único que le falta a la estructura judicial de este país, ya de por sí bastante desprestigiada por las polémicas actuaciones de jueces y fiscales, es que se empiece a cuestionar la labor de los abogados del Estado. Este colectivo siempre ha presumido de su independencia delresto de poderes públicos, aunque hay que reconocer que muchos de ellos han traspasado la línea que les separa de la acción política acabando por ser diputados, senadores y miembros de las direcciones de los partidos políticos, generalmente de la derecha.