A mediados de septiembre, Santos Cerdán, número 3 del PSOE, se volvió a reunir con Carles Puigdemont en el marco de la mesa que pactaron para la investidura de Pedro Sánchez. Oficialmente los representantes de Junts per Catalunya reprocharon a los socialistas el incumplimiento de los compromisos suscritos: el catalán todavía no es lengua oficial en Europa, no se ha concretado el traspaso de competencias en materia de inmigración, el acuerdo con ERC para investir a Salvador Illa, y la fórmula fiscal para el territorio, dicen los medios de la derecha que fueron los principales puntos de desacuerdo. Pero callan lo más controvertido, la situación personal de Puigdemont.
La amnistía está muy lejos y su retorno a España es imposible después de los autos del juez Llarena en los que deja claro que como pise territorio nacional será detenido. El expresidente cree que el gobierno puede hacer algo. Todos estaban pendientes de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la negativa del parlamento de Estrasburgo a reconocerle, a él y a Toni Comín, como miembros de la cámara en la anterior legislatura que concluyó en junio pasado.
La idea era buscar un resquicio legal para anular las ordenes del Supremo si el TJUE apoyaba la decisión de otorgarles su acta, aunque ya no tuviera efectos prácticos. Pero ni eso. La más alta instancia judicial de la UE ha desestimado los recursos presentados por lo que ni Puigdemont ni Comín pueden alegar el haber sido eurodiputados y, por lo tanto, teniendo inmunidad, se les habría declarado ilegalmente prófugos de la justicia. Intentar revertir esta situación es prácticamente imposible.
Puede parecer una interpretación torticera. Pero es una idea que llegaron a manejar los abogados del inquilino de Waterloo. Si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hubiese admitido el recurso contra la decisión del entonces presidente de la cámara, Antonio Tajani, de prohibirle la condición de eurodiputado por no figurar en la relación de candidatos electos de la junta electoral central, se habría tenido que reconocer su inmunidad coincidiendo con la orden de detención dictada por Llarena, y no se puede tomar una medida semejante contra un aforado por mucha declaración de prófugo de la justicia que dicte un juez. Las diferencias se deben a que la JEC no le acreditó, a él ni a Toni Comín, porque no habían prometido o jurado el acatamiento a la Constitución. El TJUE manifiesta que Tajani “no podía apartarse de la lista de diputados electos que las autoridades españolas le habían notificado oficialmente. El presidente del parlamento no dispone de ninguna competencia para controlar la exactitud de dicha lista, so pena de quebrantar el reparto de competencias entre la Unión y los estados miembros”. Los magistrados dejan claro que ese control, “corresponde exclusivamente a los órganos jurisdiccionales nacionales”.
Los abogados de Puigdemont esperaban que los miembros del Alto Tribunal asumiesen su tesis de que el presidente de la Eurocámara, al mismo tiempo que negaba la condición de miembros a los recurrentes, “puso en cuestión los resultados electorales oficialmente proclamados”. Con esa hipótesis pretendían personarse ante la sala de Lo Penal del TS exigiendo la revocación de la orden de detención que habría permitido la vuelta de Puigdemont y su toma de posesión como miembro del Parlament. Habría recuperado su inmunidad y, aunque todavía no se habría beneficiado de la amnistía, al menos podría ejercer sus funciones de diputado territorial hasta la resolución de los recursos contra la ley.
Y es que da la sensación de que el fondo del bloqueo parlamentario de Junts al gobierno progresista no reside en los incumplimientos de los acuerdos alcanzados para la investidura de Pedro Sánchez. Salvo uno, el de la investidura de Salvador Illa, el resto son susceptibles de cumplimiento. Incluso la oficialidad del catalán como idioma de la UE se sigue negociando con el resto de países miembros algunos de los cuales no es que rechacen la iniciativa de oficializar las lenguas territoriales españolas, sino que muestran reticencias por su coste económico. El gobierno insiste en que el Estado español asumirá el gasto si hace falta. En cuanto a las diferencias sobre la financiación existe cierto margen de maniobra presupuestario para satisfacer las demandas de los independentistas.
Es decir, que las diferencias insalvables no lo son tanto como nos quiere hacer ver la derecha mediática. Todo lo contrario, existe margen para el acuerdo. Pero, al final, va a plantearse el problema de siempre. La situación judicial de Puigdemont. Es por eso por lo que Pedro Sánchez dice que va a esperar al congreso de Junts. Porque el presidente espera que allí se podrá aclarar el futuro inmediato del dirigente independentista y de sus colaboradores directos, entre ellos Toni Comín.
Agotada la vía de la justicia europea, en la cual habían depositado sus esperanzas los abogados de Puigdemont, la única posibilidad que les queda es el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Eso, o que la corte de garantías sentencie que sí se puede amnistiar el delito de malversación porque, en ese caso, Marchena, Llarena y los suyos no tendrían mas remedio que levantar las medidas cautelares dictadas contra él y el resto de los condenados por el delito que los jueces españoles consideran fuera de la medida de gracia.
El asunto sobrepasa cualquier competencia de los poderes ejecutivo y legislativo. En Waterloo insisten en que el gobierno puede hacer mucho más de lo que ha hecho. Pero no concretan de qué manera puede actuar en un tema que la derecha judicial se ha encargado de neutralizar al menos de momento. Y eso es lo que Santos Cerdán le dijo a Puigdemont quien sigue obcecado pensando en que todavía tiene el camino abierto para hacer, a corto plazo, ese regreso triunfal que tanto busca.