La mayoría de la ciudadanía no sabe a qué administración debe reclamar por la sanidad, el transporte, la educación o los impuestos. Esta confusión estructural no es solo fruto de la complejidad del Estado, sino también de una falta de educación cívica, transparencia institucional y voluntad política. Sin ese conocimiento básico, la democracia se vuelve vulnerable y opaca.
La inmensa mayoría de la población no tiene claro qué administración es responsable de qué servicios. La confusión es tal que se reclama al Gobierno central por asuntos municipales o se culpa a los ayuntamientos de decisiones autonómicas. Esta desinformación generalizada impide ejercer un control efectivo sobre los representantes públicos.
No se puede exigir responsabilidades si no se sabe a quién corresponde la acción o la omisión. Y esto tiene consecuencias: se diluye la rendición de cuentas, se favorecen discursos simplistas y se generan frustraciones que alimentan el desapego hacia la política y las instituciones.
La política se convierte entonces en un espacio opaco, donde los errores se camuflan y los logros se apropian sin mérito real. Los distintos niveles de gobierno pueden esconderse tras la ignorancia ciudadana, señalando al “otro” cuando surgen los problemas. El juego de la confusión se convierte en una estrategia política.
Educación cívica y transparencia
Uno de los grandes déficits estructurales de la democracia es la falta de una educación cívica real, crítica y funcional. Los ciudadanos no reciben en la escuela, ni más tarde, formación suficiente sobre el funcionamiento institucional del Estado ni sobre el reparto competencial entre administraciones.
No basta con conocer la Constitución en abstracto. La ciudadanía necesita herramientas prácticas para identificar qué administración gestiona la sanidad, cuál tiene competencias sobre la vivienda, o quién decide sobre el transporte público en su territorio. Esa alfabetización cívica permitiría entender que muchas competencias están transferidas a las comunidades autónomas, que otras siguen siendo estatales, y que los ayuntamientos tienen funciones específicas aunque limitadas.
A ello se suma una falta de voluntad pedagógica por parte de las instituciones públicas. Las webs oficiales suelen estar plagadas de tecnicismos, siglas y estructuras poco intuitivas. No basta con “publicar” información: es necesario comunicarla, explicarla y contextualizarla en lenguaje ciudadano.
Informar para empoderar
El papel de los medios de comunicación es clave en este contexto. Con frecuencia, las noticias informan sobre decisiones políticas sin especificar qué nivel institucional es el responsable. Esto no solo contribuye al caos informativo, sino que perpetúa la idea de que “todo lo decide el Gobierno”, sin matices ni distinciones.
Una cobertura rigurosa debe aclarar siempre quién toma las decisiones, con qué competencias y con qué recursos. Solo así se puede generar una ciudadanía crítica, capaz de evaluar a sus representantes en función de sus responsabilidades reales. Informar con precisión es una forma de empoderar. Explicar qué institución gestiona qué políticas es tan importante como contar el resultado de una elección o el contenido de una ley. Sin esa claridad, el sistema democrático se convierte en un mecanismo sin control social.
Combatir la ignorancia sobre las competencias administrativas no es un asunto menor ni técnico: es una cuestión de salud democrática. No se puede participar activamente en un sistema que no se comprende. No se puede votar con criterio, protestar con eficacia o exigir derechos si no se sabe a quién dirigirse.
Reforzar la educación cívica, fomentar la transparencia institucional y exigir un periodismo comprometido con la claridad son tareas urgentes. Una ciudadanía informada no solo es más libre, sino también más poderosa.