Cuando el hermano de Pedro Sánchez fue contratado por la diputación de Badajoz, éste ni siquiera era secretario general del PSOE ni mucho menos inquilino de Moncloa. Ahora lo acusan de tráfico de influencias y prevaricación administrativa cuando ese delito sólo se puede imputar a un funcionario público y la jueza se basa en el testimonio de alguien que optaba al puesto que le fue concedido al que llama despectivamente “el hermanísimo”. Pero hay muchos casos en los que el Partido Popular ha contratado a familiares de dirigentes en las mismas condiciones y nadie ha puesto una denuncia ni los jueces y fiscales han actuado de oficio. Ello demuestra la persecución que se está llevando a cabo contra Sánchez y su gobierno progresista. Una cacería que sólo pretende desgastar a la mayoría de izquierdas. Hasta tal punto llega la cosa que al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, le ha entrado el pánico y ha pedido la convocatoria anticipada de elecciones generales para que la situación actual no “afecte al PSOE en las municipales y autonómicas”.
Empezamos por Andalucía. La hermana del presidente de la Junta, María Dolores Moreno Bonilla, fue nombrada directora del Conservatorio Superior de Danza Ángel Pericet de Málaga en junio de 2019. La decisión presentó serias dudas debido a que el proceso de selección, en el que se valoraba la experiencia y los méritos académicos, favoreció a María Dolores a pesar de que su puntuación final fue considerablemente inferior a la de otra candidata. Mientras María Dolores obtuvo 38,20 puntos sobre 50, otra aspirante, Esperanza Utrera, alcanzó los 49,20 puntos. A pesar de que la puntuación de María Dolores no la colocaba en la primera posición, el proceso de selección concluyó con su nombramiento. La Inspección educativa de la Junta alegó que se tuvieron en cuenta “otras fuentes” para descartar a Utrera y elegir a la hermana del presidente. Utrera, por su parte, decidió denunciar el nombramiento. Sin embargo, la fiscalía archivó la denuncia porque, según la normativa, es un procedimiento en el que cabe “una cierta discrecionalidad”. En el asunto del hermano de Pedro Sánchez, la instructora no ha tenido en cuenta esa “discrecionalidad” de la que habla el ministerio público.
Alejandra T.B. sólo se la conoce así. Es la pareja de Tomás Diaz Ayuso, el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ocupa un puesto de técnico medio de gestión en el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, con un nombramiento “en comisión de servicio”. Obtuvo la plaza mediante un proceso de selección realizado durante el verano de 2023 al que sólo se presentó ella por una razón: no hubo concurrencia pública. La vacante en el puesto de trabajo se anunció en la web municipal con carácter “urgente” y de “inaplazable necesidad” el 16 de agosto en pleno verano, cuando la actividad administrativa se reduce al mínimo. A pesar de las fechas, los aspirantes solo contaron con “cinco días hábiles” para postularse. Se da la circunstancia de que los requisitos exigidos se ajustaban con exactitud al perfil de la cuñada de Isabel Díaz Ayuso. El plazo de inscripción de los aspirantes concluyó el 24 de ese mes, ocho días después de publicarse la oferta. La plaza se adjudicó directamente a Alejandra al ser la única persona que se había postulado. En el acta se resumía los nombres de los excluidos con la palabra “ninguno”. La cuñada de la presidenta prestaba sus servicios en el ayuntamiento de Ugena, en la provincia de Toledo, pero vivía en Villanueva de la Cañada con su pareja. La plaza le vino como anillo al dedo. Se pueden establecer ciertos paralelismos con la situación del hermano del Pedro Sánchez, al cual han acusado de no residir en Badajoz sino en Portugal.
Eloina Núñez Masid es bien conocida en los ambientes de la sanidad pública gallega. Prima de Alberto Núñez Feijoo cuenta con una controvertida gestión al frente de la gerencia del área de sanidad perteneciente a Santiago de Compostela. A pesar de las críticas recibidas, el gobierno de Alfonso Rueda no dudó en nombrarla subdirectora general de envejecimiento y prevención de la dependencia e innovación sociosanitaria de la Conselleria de Política Social. Para justificar su nombramiento, Rueda dijo que “hablamos de una funcionaria que tuvo puestos de responsabilidad importantes y que atesora, por tanto, una experiencia importante. Seguro que había otros candidatos posibles, pero seguro también que cumplía los requisitos y tiene los méritos para esta designación”. Lo que Rueda se calla es que Núñez Masid, siendo gerente de los hospitales públicos de Ourense, adjudicó una plaza en el Servicio Galego de Saude a su marido, concretamente la jefatura de sección del servicio de urgencias. Los tribunales de justicia intervinieron para declarar irregulares algunos nombramientos y destituciones de esa época en Galicia. El de Núñez Masid a su marido, Francisco Aramburu Vilariño, no entró en los juzgados.
El marido del portavoz popular en el Senado, Javier Maroto, fue nombrado para un alto cargo de libre designación en el Ayuntamiento de Madrid para el que se presentaron 23 aspirantes, pero el proceso de elección dependía de la "confianza política" del designador. Isabel Díaz Ayuso creó para el actor tránsfuga de Ciudadanos, Toni Cantó, la plaza de la Oficina en Defensa del Español, con un sueldo de 75.000 euros anuales. Cuando Cantó renunció a la plaza, esta nunca volvió a cubrirse. Entre 2010 y 2013, el líder de Vox, Santiago Abascal, ocupó el cargo de director de la fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social dependiente de la Comunidad de Madrid en la época de Esperanza Aguirre, con salario anual de aproximadamente 82.500 € y en la que no registró ninguna actividad.
Estos son algunos ejemplos del nepotismo ejercido por una oposición, PP y Vox, a cuyos portavoces se les llena la boca de acusaciones al PSOE cuando tienen mucho que esconder en sus trapos sucios. Lo que ocurre es que tienen a la judicatura de su parte. Los magistrados ante hechos tan contundentes como los aquí descritos callan y miran para otro lado. Y luego niegan la existencia de una cacería política.