Un juez que llamó “psicópata sin límites éticos” a Pedro Sánchez, que dirigió calificativos semejantes al ministro de Justicia, Félix Bolaños, y al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido designado miembro de la comisión que deberá cubrir las vacantes de jueces de Lo Mercantil. La Permanente del CGPJ adoptó esta decisión después de que otra magistrada, Sofía Gil García, renunciara a ese cargo, para el que había sido designada recientemente.
En el órgano de gobierno de los jueces sostienen que el nombramiento de Manuel Ruiz de Lara no supone un ascenso y que responde a un procedimiento preestablecido que no daba margen para elegir a otro candidato. El nombramiento se efectuó en el último minuto de la reunión del organismo, sin debate. Otra maniobra más de la derecha judicial que no sorprende a nadie. Es lo que va a ocurrir en los próximos meses con los jueces de este país donde seguirá dominando el sector conservador por mucho que los progresistas intenten cambiar la tendencia. Manuel Ruiz de Lara pertenece a la todopoderosa Asociación Profesional de la Magistratura que domina la carrera judicial de forma cada vez más evidente.
Manuel Ruiz de Lara, titular del Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid, fue expedientado hace unos meses después de que publicara en Twitter varios mensajes en los que dirigía insultos al presidente del Gobierno, al ministro de Justicia y al fiscal general del estado. El Consejo General del Poder Judicial lo expedientó, pero acabó archivando el caso y renunciando a sancionar al magistrado al concluir que no había quedado acreditado que invocara o se sirviera de su condición de juez para difundir dichos comentarios.
Y ese es el primero de los miembros de la carrera judicial que deberán formar parte de las comisiones que designarán a los cien magistrados que deberán de ocupar las plazas vacantes en las instancias superiores judiciales: Tribunal Supremo, tribunales superiores territoriales y presidentes de las audiencias provinciales. En el anterior mandato del CGPJ su presidente, Carlos Lesmes, abusó de los nombramientos discrecionales para colocar a jueces afines a sus ideas ultraconservadoras. Ahora se había dicho que ese sistema unipersonal se iba a sustituir por comisiones. La primera, constituida para los jueces de Lo Mercantil nace bajo sospecha. La magistrada elegida de repente renuncia, y el siguiente en la lista es un ultramontano que se dedicó en las redes sociales a despotricar de las autoridades elegidas por el pueblo utilizando, además, términos insultantes. Eso sí, según el anterior CGPJ, ese que estaba caducado desde hacía cinco años, lo hizo a título personal, sin constar su condición. No se le sancionó.
Manuel Ruiz de Lara es muy conocido en el ámbito asociativo judicial. Es el juez que estuvo durante meses al frente del caso de la Superliga y firmó el polémico auto que respaldó proyecto de Florentino Pérez y otros magnates del fútbol. El proyecto de campeonato al que se opusieron la mayoría de ligas europeas, sólo apoyada, al principio, por clubes italianos que acabaron por retirarse, y que cuenta con la radical oposición de la UEFA y de la FIFA. El TJUE dio la razón a la Superliga.
Además, es portavoz de una minoritaria plataforma por la independencia judicial que difundió el famoso manual que deberían utilizar los magistrados para cuestionar la ley de amnistía del que ya se ha hablado aquí mismo. Ruiz de Lara se prodiga en redes sociales y artículos de prensa en los que critica a miembros del gobierno progresista, identificándose con los postulados de la ultraderecha de Vox. Además de llamar “psicópata sin límites éticos” al presidente del Gobierno o “personificación del deshonor” al fiscal general del Estado, también vertió descalificativos contra el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, al que llamó “siervo mentiroso patológico”.
La Plataforma Cívica para la independencia judicial de la que Ruiz de Lara es portavoz, siempre se ha mostrado favorable a la supremacía del poder judicial sobre los políticos. Dice que “la pretensión del legislador español de decir al juez si puede emitir o levantar una euroorden presenta notables visos de contrariar el derecho de la Unión” y que “no tiene competencia el legislador español para regular esta figura ni la decisión de levantar o mantener una euroorden, en el esquema europeo, puede depender de autoridad distinta que la del propio juez”.
La plataforma se presenta bajo el enunciado de que “la justicia es de todos. No dejes que se la repartan”. También declara que “sus principios fundacionales se encuentran en el Manifiesto por la Independencia Judicial, respaldado en el año 2010 por más de 1.500 jueces alarmados ante el proceso de contaminación política y ocupación progresiva del espacio judicial que desde 1985 inició el poder político”. Precisamente ese año fue en el que el gobierno socialista de Felipe González modificó la ley orgánica del Poder Judicial para que fuese el Congreso y el Senado los que eligiesen a los vocales del órgano de gobierno de los jueces rompiendo, así, con el sistema diseñado por el que fue el primer presidente del Consejo General del Poder judicial, Federico Carlos Sainz de Robles. Ese sistema al que ahora la derecha judicial pretende regresar mejorándolo con la elección directa por parte de los magistrados del órgano que les gobierna lo que aquí se ha dicho insistentemente es contrario a la Constitución.
Está claro que el nuevo Consejo General del Poder Judicial va a seguir la senda de los anteriores. Y es que todo parece indicar que mientras no se cambie su estructura interna serán los mandos intermedios los que decidirán las designaciones. Ahora ha vuelto a ocurrir. Ha sido el denominado “servicio de calificación” el que ha propuesto este nombramiento, apoyado por el servicio de inspección. Desde hace años se viene insistiendo por las asociaciones judiciales de signo progresista que el problema del consejo reside en su estructura y que hay que modificar radicalmente la composición de los departamentos burocráticos como la secretaria general y la gerencia. Mientras esto no ocurra volverán a darse casos como el de este juez, que, entre otras cosas, participó en cursos organizados por la ultraderecha francesa.