Al titular del juzgado número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, cada vez le queda menos munición en el caso Begoña Gómez. De momento, su objetivo de llegar a Moncloa se ha visto abortado por la decisión de la sala de Lo Penal del Tribunal Supremo de rechazar su petición de investigar al ministro Félix Bolaños. A lo más a lo que ha podido llegar es a imputar a la asistenta de la esposa del presidente, Cristina Álvarez, por malversación argumentando que hacía trabajos particulares para Gómez cobrando sueldo público, algo que habrá que demostrar. Del resto de imputaciones, Peinado no tiene indicios de la comisión de delitos. Ahora ha pedido al directivo de Google España, Miguel Rodríguez Bueno, que le facilite el contenido de los correos que mantuvo con Gómez y con Vicente. También ha solicitado a la Universidad Complutense el volcado de los correos de la cuenta que lleva el nombre de la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigió Begoña Gómez y ha requerido a una serie de empresas que colaboraron con la cátedra en la creación y desarrollo del software que aporten una serie de información técnica. Todo a petición de la acusación particular que coordina la ultraderechista Hazte Oír.
Al juez le queda escaso margen de maniobra. Sólo cree que puede encontrar indicios delictivos en lo que se refiere al software de la cátedra, que podría dar lugar a la comisión de un delito de apropiación indebida. Respecto al resto de imputaciones se han producido pocos avances: no parece haber tráfico de influencias ni corrupción ni intrusismo. La Audiencia Provincial de Madrid le ha limitado sus actuaciones. En un principio quería investigar si la esposa del presidente intervino en el rescate de la aerolínea Air Europa dada su amistad con el CEO de la compañía, Javier Hidalgo. Sus superiores le prohibieron continuar por este camino, aunque Peinado ha seguido recopilando datos y detalles sobre el asunto.
El juez no acaba de encontrar lo que en principio fue denunciado por las ultraderechistas Manos Limpias y Hazte Oír. Unas cartas de recomendación para Innova Next de la que era accionista el empresario Carlos Barrabés, director del máster de la cátedra de la Universidad Complutense que codirigía con Begoña Gómez, y a quien la acusación particular señala como beneficiario de las "recomendaciones o avales" de Gómez. Esta empresa resultó adjudicataria de licitaciones por valor de más de 11 millones de euros, según las informaciones publicadas cuyos recortes de prensa sirvieron para presentar la denuncia.
Barrabés figura formalmente como investigado pero cada día que pasa al instructor le quedan menos argumentos para mantener la imputación. La Audiencia ha anulado el registro de su domicilio y oficinas, que se le practicó hace un año, por considerar la medida desproporcionada y escasamente fundamentada, sobre todo en lo que se refiere al volcado de los soportes digitales encontrados en las dependencias. La sección 31 de la AM, que es la que se ocupa de los recursos de esta causa, recordó que los imputados tienen derecho a obtener resoluciones debidamente motivadas vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva si no se hace así. En este sentido, citó la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que fija que "la inviolabilidad domiciliar es algo más que un requisito formal".
Y si hablamos de esta instrucción chapucera, no deberemos olvidar que la Audiencia de Madrid también le ha anulado al juez las imputaciones efectuadas al rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, y al CEO del Centro de Emprendimiento e Innovación del IE Business School, Juan José Güemes, por carecer de fundamento. Es más, sobre la situación penal de Barrabés la sala plantea “dudas dogmáticas a la vista de los informes de la UCO que obran en la causa y que ya obraban en la misma antes de su declaración”. Por cierto, tal vez con la intención de dilatar la instrucción, porque de otra manera no se puede entender, Peinado ha pedido un nuevo informe a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil a pesar de que ya remitió un primer dictamen en el que los agentes aseguraban que no se encuentra indicio alguno de delitos en los hechos analizados.
Ahora ha pedido a la unidad que investigue las comunicaciones telefónicas de la asistenta de la esposa del presidente, Cristina Álvarez, con la Universidad Complutense desde julio de 2018 durante el periodo en que impartió la cátedra. El instructor parece decidido a centrar el resto de su trabajo en lo que el cree que es “una apropiación indebida” del software que presuntamente registró a su nombre. Es la única posibilidad que le queda de poder convertir las diligencias llevadas a cabo en procedimiento abreviado teniendo en cuenta que se le agota el plazo de la instrucción. Las acusaciones personadas en la causa centran toda su atención en el asunto del programa informático a sabiendas de que el resto de cuestiones planteadas en el sumario carece de recorrido judicial. Los delitos de apropiación indebida y malversación de los que se puede acusar a los investigados tienen escasa consistencia si se tiene en cuenta que los patrocinadores de ese software ya han manifestado en sus interrogatorios, que lo financiaron “a fondo perdido, de manera altruista”. Estamos hablando de un total de 225.000 euros.
Seguro que el juez Peinado se sacará de la manga alguna última sorpresa a pesar de que las acusaciones populares, empiezan a constatar que ya han agotado la rentabilidad política de este asunto y creen que lo mejor es pedir la convocatoria de juicio oral. Pero el magistrado no está por la labor a pesar de los grandes errores cometidos y la instrucción chapucera que ha llevado a cabo. Esto es, como dijo el ministro Bolaños, un proceso que se va a ir “apagando poco a poco”.