La ex consejera de la Junta de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, que ha estado año y medio en la cárcel condenada en la llamada “pieza política de los ERE de Andalucía” y amparada, ahora, por el Tribunal Constitucional respeta a la justicia “me dé la razón o no”. Pero lo cierto es que los errores cometidos por los que la juzgaron, tanto por la instructora del caso, Mercedes Alaya, como por los magistrados de la Audiencia de Sevilla y del Tribunal Supremo, la han obligado a cumplir una pena que ahora se ha tornado injusta.
No se puede sentenciar un delito de prevaricación y malversación por elaborar unos presupuestos. Es un acto que, refrendado en el parlamento, es completamente legal, y así lo acaba de señalar la corte de garantías. El tribunal establece que las leyes de presupuestos no pueden ser ilegales, solo el reparto de los fondos, al que Aguayo fue ajena.
Además, señala que su implicación en la malversación no está argumentada. El proceso a que fueron sometidos los responsables políticos de la Junta de Andalucía está lleno de irregularidades tal y como han señalado los miembros del TC. Y hay una instructora llamada Mercedes Alaya que, además, fue ascendida y ahora es titular de esa Audiencia de Sevilla una instancia que tiene que hacer nuevas sentencias aplicando los criterios de la corte de garantías. Veremos hasta donde llegan.
Los jueces son seres humanos y, por lo tanto, se delatan con facilidad cuando tienen ganas de hacerse con un caso. Las razones sólo las conocen ellos mismos en su fuero interno porque siempre procuran no mostrar sus sentimientos personales en público. Sólo expresan su opinión en los autos, providencias y sentencias. Y si hacemos caso a los de la jueza Mercedes Alaya, advertiremos que hubo un error de bulto cuando instruyó la pieza política de los ERE andaluces. Designó como peritos a unos expertos en contabilidad, pero no en derecho. Acudió a la Intervención General del Estado, la IAGE. Por supuesto, esos especialistas en contabilidad examinaron las cuentas que les facilitaron en la clave que ellos dominan. Nunca aplicaron la legislación vigente, ni falta que les hacía. La ejecución de las partidas era irregular y así se lo hicieron saber a los jueces. De resultas de ese examen surgieron las sentencias.
Tuvo que venir el TC para explicar que esas cuentas fueron elaboradas y discutidas en un parlamento. Que su ejecución pudo ser ilegal pero su elaboración se efectuó conforme a la legislación vigente. Pero Alaya, que tenía que conocer ese principio, que para eso es una especialista en leyes, no hizo caso. Y siguió adelante con la instrucción acusando de prevaricación y malversación a la cúpula de la Junta de Andalucía. La consecuencia es que hundió al Partido Socialista hegemónico desde el principio de la transición democrática, y mandó a la cárcel a sus principales dirigentes. Que Alaya buscaba ese objetivo lo demuestra que durante años se negó a dejar la instrucción en manos de sus sustitutos en el juzgado cuando ya había sido ascendida a la provincial sevillana. Hubo sus más y sus menos en ese periodo lo que da la medida de las ganas que tenía la jueza de meter mano a los socialistas andaluces.
Aguayo dice que “no puedo entender que por proponer una ley haya cometido un delito. Ni que una ley aprobada por un parlamento pueda ser ilegal. Luego cada consejería es competente para ejecutar los fondos. Pero en esa parte Hacienda no interviene. ¿Cómo voy a ser culpable de una violación de la ley en un punto de una consejería que me pilla tan lejos? No he robado un euro ni se ha beneficiado el partido, eso lo dicen la Audiencia y el Supremo”.
Las instancias jurídicas dicen que en la administración regional “había un descontrol de las partidas presupuestarias”. Eso es menospreciar a los interventores que están precisamente para eso, para controlar las partidas de gasto de las administraciones públicas. Las famosas modificaciones que es en lo que se han basado los jueces para condenar por malversación fueron aprobadas por la intervención y la dirección general de presupuestos. Los responsables de ambos departamentos han sido exculpados de la comisión de los delitos que les atribuyeron las instancias jurídicas por la misma razón expuesta por el constitucional: que no se puede considerar ilegal una ley aprobada por un parlamento. “Se ha hecho una aplicación imprevisible del derecho”, se reitera en las sentencias que se están dando a conocer.
En sus informes, los peritos enviados por la Intervención General de la Administración del Estado, la IGAE, no hablan de los intrusos, los falsos prejubilados metidos en los ERE, ni de ilegalidad alguna. Se refieren a un procedimiento administrativo incompleto, porque consideraron que debía de haberse dado el dinero mediante subvenciones y no ayudas. Califican de “inadecuado” este procedimiento. Pero el propio interventor dijo que había dicho “inadecuado”. Es una consideración de técnica contable. No se dice que sea ilegal, ni que se esté llevando nadie dinero.
Pero la instructora hizo su propia interpretación de estos dictámenes y donde se decía que el procedimiento de reparto de las ayudas era inadecuado desde el punto de vista contable ella lo calificó de ilegal. Lo peor es que sus compañeros de la Audiencia de Sevilla la dieron la razón, y también en el Tribunal Supremo donde hay que hacer una consideración. Si la derecha judicial repite que los amparos están saliendo adelante por la mayoría progresista, el famoso “siete a cuatro”, habría que recordar que las sentencias de los recursos de casación salieron por una mayoría de tres a dos del total de miembros de la sala.
Empieza a calar en la opinión pública la idea de que el caso de los ERE de Andalucía no fue otra cosa que una persecución del Partido Popular el firmante de la querella que dio origen a todo este asunto. Que no hubo ese monumental fraude del que habla la derecha de 680 millones. Que en los 6.400 trabajadores que se beneficiaron de los ERE sólo se pudieron localizar 70 “intrusos”, que no tenían derecho a esas prejubilaciones, y que ya se han recuperado 27 de los 62 millones establecidos por las diversas sentencias judiciales. Está claro que este asunto, que la derecha judicial y política consideran “el mayor escándalo de corrupción en España” no ha sido otra cosa que una persecución para acabar con el dominio del Partido Socialista en Andalucía. Y está claro que han contado con los jueces. Para que luego hablen de la separación de poderes del estado de derecho.