El juez Santiago Pedraz ha abierto diligencias en la Audiencia Nacional a raíz de una denuncia por "delitos de odio" contra colectivos y partidos que apoyaron acciones pacíficas de protesta durante La Vuelta ciclista. El equipo israelí, en el centro del boicot, se convierte ahora en pretexto para reprimir la disidencia política y neutralizar el clamor social ante el genocidio en Gaza. La medida, impulsada por ACOM —una organización ligada al lobby sionista más intransigente—, supone un ataque frontal a la libertad de expresión, el derecho a la protesta y el compromiso cívico con los derechos del pueblo palestino.
Del derecho a protestar al intento de silenciar la conciencia colectiva
La denuncia presentada por ACOM —y aceptada para su estudio por la Audiencia Nacional— es un salto cualitativo en la estrategia de criminalización del activismo pro-palestino en España. No estamos ante hechos violentos ni desórdenes masivos, sino ante expresiones organizadas, simbólicas y esencialmente pacíficas que buscan visibilizar la responsabilidad del Estado de Israel en la masacre sistemática de civiles en Gaza, con más de 64.000 víctimas mortales en los últimos meses, entre ellas miles de niños.
Hablar de "delitos de odio" para referirse al boicot a un equipo que representa a un Estado implicado en graves violaciones del derecho internacional es una tergiversación profundamente peligrosa. Es convertir al agresor en víctima, alzar un muro jurídico frente a la solidaridad y equiparar la protesta con el antisemitismo, desdibujando deliberadamente las fronteras entre crítica política y odio étnico o religioso.
La estrategia es clara: socavar el movimiento BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones), ilegalizar el apoyo político a Palestina, y atemorizar a los colectivos que se movilizan. Y todo ello bajo la apariencia de proteger la neutralidad del deporte, cuando en realidad se protege al ocupante, al opresor, y se invisibiliza al pueblo ocupado.
Las peticiones de ACOM —prohibir manifestaciones, suspender La Vuelta 2025, detener preventivamente a manifestantes— no son medidas legales proporcionales, sino exabruptos autoritarios que no deberían tener cabida en un Estado democrático. Son, además, un síntoma claro de cómo ciertos lobbies están dispuestos a pisotear derechos fundamentales con tal de blindar la impunidad de Israel en el terreno simbólico y cultural europeo.
Palestina no es odio, es conciencia y justicia internacional
La judicialización del boicot a Israel no es un fenómeno aislado. Forma parte de una ola de represión global contra el activismo palestino, alimentada por una narrativa impulsada desde Tel Aviv y reproducida por sus aliados incondicionales en Occidente: que toda crítica al Estado de Israel es, en esencia, antisemita. Esta confusión interesada no solo es intelectualmente deshonesta, sino profundamente peligrosa, porque banaliza el verdadero antisemitismo —una lacra real que debe combatirse— al reducirlo a herramienta de propaganda estatal.
Desde esta lógica, se quiere equiparar a organizaciones como RESCOP o BDS con grupos violentos, cuando en realidad su lucha se inscribe en los marcos del activismo no violento, legítimo, coordinado y transparente, respaldado por cientos de miles de personas en todo el mundo, incluidas numerosas voces judías críticas con el sionismo institucional y la deriva criminal del gobierno de Netanyahu.
Hablar de Gaza es hablar de genocidio, de apartheid, de niños enterrados bajo escombros, de hospitales bombardeados y de un pueblo al borde de la extinción. El deporte no puede ser neutral ante eso. Ninguna carrera ciclista se libra de la responsabilidad política cuando en su seno se blanquea al responsable de esos crímenes. Las carreteras de España no son ajenas al derecho internacional.
Defender Palestina no es un acto de odio: es un acto de conciencia. Como lo fue en su día el boicot al régimen del apartheid en Sudáfrica. Como lo fue la denuncia internacional de la guerra de Vietnam. Como lo es hoy el rechazo a una política sistemática de limpieza étnica en Oriente Medio.
Una deriva autoritaria que amenaza a todos
Que la Audiencia Nacional abra diligencias contra partidos políticos, colectivos civiles y activistas por el simple hecho de manifestarse en defensa de los derechos humanos supone un precedente alarmante. Se trata de un intento de trasladar al espacio judicial un conflicto político y ético que debería resolverse en el plano del debate público, el compromiso cívico y la presión internacional. Lo que está en juego no es solo la legitimidad de la protesta en favor de Palestina, sino el propio derecho a disentir en una democracia.
La denuncia de ACOM es una advertencia: cualquier gesto crítico hacia Israel podrá ser interpretado como antisemitismo, como amenaza, como delito. Pero más allá del ruido mediático, la sociedad española ha mostrado una y otra vez su sensibilidad, su implicación y su compromiso con la causa palestina. Las movilizaciones en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla o Bilbao así lo demuestran. Las pancartas no son crímenes. Las voces no se pueden encerrar. Y la solidaridad no puede ser amordazada por un tribunal.
La apertura de diligencias por parte de la Audiencia Nacional no va a frenar el movimiento de solidaridad con Palestina. Al contrario: lo fortalecerá. Porque cuando se reprime la protesta pacífica, la respuesta no puede ser el silencio, sino la movilización. Cuando se criminaliza el boicot, se redobla el compromiso. Y cuando se intenta borrar la voz de Gaza de nuestras calles, hay que hacerla más visible que nunca.