Desde que el Tribunal Supremo dictó un auto en el que se niega a aplicar la ley de amnistía para los delitos de malversación a que fueron condenados los líderes del procès, jueces y fiscales se han pronunciado de diversa manera. Todos sabemos que las diferencias acabarán en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Seguro. Ya hay una instancia, que curiosamente no forma parte del poder judicial y que se encuentra muy politizada, el Tribunal de Cuentas, que va a solicitar una cuestión de prejudicialidad. Se sabe, también, que el Supremo se remitirá al Tribunal Constitucional.
Los fiscales también están divididos. A pesar de que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha ordenado que sus subordinados dictaminen a favor de la medida de gracia, los hay que están desobedeciendo y elaboran informes desfavorables.
Una jueza de Barcelona ha amnistiado al exconseller de presidència de la Generalitat, Francesc Homs, al concluir que la malversación por la que estaba imputado sí está incluida en la medida de gracia y no afectó a los intereses financieros de la Unión Europea (UE), al contrario de lo mantenido por el Tribunal Supremo.
La resolución de la magistrada Carmen García desmonta la tesis del Supremo de que no cabe la malversación de los líderes del procès porque, a juicio del alto tribunal, pese a que no se habían llevado un euro, al no haber costeado de su bolsillo los gastos relacionados con el referéndum habían obtenido un beneficio personal. Y señalaron que estos gastos podrían afectar a los intereses financieros de la Unión Europea, otra de las exclusiones de la norma.
En la causa amnistiada, al exconseller Homs le acusaban de haber malversado en tres subvenciones y contratos a dedo cuyo dinero fue a parar a la promoción exterior del proceso soberanista. La instructora señala que en los años en los que ha investigado esta causa no consta que esos cuatro gastos imputados a Homs “afectaran o provinieran de fondos o ayudas europeas”. Según la jueza, cuando España trasladó a su Código Penal la directiva europea contra el fraude no incluyó que la malversación también afectara al patrimonio de la Unión Europea, como sí ocurre con los delitos de fraude en subvenciones. Además, García cree que en los casos que ha instruido no se pueden advertir que los imputados hayan obtenido beneficio personal en contra del criterio establecido por el Supremo.
Esta semana el Tribunal Superior de Justicia catalán y la Audiencia de Barcelona se van a pronunciar sobre la aplicación de la ley de amnistía. Hasta ahora no lo han hecho y ello ha provocado diferentes opiniones en los juzgados de primera instancia. Los hay como el número 1 cuyo titular, Joaquín Aguirre, se niega a archivar el caso Volhov que implica, entre otros, al expresident Carles Puigdemont. Aguirre se ha negado a aplicarle la medida de gracia sin contar con el informe del fiscal y ha iniciado los trámites para remitir la causa al Tribunal Supremo. Lo que pasa es que, esta misma semana, el TSJC se va a pronunciar sobre una demanda por prevaricación presentada por los abogados del expresident contra él, una demanda que de ser admitida a trámite puede cambiar el curso de los acontecimientos en torno a este magistrado que puede acabar por ser apartado.
Sólo los jueces con causas donde están implicadas personas que pueden acogerse a la ley de amnistía, están facultados para pronunciarse. Casi todos ellos están en Catalunya. Se ha dado la paradoja de que casos como los de los policías que reprimieron violentamente en el referéndum del 1 de octubre de 2017 se han resuelto con rapidez procediendo a su amnistía sin más consideraciones. Pero en lo que se refiere a los soberanistas la cosa es mucho más lenta. Hay que recordar que el plazo para resolver termina el 11 de agosto y que en dos semanas comienza el periodo que se llama “vacaciones judiciales” en el que las instancias se paralizan.
Solucionado el asunto del terrorismo de Tsunami Democràtic al haberse archivado la causa tanto en la Audiencia Nacional como en el Supremo, todavía quedan algunos flecos como son las actuaciones de los llamados Comités de Defensa de la República, que los jueces se niegan a amnistiar. El tribunal al que corresponde juzgar a los 12 acusados de pertenecer a esta organización cree que la ley de amnistía choca frontalmente con la normativa e intenciones de la Unión Europea en la lucha contra el terrorismo. Por ese motivo, considera que debe presentar una cuestión prejudicial ante el TJUE para que aclare si es posible amnistiar unos hechos como los atribuidos a los acusados. La sección tercera de la sala de lo Penal de la AN afirma que tiene "serias dudas" del encaje de la ley en la normativa europea y que la amnistía de los CDR podría suponer "una infracción patente" de esas normas. A su juicio, la ley de amnistía "puede contravenir gravemente el derecho comunitario y la firme lucha que mantiene la Unión Europea como línea programática de actuación" contra el terrorismo.
Y aquí es donde también han surgido las discrepancias en el ministerio público. El fiscal que llevaba el caso, Vicente González Mota, se negó a informar favorablemente a la aplicación de la amnistía mostrándose partidario de mantener la línea del tribunal de plantear una cuestión de prejudicialidad al tribunal europeo. Pero fue cesado fulminantemente siendo sustituido por la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durantez.
En el seno de la carrera fiscal se han producido numerosas divergencias en torno a la oportunidad de informar favorablemente a la aplicación de la ley. Las mas relevantes, las de los fiscales del Supremo, Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, que intervinieron en el juicio del procès. Hasta tal punto llegó la rebelión que hubo que convocar una junta de fiscales de sala para decidir. Al final, a los representantes del ministerio público en el Supremo no les ha quedado mas remedio que obedecer las órdenes de su superior. De momento tampoco han hecho nada relevante, ni a favor ni en contra.
Así pues, la aplicación de la ley de Amnistía está siendo complicada. Estaba previsto. No obstante, según se señalan en fuentes jurídicas, el 90 por ciento de los casos se han resuelto ya y de forma favorable para los imputados. Lo que pasa es que el 10 por ciento restante son las causas más relevantes en las que están implicados los líderes soberanistas. Si se mantienen esas discrepancias, al final no quedará más remedio que esperar a ver lo que dicen el TC y el TJUE. Y su pronunciamiento puede tardar un año como poco.