El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, no es conservador. Pertenece al Movimiento Reformador, el partido belga de inspiración liberal pero siempre ha mantenido una buena relación con el PP. Pero la buena sintonía cambió desde que la derecha europea, a instancia de los populares españoles, le ha obligado a comparecer ante la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo para abordar la acusación de terrorismo que pesa sobre el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont que, recordemos, es también europarlamentario, y la ley de amnistía.
A Reynders, hombre prudente y tranquilo, le ha sentado muy mal esta iniciativa sobre todo porque ya dijo, en su día, que no se pronunciará sobre la medida de gracia hasta que el parlamento no la apruebe, y porque le quedan algo más de quince días para renunciar y dedicarse, en exclusiva, a su candidatura a la secretaría general del Consejo de Europa. Y encima, las manifestaciones de Estéban González Pons, el interlocutor del Partido Popular en la mesa de negociación de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, contradicen sus intenciones. Como mediador, el comisario europeo cree posible alcanzar un acuerdo. González Pons, pretextando la ley de amnistía tal y como ya sucedió en otra ocasión, señala que este acuerdo con los socialistas “está muy lejano”.
Cuando Didier Reynders aceptó mediar en la negociación para renovar el CGPJ no llegó a considerar la posibilidad de un fracaso. "Seguimos trabajando, vemos una posibilidad de encontrar vías de solución entre las principales formaciones políticas españolas sobre distintos aspectos de la reforma del mundo judicial" sigue argumentando el comisario que mantiene una actitud demasiado optimista después de que el propio González Pons haya manifestado que acude al encuentro de este miércoles “por respeto y consideración hacia Reynders”.
Menuda “consideración” cuando rechazan de plano sus planteamientos. Didier Reynders quiere que se renueve el órgano de gobierno de los jueces con carácter de urgencia, mediante el actual sistema de elección. Y, posteriormente, se abordaría una reforma del poder judicial. El Partido Popular, cuyo máximo dirigente, Alberto Núñez Feijóo, fue el que pidió a la Comisión Europea su mediación, no acepta negociar partiendo de este planteamiento. Exige que, antes de renovar el Consejo, se reforme toda la estructura del poder judicial incluyendo aspectos ajenos a los jueces como es la fiscalía general del Estado y el Tribunal Constitucional. Es una posición radicalmente diferente a la que propone Bruselas que apoyan los socialistas. Y, encima, los conservadores españoles ponen cada vez más piedras en el camino para un acuerdo con excusas como la ley de amnistía cuyos planteamientos ya conocían cuando empezaron las negociaciones. Es la misma estrategia que utilizaron en octubre de 2022, cuando estuvieron a punto de alcanzar un acuerdo y se echaron atrás pretextando la aprobación de la reforma del Código Penal suprimiendo el delito de sedición y reformando el de malversación.
Da la sensación de que al PP le pasa lo mismo que entonces. Las presiones de los halcones, con su líderesa Isabel Díaz Ayuso al frente, son más fuertes que el deseo de desbloquear esta situación para que se les deje de calificar de inconstitucionales. Porque en Bruselas son conscientes de que en Génova se están saltando la Constitución al bloquear esta renovación. Un bloqueo del que protesta hasta al mismísimo presidente del Consejo, el conservador Vicente Guilarte, que no hace más que repetir que si no hay acuerdo dimitirá y volverá a su cátedra de la Universidad de Valladolid. Hasta ese extremo llega el hartazgo no sólo del mayor representante de la judicatura sino de los comisarios europeos, la mayoría de ellos de extracción conservadora, que no entienden esta actitud de sus correligionarios. Y, mientras tanto, la sala de Lo Militar del Tribunal Supremo no puede tramitar causas a oficiales superiores por falta de jueces. En total hay 35 vacantes sin cubrir en las cinco salas ordinarias y las cuatro especiales del alto tribunal.
Por si esto fuera poco, ahora el Partido Popular ha logrado colar en el europarlamento comparecencia de Reynders que se antoja incómoda. Hay problemas de agenda. La comisión de libertades, justicia e interior tiene programadas tres reuniones antes de la disolución previa a la celebración de las elecciones de junio: el 18 y 19 de marzo, el 8 y 9 de abril, y el 18 de ese mismo mes. Reynders no ha recibido, todavía, la citación. Además, no tiene la obligación de comparecer para hablar de un asunto que el parlamento español todavía está tramitando porque la proposición de ley tiene que ser, ahora, examinada por el Senado donde los populares, que tienen mayoría absoluta, ya han dicho que van a dilatar al máximo los plazos seguramente hasta alcanzar el máximo de dos meses. Y, además, estos días la Comisión de Venecia aprobará un dictamen cuyo borrador se muestra favorable a la iniciativa que va a aprobar el pleno del Congreso.
Alberto Núñez Feijóo decidió apoyar la candidatura de Úrsula Von der Leyen para renovar como presidenta de la Comisión Europea con la condición de que “defienda el Estado de Derecho en España”. El dirigente popular cree que ha logrado convencerla para que se posicione en contra de la amnistía. Y eso ha sentado muy mal a la lideresa europea que, encima, constata que uno de sus mejores colaboradores, su comisario de justicia está siendo cuestionado por sus correligionarios españoles. No están gustando nada en Bruselas estas actitudes y más después de constatar que organismos como la Comisión de Venecia, formada por expertos en derecho constitucional y europeo, libres de toda sospecha de concomitancia progresista, avalan la amnistía, y que los legisladores españoles limitan el contenido de la ley a lo estipulado en las directivas de la Unión Europea.
Núñez Feijóo ha decidido llevar la batalla de la derecha española contra el independentismo catalán a Europa y comete un grave error. Se ha buscado enemigos incómodos dentro de sus socios europeos y esto le va a pasar factura si algún día llega a presidir el gobierno de España y sentarse, entonces, junto a sus colegas que cada vez le ven más como un personaje ridículo y estrafalario, muy lejos del estadista que debe representar a la cuarta potencia económica de Europa.