Un juez no puede investigar más allá de los hechos denunciados. Desgraciadamente, en el sistema jurídico español no se contemplan las macro investigaciones. Es lo que le está pasando al magistrado del Supremo, Leopoldo Puente, quien está llevando a cabo una impecable instrucción en el caso Ábalos, pero no puede llegar más lejos de lo que señala la legislación, los hechos concretos. Y ello es frustrante porque la sociedad coincide en que no se acabará con la corrupción en la política mientras no se meta mano a las empresas que sobornan para lograr su objetivo, la concesión de la obra pública sorteando la ley que obliga a someterse a concurso. Acciona se encuentra en el punto de mira, pero otras están bajo sospecha, Ferrovial, Sacyr y Servinabar. Además, el informe de la UCO señala, sin citar sus nombres, a otras cuatro empresas más que mantenían deudas con el grupo de Cerdán, Ábalos y Koldo García, por un importe superior a 400.000 euros en concepto de comisiones. Se sabe que al menos dos de las empresas investigadas tienen sede en Navarra, otra en Granada y una en Valencia.
El sistema para obtener las “mordidas” es tan viejo como la democracia. La fórmula es la constitución de una UTE, Unión Temporal de Empresas, que obtiene la concesión de la obra pública. En esa UTE siempre aparece una pequeña sociedad que no tiene actividad alguna. Con un administrador único y sin personal. Y mucho menos participa en la ejecución del proyecto. Pero tiene ingresos. Su administrador es un testaferro de los verdaderos destinatarios de las comisiones ilegales quienes, desde la administración, se encargan de amañar el concurso. En las conversaciones filtradas por la UCO aparece una de esas concesiones como la obsesión de Santos Cerdán, las obras del puente del centenario de Sevilla por importe inicial de 71,4 millones que luego se amplió a 102,8 millones. Pero hay más. Las otras cuatro obras de las que el juez Puente ha reclamado información se ubican en Logroño (La Rioja), por 92,4 millones de euros; Asturias, por 7,3 millones; Teruel, por 5,7 millones; y en la autovía A-12, en el tramo entre La Rioja y Burgos, por 72,4 millones
El problema tiene mayor calado porque además de las constructoras que participan en las actuaciones delictivas intervienen muchas otras instituciones. La corrupción se ha convertido en un arma política que utiliza la oposición para acabar con la izquierda muchas veces con la complicidad de los propios investigadores. Todavía están por esclarecer las informaciones en las cuales se asegura que un dirigente del Partido Popular, Miguel Tellado, ofreció a Koldo García dinero e inmunidad a cambio de que grabase esas conversaciones que ha hecho públicas la UCO, En una de ellas se desvela que el exasesor del ministro Ábalos estuvo cobrando un sueldo de 1.025 euros durante cuatro meses del alto cargo del PP, Jacobo Pombo, actual presidente del Global Youth Leadership Fórum, encuentro internacional de jóvenes líderes que se celebra en Santander, en el que participan importantes políticos y empresarios. Fue asesor del Ayuntamiento de Madrid y dirigente de Nuevas Generaciones. Pombo aparece, también, en el sumario que se investiga en la Audiencia Nacional al estar relacionado con el cobro de comisiones en la adjudicación de contratos para la compra de mascarillas durante la crisis sanitaria del COVID-19.
Habría que analizar, punto por punto, no sólo a las empresas que se dejaron sobornar sino también a los agentes que están interviniendo en esta cacería que, por encima de la estrategia de acabar con el gobierno socialista, está socavando los cimientos de la democracia. La UCO, Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, está bajo sospecha por haber filtrado documentación de las investigaciones de manera sesgada. Difunde lo que interesa y a quien interesa. Hay quien subraya la celeridad con que se filtran algunas de las investigaciones, que contrasta con las de la Gürtel cuya difusión aplazaban celosamente. Algunos aseguran que las famosas conversaciones grabadas por Koldo García que están saliendo a la luz pública ya estaban en poder de los dirigentes de Génova con anterioridad y que sirvieron de base a los asesores de Núñez Feijóo para preparar su estrategia de acoso y derribo al gobierno progresista. Es más, hay fuentes que aseguran que fueron personas próximas al presidente del PP las que avisaron a las constructoras que figuraban en la trama de la que se avecinaba.
Hay que tener en cuenta, de todas maneras, que los agentes de la guardia civil intervienen en calidad de policía judicial por orden del instructor y las circunstancias que pueden rodear a las pesquisas que llevan a cabo dependen de muchos factores. Habitualmente sus informes se entregan al juez quien los incorpora al sumario, y esa documentación está a disposición de las partes incorporadas a las diligencias que las filtran a los medios de comunicación afines los cuales se encargan de manipularlas a su conveniencia.
Este es el otro factor clave en la lucha contra la corrupción. En el caso Ábalos que instruye el juez Puente, el Partido Popular coordina a las acusaciones particulares por lo que es la formación conservadora la que accede primero a la documentación. Pero, además, están personadas asociaciones vinculadas a la extrema derecha, incluso Vox directamente, que abusan de su condición para generar el actual clima de crispación. Por eso es necesario más que nunca limitar esas personaciones, tal y como se refleja en la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, la Lecrim, intentando mantenerse dentro de los límites establecidos en la Constitución que protege la participación popular en la justicia a pesar de que en los países de nuestro entorno no existe tal posibilidad. Interviene el ministerio público y, todo lo más, las personas físicas o jurídicas que se sienten perjudicadas.
Para acabar con la lacra de la corrupción es necesario apuntar a los actores aquí señalados. Hay que perseguir a las empresas que se dejan sobornar y poner en marcha la propuesta de Yolanda Díaz: la sociedad que participe en casos de corrupción no podrá acceder a concursos públicos ni obtener subvenciones durante un tiempo determinado. Hay que prohibir el acceso de los partidos políticos y asociaciones vinculadas a los sumarios, y los jueces han de tener extremo cuidado con las pesquisas que llevan a cabo las diversas policías judiciales para evitar el sesgo.
Es una forma de profundizar en la erradicación de la corrupción. No basta con sancionar a los que cometen este tipo de fechorías, hay que meter mano, también, a sus cómplices y a aquellos que les jalean para sacar provecho de la situación. Eso, a corto plazo. Para más adelante, cuando las cosas se hayan normalizado habrá que llevar a cabo profundas reformas estructurales en la legislación que regula la concesión de obra pública.