Hace unos días analizamos la figura de un magistrado poco dado a meterse en problemas políticos. En cambio, un colega suyo, Eloy Velasco, acaba de cometer una equivocación inoportuna en una conferencia pronunciada en la V Conferencia Internacional de Compliance. Ha deslegitimado al gobierno progresista por considerarlo “un ejecutivo de perdedores”, y advierte a la exministra de Igualdad y hoy eurodiputada, Irene Montero, que deje de dar clases de consentimiento sexual “desde su cajero de Mercadona”.
El juez Velasco abandonó la carrera judicial para ser nombrado director general de Justicia de la Generalitat valenciana gobernada por el Partido Popular de Eduardo Zaplana entre 1995 y 2003. Tras más de ocho años en el puesto, Velasco fue destituido por el titular de Justicia, Víctor Campos, por sus desavenencias políticas con el secretario del departamento, Fernando de Rosa, también del Partido Popular. Reingresó en la carrera judicial en su destino del Juzgado de Instrucción 3 de Valencia en noviembre de 2003. Al año siguiente obtuvo plaza en el Juzgado de Instrucción 24 de Madrid. En 2008 ingresó en la Audiencia Nacional. Su adscripción política está clara. Como la de la mayoría de magistrados de la instancia. Salvo el excepcional caso de Pablo Ruz, que ha acabado en un juzgado de Móstoles, los jueces de la Audiencia Nacional se posicionan con la derecha judicial. Y el caso de Velasco es el más evidente. Calificar a Irene Montero de “cajera de supermercado”, algo que la honra personalmente es obviar que es una titulada universitaria con algún que otro máster que el magistrado no tiene. Y decir que el gobierno de España es “de perdedores” es desconocer la aritmética parlamentaria. No es de extrañar de un personaje que fue alto cargo del PP con un condenado como es Zaplana.
“Entiendo que, cuando eres el quinto partido político que ha perdido las elecciones, y tienes cuatro gatos, pero los necesita el segundo partido que ha perdido las elecciones para pasar en número de integrantes al primer partido que ha ganado las elecciones, tu legitimidad es bastante menor que si hubieras ganado las elecciones”, aseguró Velasco ante una audiencia presencial mínima, ya que la mayoría de los asistentes asistieron al curso de manera virtual. Según parte de la grabación que ha obtenido el periódico “El País”, el magistrado “alude presumiblemente a los comicios celebrados en 2023 donde la formación de Alberto Núñez Feijóo fue la más votada mientras Sumar quedó en cuarta (y no quinta) posición”. El juez interpreta torticeramente la dinámica parlamentaria ya que, como bien se ha comentado en muchas ocasiones, no hace falta tener mayoría parlamentaria para formar gobierno. Que eso lo diga un político tiene su justificación. Pero que lo manifieste un experto jurista demuestra la clase de profesionales que ocupan los cargos en la judicatura. Que nadie se llame a engaño.
Actualmente, Eloy Velasco está destinado en la sala de apelaciones de la Audiencia Nacional. Con anterioridad estuvo adscrito al juzgado número 6 hasta que lo reclamó su titular, Manuel García Castellón, cuando éste rechazó seguir de juez de enlace en el momento más duro para el Partido Popular. Velasco se hizo cargo de instrucciones como la Púnica de corrupción en la Comunidad Autónoma de Madrid. Envió a la cárcel a Gerardo Díaz Ferran, uno de los empresarios más emblemáticos del país, y a Francisco Granados, el número 2 de Esperanza Aguirre. Tal vez por estas circunstancias es por la que alguien desde Génova pidió a García Castellón su vuelta al juzgado. Para intentar contrarrestar el desaguisado que se estaba cociendo en la AN, que estaba acabando con sus militantes, todos ellos alcaldes y altos cargos, en la cárcel.
Todo parece indicar una escrupulosa profesionalidad por parte del juez Velasco hasta hace unas semanas. En primer lugar, el juez se equivoca relacionando a Irene Montero con el actual gobierno “perdedor”. Porque la europarlamentaria fue ministra de igualdad en un gobierno en el que el PSOE obtuvo mayoría. Además, de lo que se ha filtrado de la grabación de la conferencia, Velasco la emprende contra la mujer del presidente, Begoña Gómez a la que acusa de haberse apropiado de un software de la Universidad Complutense. Un juez nunca puede ejercer de fiscal por mucho que lo diga en una conferencia ¨privada” porque es menospreciar el trabajo de un compañero, en este caso el titular del juzgado 41 de Madrid Juan Carlos Peinado, quien en sus autos y providencias se ha limitado a señalar que investiga los “indicios de una actuación delictiva”. Un magistrado no puede acusar y menos públicamente. Es interferir en la labor de la fiscalía. Y mucho menos cuando no corresponde a su jurisdicción. Velasco llega a decir textualmente: “no tengáis miedo. Si vuestro cliente mete la pata y se confiesa culpable porque tenía un pedazo de grabación, en la que decía cómo acosaba hasta el infinito a la pobre víctima, cuando lleguéis al penal decís no me voy a confesar culpables, voy a hacer un Begoña Gómez, etcétera, tienes derecho a no confesarte culpable”.
Eloy Velasco se olvida, como los magistrados pertenecientes a la derecha judicial, de que es un funcionario al servicio de la ciudadanía. Y que sus opiniones pueden bastar para desautorizarlo. Incluso para perder su condición. Lo que ocurre es que hay mucho miedo en la judicatura a la hora de mandar a paseo a esta gente. Pero entonces que nadie se rasgue las vestiduras cuando, en las encuestas, la opinión pública rechaza de manera tajante la acción judicial. Con manifestaciones como la de Eloy Velasco no es de extrañar que nadie crea en la justicia de este país.