Se acabó la convocatoria de paro de jueces y fiscales. Ahora toca hacer balance. El Consejo General del Poder Judicial les ha hecho un favor a los jueces huelguistas. Siguiendo su política del avestruz, - esconder la cabeza debajo del ala-, sigue manifestado que no es competente para hacer un seguimiento de las jornadas de huelga y, por lo tanto, no da cifras. Los jueces se irán de rositas y no se les descontarán de sus nominas la protesta tal y como se hace con otros trabajadores. Eso sí, el CGPJ insiste en que la huelga no es legal. El ministerio de Justicia, el organismo pagador de las nóminas, se muestra impotente. El departamento de Félix Bolaños es consciente de que, si procede a descontar, hay una sentencia de la Audiencia Nacional al respecto que deja claro que el único organismo con capacidad para llevarlo a cabo es el del gobierno de los jueces y magistrados. Las asociaciones convocantes del paro insisten en que el 75 por ciento han secundado la convocatoria por lo que, si se toma en consideración el dato, una gran mayoría de estos profesionales verían disminuida la cantidad que perciben en la nómina de julio. Pero no va a ser así. Hasta en eso el poder judicial tiene unos privilegios de los que no gozan la mayoría de trabajadores de este país.
Lo extraño es que la Fiscalía General del Estado, que es el órgano de gobierno de los integrantes del ministerio público, ha seguido el mismo criterio del CGPJ. Nada que extrañar sobre este organismo que se encuentra tan bipolarizado que, al final, adopta decisiones salomónicas para contentar a unos y otros. Pero la fiscalía es diferente. ¿No dicen que obedece al gobierno y que no tiene ningún tipo de autonomía? Pues a aplicarse el cuento. Hace falta una circular advirtiéndoles que la convocatoria es ilegal y que si la siguen se les descontará los correspondientes emolumentos de sus nóminas. Pero no. García Ortiz parece que está sobrepasado por las circunstancias penales que le rodean. No vaya a ser que ahora le procesen por prevaricación si adopta alguna decisión que moleste a su poderosa oposición, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales de su íntimo enemigo Salvador Viada.
La huelga ha tenido escasa repercusión en el funcionamiento de los juzgados. En la Audiencia Nacional y en el Supremo se han celebrado las vistas orales previstas y en la casi totalidad de los juzgados de instrucción el balance es más o menos parecido. Aún así, los convocantes agrupados en un fantasmagórico comité de huelga hablan de un seguimiento mayoritario. Todo para protestar, según ellos, por una reforma que no les gusta. Quieren que se mantenga el actual sistema endogámico que impide abrir las carreras fiscal y judicial a las familias con pocos recursos. Nada de becas equivalentes al Salario Mínimo Interprofesional y las oposiciones deben mantenerse según los actuales esquemas. Recitar la legislación como se recita el catecismo. Nada de exponer ante el tribunal calificador un ejemplo práctico que “para eso ya está la Escuela Judicial”, una institución muy criticada porque en lugar de formar lo que hace es fomentar el conservadurismo social. Se quejan de que se establecen incompatibilidades con los jueces y fiscales que tienen academias donde forman a los opositores. Es que ni siquiera se sabe si retienen, en concepto de IRPF, unos honorarios estratosféricos. Quieren que eso no se toque. Y luego hablan de “independencia”.
Y nada de traspasar las competencias en materia de instrucción judicial a los fiscales porque esto sería “dar más poder de decisión al ejecutivo para controlar esos sumarios en los que se investiga su actividad”. Como dice Bolaños, no se han leído bien los proyectos de ley. La reforma del Estatuto Fiscal desvincula el nombramiento de su superior, el FGE, del gobierno de una manera sutil pero contundente. Su mandato será de cinco años mientras que un gobierno suele durar, como máximo, una legislatura, es decir, cuatro años. Si se produce un relevo, el nuevo ejecutivo tendrá que contar con un fiscal general nombrado por el anterior. Pero lo más importante no es eso. Es que se establecen nuevos mecanismos para sortear el llamado “principio de jerarquía”. Los subordinados ya no tendrán que obedecer las instrucciones de sus superiores y gozarán de suficiente autonomía para decidir.
Evidentemente es una huelga política. Y, por eso, un organismo “político” como es este Consejo General del Poder Judicial, fruto de un acuerdo de circunstancias entre el PSOE y el PP para acabar con el bloqueo de cinco años a que estaba sometida la institución por el empecinamiento de los populares, no tiene más remedio que adoptar decisiones controvertidas. La comisión permanente acordó mantener el criterio adoptado en el pleno, que determinó que el ejercicio de este derecho por parte de los jueces carece de “soporte” legal y dio por no “anunciada” la convocatoria. La fiscalía general adoptó una posición similar. El ministerio de justicia les envió un requerimiento para que informaran de los jueces y fiscales que han secundado la huelga. El objetivo era “conocer el seguimiento de la convocatoria y detraer el salario de quienes la secunden”. Según el departamento, esta comunicación “es necesaria para asegurar el buen uso de los fondos públicos”. Ni el CGPJ, ni la FGE, ni las asociaciones de jueces y fiscales han comunicado dato alguno de una sola persona que haya secundado el paro.
Por lo tanto, todos aquellos que hayan participado activamente en la convocatoria no verán reflejada la protesta en sus nóminas. No es de extrañar que con esta actitud este comité de huelga, repetimos que un tanto fantasmagórico porque no ha sido designado por ninguna asociación ni elegido por juez y fiscal alguno, no tendrá problema con repetir la huelga, incluso convocándola indefinidamente porque, total, van a cobrar lo mismo. Es un privilegio más del poder judicial. Ese poder cuya independencia, aseguran, que está en peligro y, por lo tanto, el Estado de Derecho. Evidente contradicción cuando lo que se pretende es modernizar una justicia cuya estructura y funcionamiento data del siglo XIX. Ya es hora de cambiarla.