Se ha convertido en el paradigma de la bipolarización que de la sociedad se ha trasladado a la carrera fiscal. A la hora de revelar su componente ideológico conservador gana a sus colegas Salvador Viada, Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza que se han convertido en los líderes de la contestación contra lo que ellos llaman “injerencias políticas del gobierno en la fiscalía” y, al mismo tiempo exigen la dimisión del fiscal general, Álvaro García Ortiz. Alejandro Luzón, el fiscal jefe anticorrupción, lleva esta guerra por diferente camino. No hace declaraciones públicas, pero se dedica a boicotear todas las iniciativas de sus subordinados en la lucha contra la corrupción que tenga que ver con el PP. Es el que desautorizó a la fiscala, Carmen García Cerdá, que pretendía investigar en profundidad unos correos electrónicos que apuntaban hacia la intervención del ministerio de Hacienda en la causa Gürtel. La representante del ministerio público fue sancionada con 1.000 euros de multa y apartada de la causa en la que se ha visto implicado el exministro Cristóbal Montoro. En cambio, Luzón se emplea a fondo en el caso Santos Cerdán cuando el exdirigente del PSOE pide la libertad provisional alegando que “todavía podría ocultar pruebas” y también tuvo mucho que ver con la salida del fiscal, José María Stampa, de la instrucción del caso Kitchen sobre presunto espionaje de la llamada brigada patriótica al exgerente del Partido Popular, Luis Bárcenas. Luzón siempre ha tenido una impecable imagen en su trayectoria profesional pero últimamente las cosas se le tuercen.
Alejandro Luzón llevaba muchos años trabajando en la fiscalía especial Anticorrupción cuando se hizo cargo de su jefatura sustituyendo al controvertido Manuel Moix que dimitió cuando los medios publicaron que era miembro de una sociedad radicada en Panamá. Moix había sido apadrinado por Ángel Acebes y el entonces fiscal general, Jesús Cardenal. Por lo tanto, su sustituto debería simpatizar con sus postulados. Eso sí, imprescindible estar limpio de toda sospecha. Y nadie mejor que Luzón de manifiesta ideología conservadora que fue apadrinado por la titular de la fiscalía general, Consuelo Madrigal, con la que ha mantenido una estrecha amistad a lo largo de estos años.
Ya por aquél entonces, la carrera fiscal estaba sufriendo una fuerte deriva protagonizada por las dos “sensibilidades” mayoritarias, la Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales. Luzón nunca se afilió. Formaba parte de la secretaría general, los técnicos que asesoran al fiscal general, y debía mantener, por encima de todo, su independencia para no perder esta condición. De todos es conocida su amistad con Salvador Viada, el presidente de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, claramente enfrentado a García Ortiz hasta el punto de haberse personado como acusación popular en la causa por revelación de secretos. No obstante, Luzón y Viada se distanciaron cuando en el Consejo Fiscal en el que se trató la decisión de apartar a García Cerdá de la instrucción del juzgado número 2 de Tarragona. Todos votaron a favor de la iniciativa del fiscal jefe salvo Viada. En el curso de esta reunión se analizó la solicitud de la fiscala de discutir la decisión de su superior por los"profundos y dilatados desencuentros" surgidos entre ambos. La mayoría consideró que la decisión de Luzón se enmarcó en el "legítimo control de la jefatura bajo los principios de dependencia jerárquica y unidad de actuación". Eso que tanto echan en cara al actual FGE quien, por cierto, votó a favor de apartar a la acusadora pública de este caso.
Ahora se ha sabido que Luzón puso a trabajar con García Cerdá a un fiscal “afín”, su número dos, Antonio Romeral, al que también tuvo que negarle su petición de grabar las conversaciones telefónicas mantenidas por varios sospechosos, una petición que contaba con el visto bueno del instructor, Rubén Rus Vela, y que, de todas maneras, fue rechazada, finalmente, por la Audiencia de Tarragona.
Todo esto se ha sabido ahora. En el auto en el que se notifica la imputación de Montoro, el juez ordena "el expurgo de los correos de interés para la causa" y antes de ello pide a la fiscalía "que informe lo que estime conveniente al respecto". Será, en este momento, cuando se decida lo que pasa finalmente con los correos que Carmen García Cerdá quería analizar en profundidad, algo a lo que Luzón se negó.
El fiscal jefe anticorrupción no sólo está en entredicho por sus intervenciones en este asunto. En el caso Ábalos pidió el ingreso en prisión del exnúmero tres del PSOE, Santos Cerdán, y el juez del Supremo asumió su tesis de que era quien recaudaba y distribuía las comisiones ilegales. Pero es que, además, fiscal y juez le consideran el impulsor de nombramientos estratégicos en el ministerio de Transportes, como el del director general de carreteras, que facilitaron adjudicaciones por criterios subjetivos. "Su conocimiento privilegiado podría permitir desvelar en toda su dimensión las concretas responsabilidades penales, así como identificar el importe global de las cantidades indebidamente satisfechas".
Alejandro Luzón se opone a la puesta en libertad de Santos Cerdán porque advierte de su "capacidad" para "ocultar pruebas y condicionar a testigos o investigados" e influir en los "aún desconocidos" pagadores de supuestos amaños, y apunta a que "parece que continuó manteniendo cierto control de las adjudicaciones" de Transportes tras la salida del exministro José Luis Ábalos. Los expertos creen que el acusador público “patina” con estos argumentos y dudan de la capacidad del exdirigente socialista para poder maniobrar. Es más, hay un sector de la ciudadanía que no entiende este empecinamiento en encarcelar a Santos Cerdán y mantener en libertad a los otros dos integrantes de los supuestos amaños, José Luis Ábalos y Koldo García. Y ahora habrá que ver que pasa con esas conversaciones filtradas entre el ministro de Justicia con Rajoy, Rafael Catalá, y Luzón en las que se habla de cómo interferir las decisiones judiciales mediante acciones políticas. Algo muy parecido a lo que denuncian sus compañeros de profesión conservadores con el gobierno de Pedro Sánchez.
La trayectoria profesional de Alejandro Luzón es “intachable” a juicio de los dos grupos de fiscales, progresistas y conservadores, que en ese sentido son unánimes. Pero su conservadurismo le lleva a tomar decisiones controvertidas. En el caso Montoro ha patinado. Y habría que restituir a Carmen García Cerdá en sus funciones por mucho que se empeñe en que la ha desobedecido. Si queremos una carrera fiscal con la autonomía de sus integrantes y sin las cortapisas de las jerarquías habrá que empezar por predicar con el ejemplo.