En cierta ocasión, el entonces ganador de las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos, Bill Clinton, pronunció una frase que se hizo famosa. Dijo a George Bush padre que había perdido las elecciones por “la economía, imbécil” aportando a sus razonamientos sobre las causas de la derrota una buena dosis de realismo.
En el caso de la amnistía a los encausados del procès de Catalunya, a los que están vociferando de sus efectos perniciosos habría que contestarles a semejanza de lo que Clinton espetó a un ignorante que pensaba que no iba a perder la reelección porque había recuperado “el orgullo del país” con la famosa guerra del Golfo: el de “es la desjudicialización imbécil”.
Amnistía significa volver a llevar el llamado “conflicto catalán” al terreno de la política de donde nunca debió de salir. Pasarle la pelota a los tribunales fue el mayor error que pudo cometer la derecha de Mariano Rajoy y, como le sucedió a Bush senior, esa misma derecha no lo quiere reconocer y habla del inicio de la desintegración de España, y encima apoyado por señores que, en su día, aportaron un importante grado de racionalidad a este país que ahora parecen haber perdido.
En un artículo que publica el Diario.es, el letrado del Parlament de Catalunya, Antoni Bayona, analiza lo que pasó de esta manera: “la percepción de déficits graves o sistémicos en el reconocimiento del autogobierno territorial es una valoración subjetiva que puede llegar a ser fundamento para promover un proyecto político favorable a la independencia. Esto es democráticamente legítimo. Cuando este proyecto es asumido por una parte considerable de la sociedad concernida, no hay duda de que se plantea un grave problema que ningún estado democrático puede ignorar como si nada ocurriera. En estos casos no se puede mirar hacia otro lado y oponer la Constitución como si se tratara de un texto sagrado. No es una buena opción renunciar a la política para no encarar e intentar resolver un problema de esta naturaleza. Sin embargo, esto es lo que sucedió con el procès y explica en buena parte cómo se decantaron los acontecimientos entre 2015 y 2017”. Y no lo dice alguien cualquiera si no uno de los letrados que advirtieron a la mesa de la cámara autonómica de que los actos que estaban llevando a cabo eran ilegales.
Cualquier experto con cierta capacidad de análisis acabará por reconocer lo dicho por Bayona. Que no fue una buena idea lo que hizo la derecha en 2017. Dejar en manos de los tribunales de justicia la neutralización del movimiento secesionista que se estaba produciendo en Catalunya como consecuencia del descontento que se había generado al haber mutilado el Tribunal Constitucional un nuevo estatuto de autonomía que había sido refrendado por el Parlament, el Congreso de los Diputados, y la ciudadanía en referéndum. La frustración era evidente ya que el nuevo Estatuto ampliaba el autogobierno de Catalunya. Y, para colmo de desatinos, en el Supremo se utilizó una figura delictiva, la sedición, apenas regulada en la legislación europea, y de la que habrá que esperar, en breve, una descalificación contundente por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Los expertos señalan que la debilidad penal de las condenas en los tribunales sobre el procès es lo que justifica la amnistía. Fueron hechos de naturaleza política que acabaron siendo judicializados. Nadie puede hablar de “delincuentes” cuando lo que los protagonistas estaban haciendo era intentar llevar a cabo sus aspiraciones políticas. Porque nadie puede dudar de que esas aspiraciones son legítimas en una sociedad democrática. Si se restringiese esa legitimidad no estaríamos hablando de un Estado que defiende la Carta de los Derechos Humanos.
Los actos que se sucedieron en el otoño de 2017 son de una naturaleza política y la respuesta judicial es más que cuestionable desde el punto de vista jurídico. En su afán por reprimir lo sucedido, el Tribunal Supremo retorció la interpretación de la ley. Aprovechó la relativa indefinición del tipo penal de la sedición para reconducir forzadamente a él los hechos del procès. Como no encajaba la figura delictiva de la rebelión acudió a la sedición que, posteriormente, fue suprimida del Código Penal y, por consiguiente, todos aquellos actos derivados de la comisión de dicho delito como pueden ser la malversación de caudales. Si el fin de la utilización de los fondos públicos no es delito, difícilmente lo será el acto en sí. Y más después de que también se reformase el articulado que hace referencia a este asunto limitando su persecución penal al enriquecimiento personal directo o indirecto. En otras palabras, que nadie metió la mano en la caja para su disfrute personal sino para un hecho que puede ser cuestionable desde el punto de vista jurídico, pero políticamente tiene la legitimidad que da el hecho de vivir en un país donde caben todas las opciones. Incluido el independentismo, por mucho que se pretenda desautorizar. No existen líneas rojas para la acción política, salvo el empleo de la violencia que no es este el caso. No hubo ese “golpe de Estado”, un relato con el que la derecha machacó a la opinión pública durante un largo periodo de tiempo.
Y ese planteamiento es el que se va a utilizar para sacar adelante la amnistía con el objetivo de desjudicializar una situación que nunca debió entrar en el ámbito de los tribunales de justicia. Un argumento que deberá ser tenido en cuenta por un Tribunal Constitucional donde los magistrados progresistas ya han avisado que no van a avalar la ley sin antes estudiarla minuciosamente. Porque la derecha va diciendo por ahí, además, que con Cándido Conde-Pumpido de presidente del TC la izquierda tiene asegurado el visto bueno de la Corte de Garantías, algo que está por ver.