Víctor de Aldama está imputado en tres juzgados se supone que por causas diferentes. En el central número 2 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Ismael Moreno, se instruye el caso Koldo, también conocido como caso Mascarillas, salvo en la parte referida al diputado y exministro José Luis Ábalos que llevan en la sala de Lo Penal del Tribunal Supremo donde el comisionista ha tenido que declarar.
En el juzgado número 5 de Santiago Pedraz se investiga una red de fraude del IVA en la compra y venta de hidrocarburos. Nada que ver con lo que se dilucida en las otras dos instancias. Pero ya resulta altamente sospechoso que las manifestaciones de Aldama ante el juez Moreno hayan servido para que Pedraz, que dictó orden de prisión provisional por entender que existe riesgo de fuga, lo haya dejado en libertad.
Y ahora resulta que ha sido el titular número 5 el que ha ordenado a la Guardia Civil el volcado de su teléfono móvil cuando los datos que pueden encontrarse tendrán que ver más con los otros dos juzgados que con la red de fraude. No se sabe bien a qué juegan los dos jueces de la Audiencia Nacional pero lo que sí parece cierto es que sus actuaciones se solapan. Convendría saber lo que piensan sus superiores de la sala de Lo Penal porque, según los expertos, lo que debería hacerse es concentrar las piezas separadas en un solo juzgado. Pero aquí puede entrar, otra vez, los egos de los magistrados.
La causa de los hidrocarburos se encuentra bajo secreto pero sí se sabe que la excarcelación de Aldama y de su socio, Claudio Rivas, no ha impedido al magistrado continuar con las pesquisas para determinar dónde fue a parar el dinero que se sospecha que el empresario implicado en las dos tramas oculta en el extranjero con la ayuda de distintos testaferros, entre los que, según los investigadores, destaca su "hombre fuerte", Luis Alberto Escolano, detenido durante los registros que se produjeron este lunes en distintas provincias y que esperará en libertad a ser interrogado. Escolano es uno de los socios de Aldama que participaban en el grupo de WhatsApp denominado "los mosqueteros". Pagó parte del piso de Jésica, la amiga de José Luis Ábalos, en la Torre Madrid. La Guardia Civil cree que Aldama ha sacado su patrimonio de España con ayuda de Escolano, pero también de Ignacio Diaz Tapa, Javier Serrano Costumero y César Moreno García, todos ellos considerados testaferros.
Aldama dice que, en las conversaciones guardadas de ese grupo de WhatsApp, están las tan traídas y llevadas “pruebas” de las acusaciones efectuadas ante el juez Moreno y confirmadas en el Supremo. Si en el volcado se confirman, acabarán en poder de Pedraz cuando, en realidad su destino debería ser el juzgado central número 2 y la sala de Lo Penal del TS, las instancias donde se interrogó al comisionista. Se supone que en esas conversaciones saldrán a relucir los pagos que, según él, efectuó a Koldo, Ábalos, Ángel Víctor Torres y Carlos Moreno, el jefe de gabinete de María Jesús Montero, además de las comisiones que tuvo que desembolsar para lograr concesiones en sus negocios. La forma en que se transmiten telefónicamente esas pruebas se desconoce, pero si existen se sabrá mediante el volcado que deberá llevar a cabo la UCO de la Guardia Civil.
Todas esas averiguaciones acabarán en el sumario del juez Pedraz. Su colega, Ismael Moreno, las va a reclamar por entender que no tienen nada que ver con el fraude de los hidrocarburos y sí con el de las mascarillas. Y, mientras tanto, el instructor del Supremo, Leopoldo Puente, se muestra perplejo al comprobar como cada uno de los jueces de la AN se solapan las averiguaciones que están relacionadas con la investigación que lleva a cabo contra el aforado José Luis Ábalos.
Todo un galimatías que puede acabar colapsando las investigaciones. No es la primera vez que ocurre. En varias ocasiones las interferencias entre los instructores han obligado a la sala de Lo Penal de la Audiencia Nacional a intervenir. La más sonada de ellas fue la reclamación que hizo García Castellón, cuando instruía el Caso Banesto, sobre Argentia Trust, un asunto que investigaba el titular del juzgado número 3, Miguel Moreiras. Se generó cierto conflicto de competencias porque García Castellón entonces era juez de refuerzo de Moreiras. Este, al final, convirtió la pieza en procedimiento abreviado y el juicio de Argentia Trust fue el preludio de lo que pasaría unos meses después con el del caso Banesto.
En otras ocasiones, los roces entre los entonces instructores Javier Gómez de Liaño y Baltasar Garzón tuvieron gran relevancia. Cada uno de ellos reclamaba los sumarios que instruía el otro y viceversa. Ahora puede ocurrir lo mismo entre Ismael Moreno y Santiago Pedraz. Este último intenta recuperar el terreno profesional que ha perdido sobre todo después de que el Supremo le haya anulado una de sus instrucciones más relevantes, la del caso Ausbanc, absolviendo a sus dos principales imputados, Luis Pineda y Miguel Bernard.
La investigación del fraude de los hidrocarburos puede hacer recuperar el prestigio a Santiago Pedraz, pero deberá tomar precauciones para no entrar en el terreno de las otras causas abiertas sobre la llamada trama de las mascarillas. Porque si lo hace puede provocar un serio colapso en las instrucciones que pondría fin a unas diligencias complicadas y que requieren del mayor rigor posible.