Félix Bolaños debería dimitir. Su gestión está siendo un auténtico desastre porque la aplicación de su “ley estrella”, la orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia, está resultando un verdadero desastre. La norma reconvierte los juzgados unipersonales en tribunales de primera instancia con diferentes secciones. Ya se sabe, instancias de lo penal, lo civil, lo mercantil, familiar, y la de violencia de género. Y en esa última reside el gran escollo. El 3 de octubre deberán estar constituidas en todos los territorios, pero hay un problema: el ministerio de Justicia se comprometió en provisionar plazas suficientes para jueces que se hiciesen cargo de la nueva especialización y ha incumplido su compromiso. Son pocos los tribunales de primera instancia que han podido cubrir las plazas de esa sección. De hecho, el departamento de Bolaños pretende llevar a cabo cursos de formación para cubrir esas plazas, algo que no se ha hecho. Y quedan algo más de dos semanas para que los tribunales de primera instancia funcionen a pleno rendimiento.
Otro asunto que no ha salido como estaba previsto es la aplicación de los MASC, los Medios Adecuados para la Solución de Controversias. Los colegios de abogados están poniendo en marcha esta figura legal pero la realidad es que se están detectando importantes lagunas en su regulación y eso acaba por provocar lo que quiere evitar la ley, que el asunto acabe en un juzgado. El ministerio de Justicia se comprometió con el Consejo General de la Abogacía a la puesta en funcionamiento de programas de formación para los colegiados con el fin de resolver las situaciones que puedan plantearse. Y, de momento, todo son promesas y buenas palabras. Los MASC son mecanismos reconocidos por la ley que permiten a las partes resolver conflictos sin recurrir a la vía judicial. Se aplican en el ámbito civil y mercantil, quedando excluidos los litigios en materia laboral, penal, concursal y aquellos que involucren entidades del sector público.
Hasta el momento, según las estadísticas de los colegios de abogados, la actividad más utilizada es la del derecho de familia: separaciones, divorcios, convenios reguladores, indemnizaciones y régimen de pensiones compensatorias y alimentos de hijos. La falta de acuerdo, a pesar de la mediación, está provocando que los representantes legales de las partes acaben por elevar el contencioso al ámbito judicial. Es más, se utiliza con más frecuencia la vía penal en lo que se refiere al apartado de violencia de género por lo que un asunto que debería de acabar en un acuerdo entre las partes termina por incrementar los trabajos de unos juzgados, ahora secciones, que se encuentran en una situación precaria.
Grupos de funcionarios de los antiguos juzgados de violencia contra la mujer han alzado la voz para denunciar la sobrecarga laboral, la falta de medios materiales y humanos y la presión añadida que soportan en el día a día. Su preocupación se centra en la inminente implantación de la ley que, a partir del 3 de octubre, les obligará a asumir delitos contra la libertad sexual, mutilaciones, matrimonios forzados, acoso sexual y otros supuestos, con independencia de la existencia de una relación previa entre víctima y agresor. Los funcionarios denuncian que esta situación perjudica tanto al personal como a las víctimas, que deben afrontar esperas interminables en instalaciones insuficientes: “hay mujeres que llegan decididas a denunciar, pero después de horas en salas sin recursos básicos acaban por desistir. Hemos llegado a pagar el agua que les damos a las víctimas de nuestro propio bolsillo” señalan empleados adscritos a esas instancias.
Tanto los sindicatos de funcionarios como la asociación progresista, Juezas y Jueces para la Democracia, la única que ha levantado la voz ante este estado de cosas, han advertido al gobierno que, si no dotan a estas instancias de los medios suficientes, el objetivo de la ley, aligerar la gestión de la administración de justicia, no será posible. También los decanos de los juzgados han advertido de esta situación..
En el ministerio de Justicia, mientras tanto, creen que cuando se ejecute el plan de oposiciones para los jueces sustitutos se habrá resuelto el problema. La conservadora APM insiste en que no es posible celebrar el proceso que pretende el departamento de Bolaños “porque los jueces sustitutos no son interinos a pesar de la calificación del gobierno en ese sentido siguiendo las directrices de la Unión Europea”. La toma en consideración de la reforma, que incluye la dotación de algo más de 1.000 plazas que supondrían aliviar el problema de los recursos humanos que se necesitan en la judicatura para la puesta en práctica del modelo pretendido en la nueva ley, está siendo tramitada en el Congreso de los diputados. El gobierno la está negociando con los grupos y no cuenta con la mayoría suficiente. Los catalanes de Junts han dicho que votarán en contra si no existe un compromiso formal para poner en marcha la gestión exclusiva del poder judicial en el territorio.
Por lo tanto, la realidad es evidente. No se van a poder cubrir las plazas de jueces necesarias para poner en funcionamiento las secciones de violencia de género. En los otros ámbitos no hay problema ya que los titulares de los juzgados unipersonales se están incorporado al nuevo sistema. Pero la sección de violencia contra la mujer abarca muchos más delitos de los que hasta ahora había tenido que juzgar. Y los magistrados se ven incapaces de asumir esta carga. Es algo con lo que no habían contado en el ministerio de Bolaños, cuyo máximo responsable deberá de asumir responsabilidades dentro de quince días, cuanto en octubre deba de ejecutarse la ley en su totalidad y no vaya a ser posible porque no se cuenta con los medios suficientes.