Nueva andanada de Isabel Díaz Ayuso contra las medidas de corte social del gobierno de Pedro Sánchez. Tras la multitudinaria manifestación de ayer por el derecho a la vivienda, era evidente que la presidenta de la Comunidad de Madrid iba a responder. Y lo ha hecho, pero con un mensaje absolutamente manipulado que no cuenta toda la verdad. Además, ha vuelto a utilizar una de las máximas del trumpismo: dar soluciones aparentemente fáciles a problemas muy complejos.
«Si alguien tiene un piso vacío y sabe que va a ser intervenida por el Gobierno o por la inquiocupación, evidentemente, no lo saca en alquiler, nadie se va a atrever si no hay seguridad jurídica y respeto por la propiedad… Y, a lo mejor, aunque tú pusieras el gran impuesto de 200 euros directos, una barbaridad, una atrocidad ilegal por completo… aun así, mucha gente no lo sacaría al mercado porque diría ‘al menos mi casa es mía’. Pero qué sucede con el caso de personas que sus inquilinos deciden que no le pagan, como pasa con la inquiocupación, que es un fenómeno que se ha extendido tanto. Esta tarde, por ejemplo, viene a vernos a la Real Casa de Correos una mujer que se llama Teresa Mateos, de 82 años. Su casa fue ocupada por sus propios inquilinos porque decidieron dejar de pagar. Eso les causó unos trastornos tal que su marido falleció de los disgustos y de las peleas que tuvieron. No hay derecho a convertir en vulnerables a los ciudadanos que no lo son».
Estas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso son presa de una manipulación de la realidad manifiesta. En primer lugar, la presidenta madrileña relativiza un problema existente sin cuestionarse las causas. La generalización y la creación de urgencia es una de las herramientas discursivas de los nuevos populismos conservadores y de extrema derecha. Con la actual crisis de vivienda, evidentemente, Ayuso lo plantea como una guerra entre propietarios e inquilinos, a quienes pretende enfrentar, exactamente igual que hace la extrema izquierda. Es el habitual «nosotros» contra «ellos» que utilizan todos los populismos.
Sin embargo, Ayuso no cita la totalidad del alcance de las medidas del gobierno para prohibir los desahucios en caso de vulnerabilidad. En este caso, el lanzamiento no se puede producir hasta que a la familia se le dé una alternativa habitacional.
Hay que entender que esa alternativa no corresponde al gobierno de Sánchez, sino a los servicios sociales locales o autonómicos, porque son los que tienen las competencias en vivienda. En consecuencia, Ayuso tiene la solución a la «inquiocupación» pero no la aplica.
Precisamente, la crisis actual de la vivienda no se produce porque los ciudadanos se hayan conjurado para dejar de pagar los alquileres. Tampoco está en una guerra contra los pequeños propietarios, como pretende la extrema izquierda. El gran problema, además de la precaria situación económica de las clases medias y trabajadoras (de esto sí es responsable el gobierno de Sánchez), está en un proceso de una demanda que supera a la oferta. ¿Por qué no hay oferta? No es por la «inquiocupación», sino por los grandes tenedores, fondos, bancos y familias de millonarios, que están especulando con viviendas cerradas en espera de ponerlas en el mercado cuando obtengan un beneficio neto del 40%.
Por otro lado, las grandes familias de multimillonarios están sacando pisos del mercado residencial para introducirlo en el turístico.
En consecuencia, son precisamente los sectores a los que defiende Ayuso los máximos responsables de la crisis actual de la vivienda.