Ángel Hurtado, el instructor del Supremo encargado de investigar el presunto delito de revelación de secretos contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, ya tiene casi todos los elementos encima de su mesa de trabajo. A falta de un interrogatorio que puede ser fundamental, el de Miguel Ángel Rodríguez, jefe del gabinete de la presidenta de la CAM, Isabel Díaz Ayuso, y el de ocho periodistas que publicaron la filtración de los correos del abogado de Alberto González Amador con el fiscal del caso, Julián Salto, el magistrado tiene claro, según dicen en fuentes de su entorno, que ni García Ortiz ni Rodríguez fueron los autores de esa filtración. El juez da por supuesto que los periodistas se acogerán al secreto profesional para no revelar cómo llegaron a sus manos los documentos y Miguel Ángel Rodríguez intentará mantener su “trampa” negando ser el autor del famoso bulo que daba por sentado un acuerdo entre fiscal y defensor para reducir la pena a la pareja de la presidenta de la Comunidad Autónoma. Al final la cosa quedará entre la casi veintena de personas que tuvieron acceso a esos correos, pero el juez Huerta sabe que no puede seguir con la instrucción si exculpa al aforado, García Ortiz. Lo más que puede hacer es devolver a un juzgado de Madrid la denuncia y que continúe la investigación
Incluso un testigo, el fiscal del Supremo, Salvador Viada, que fue presidente de una de las asociaciones personadas como acusación particular, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, APIF, dijo que sólo pudo ver durante el registro de las oficinas de Fortuny, como el fiscal general del Estado y su número dos, Ángeles Sánchez Conde, revisaban un teléfono móvil. “He dicho lo que vi”, manifestó Viada quien, al mismo tiempo, señalaba que “sólo por no haber controlado la filtración, García Ortiz debería dimitir”. Pero aquí no se trata de controlar la oportunidad de cometer un delito sino de la autoría del mismo, y Viada no se atreve a señalar con el dedo a su superior. Su testimonio queda invalidado.
Tampoco sirven los informes de la UCO de la Guardia Civil que señalan que García Ortiz tuvo “una actuación preeminente” en la filtración, pero sin llegar a señalarle como el autor de ésta. Sólo se atreven a insinuar que la misma salió “de algún fiscal” pero sin concretar la identidad del autor. Eso ha hecho más daño al fiscal general que si le hubiesen señalado a él porque, según su criterio, este tipo de acusaciones hacen daño a la institución, aunque, como ya se ha dicho aquí, en el mundo jurídico todos saben que muchos documentos que se difunden en la prensa proceden de los fiscales que llevan la causa.
García Ortiz se queja de que, en su informe, la UCO omite hechos relevantes sobre acceso de terceros a los datos filtrados, así como al informe de la AEAT sobre la inspección a González Amador. Su defensa considera que tiene "hasta 37 errores, irregularidades, omisiones e indebidas inferencias". La denuncia de la fiscalía anticorrupción y el informe de la Agencia Tributaria “ya estaban a disposición de terceros, distintos a las personas investigadas en esta causa, desde el 5 de marzo de 2024, a través del Decanato de los juzgados de instrucción de Madrid. “Se encontraban en una carpeta común a la que tenían acceso más de 499 personas”, lo que demuestra que dicha documentación no estaba restringida exclusivamente al entorno del ministerio público
La Abogacía del Estado critica también que el informe de la UCO parezca "insinuar de manera errónea" que el teniente fiscal adjunto a García Ortiz, Diego Villafañe, "tuviera entre sus funciones recibir la comunicación mencionada en relación con la denuncia contra la pareja de Ayuso". Y subraya que varias de las conversaciones que están en este informe se enmarcan en la "dación de cuentas" a la que obliga el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Tras conocerse estos argumentos, la caverna mediática ha cambiado su estrategia. Ya no es Álvaro García Ortiz el que filtró la denuncia y los datos de González Amador. Ahora es “su entorno”. Incluso llegan a asegurar que el fiscal general del Estado va a “premiar” a estos subordinados intentando, así, desviar la atención hacia derroteros diferentes de lo que es el objeto de la instrucción judicial que no es otro que la identificación del autor de la revelación de secretos. Y una cosa queda clara en las actuaciones judiciales. Si no se puede probar que un investigado es el autor material del delito sólo cabe la posibilidad de acusarle por inductor o cooperador necesario. Y es muy difícil que el magistrado de la sala de Lo Penal llegue a tal extremo teniendo en cuenta la trascendencia política del caso donde está en juego no sólo la carrera de un servidor público sino también la imagen de toda una institución como es el ministerio fiscal de la que, recordemos, dependen las acusaciones contra los presuntos delincuentes.
Así las cosas, al juez Ángel Hurtado le queda escaso margen de maniobra para seguir con el caso. Salvo que los periodistas o Miguel Ángel Rodríguez aporten nuevos elementos inculpatorios, la teoría más probable será la de que a la documentación que es objeto de investigación pudieron acceder muchas personas: desde los miembros del decanato de los juzgados madrileños hasta los integrantes de las oficinas de la fiscalía general del Estado con sede en la calle Fortuny y cuyos soportes digitales fueron registrados por la Guardia Civil. No se ha encontrado indicio alguno de que García Ortiz o sus inmediatos subordinados diesen la orden de filtrar la denuncia a González Amador y, menos aún, los informes de la inspección que hizo la Agencia Tributaria a las declaraciones del Impuesto de Sociedades del novio de Díaz Ayuso.
En este supuesto, al magistrado no le quedará más remedio que devolver a los juzgados madrileños la instrucción por si se derivan responsabilidades penales en otros colectivos que prestan sus servicios en dependencias judiciales: desde la fiscalía hasta el Decanato de los juzgados en Madrid. A Álvaro García Ortiz sólo se le podrá imputar la orden de la nota hecha pública en la que se desmentía un acuerdo con la defensa de González Amador. Pero la sala de Lo Penal ya ha dicho que esta nota no es delictiva. Así pues, al caso le queda escaso recorrido salvo, repetimos, que Miguel Ángel Rodríguez, al que casi todo el mundo considera autor de la maniobra que ha desembocado en este estado de cosas, se saque un conejo de la chistera. Algo bastante improbable.