La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial pide a los políticos que “moderen” las críticas a las sentencias judiciales para evitar “generar desconfianza entre la ciudadanía”. Pero ¿de qué van esos señores? Les hace falta una buena ración de realismo. Hace mucho tiempo que los ciudadanos desconfían de los jueces. Y si no que repasen las encuestas de opinión. Verán la calificación que se da a la justicia en este país. No se pueden moderar actitudes de magistrados que se han inclinado descaradamente hacia la derecha como Hurtado, Biedma o Peinado, por poner un ejemplo de las barbaridades que están cometiéndose todos los días en los juzgados. La cacería de la derecha judicial contra Sánchez es evidente y más les valdría a los vocales del órgano de gobierno de los jueces que analizasen con cierto rigor las actuaciones de los que están bajo su tutela, obligasen a funcionar a la comisión de acción disciplinaria y a alguno se le abriese un expediente por irregularidades en sus instrucciones. Sería la mejor manera de predicar con el ejemplo. A ver si, de una vez por todas, se bajan los humos y se acaba con la patente de corso.
La comisión permanente del CGPJ que, recordemos, no es el plenario, se refiere, sin mencionarlo expresamente, a las críticas efectuadas por algunos miembros del gobierno contra el auto de la jueza número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, en el que procesa al hermano de Pedro Sánchez y al líder del PSOE extremeño y ex presidente de la diputación, Miguel Ángel Gallardo. En una declaración la comisión permanente del CGPJ apela “a la responsabilidad institucional a fin de no mermar la confianza de la ciudadanía en el funcionamiento de las instituciones y al respeto a la independencia judicial en el ejercicio de la función jurisdiccional”. La presidenta, Isabel Gallardo, introdujo un párrafo en el cual se señala el “respeto a la libertad de expresión”. La crítica más directa a la jueza Biedma la hizo el ministro de Justicia, Félix Bolaños, al señalar que “la resolución es sorprendente porque no es nada habitual que se abra o que se intente abrir el juicio oral sin esperar al criterio de la Audiencia Provincial. Las prisas no son buenas consejeras para tomar decisiones tan importantes en una causa judicial y menos sin conocer cuál es la decisión del tribunal superior”.
Si eso es lo que ha escocido a los vocales de la permanente del CGPJ, - repito, no es el pleno luego no hay pronunciamiento del conjunto del órgano de gobierno de los jueces-, habría que recordarles que a los dos principales acusados se les atribuye un delito de prevaricación administrativa y, según el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Luis Martín Pallín, ese delito sólo se puede imputar a funcionarios públicos. Que se sepa, ni Sánchez ni Gallardo eran funcionarios. El primero era un contratado como asesor, y el segundo un cargo público, que no funcionario. En la administración pública existe una figura denominada “funcionario de empleo” que es un nombramiento de confianza, pero, que se sepa, en el contrato del hermano del presidente no figuraba tal condición y mucho menos en la del presidente de la Diputación.
Pero lo más grave es la precipitación con la que la magistrada ha dictado el auto de apertura de juicio oral sin tener en cuenta que la Audiencia de Badajoz todavía no se ha pronunciado sobre los recursos presentados. La magistrada dice que puede hacerlo sin necesidad de esperar al dictado de sus superiores, pero lo cierto es que desde el punto de vista procedimental es un tanto irregular.
Estos errores de procedimiento se están produciendo con demasiada frecuencia últimamente. No sólo en el caso del hermano del presidente sino también en el de su esposa que instruye el juez Juan Carlos Peinado. Este magistrado insiste en pedir informes sobre el rescate de Air Europa, ahora a la intervención General del Estado. Dice que está obedeciendo las instrucciones de sus superiores y que “pedir informes no significa la apertura de diligencias porque no ha llamado a nadie a declarar”. Es una manifiesta irregularidad. Como otras muchas que se están produciendo en la Judicatura. Al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ya jubilado, sus superiores le mandaron archivar una instrucción contra los fundadores de Podemos que calificaron de “prospectiva”. A este magistrado se le ocurrió reabrir el sumario sobre Tsunami Democràtic argumentando la existencia de posibles delitos de terrorismo. El Supremo le ordenó el archivo de la causa no sin antes producirse cierto revuelo entre la clase política porque era una forma de paralizar la ley de amnistía.
A pesar de todas las manifestaciones públicas que estos días se están produciendo sobre la credibilidad de la UCO, lo cierto es que a la unidad de la Guardia Civil se le han detectado 37 errores en los informes que últimamente ha emitido para los jueces. El más significativo es el del registro de las oficinas del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, del que se ha dado cuenta en Diario 16. Según el instructor, Ángel Hurtado, los agentes sólo tenían autorización para volcar los datos digitales de la semana anterior al 13 de marzo de 2024 y la semana posterior. Pero se obtuvieron los de los nueve meses siguientes que se incorporaron al sumario y que estuvieron a disposición de las partes a pesar de que el propio García Ortiz advirtió que, entre ellos, figuraban algunos que podrían afectar a la seguridad pública.
Se diga lo que se diga, lo cierto es que hay sospechas de que se está actuando deliberadamente por parte de ciertos colectivos jurídicos y policiales contra el poder ejecutivo. Y por ello la desconfianza en la justicia es evidente en los recientes sondeos de opinión. El último del CIS revela que un 78% de las personas entrevistadas se muestran en desacuerdo con la afirmación de que, en los procesos judiciales que afectan a partidos políticos, la Justicia siempre es imparcial, mientras que un 78,5% apunta que la justicia tampoco actúa igual ante una persona rica que ante una pobre.
Con estos datos tan contundentes, habría que decirles a los vocales de la permanente del CGPJ que mejor se dan un baño de realidad y buscan una vía para que la ciudadanía vuelva a confiar en sus jueces, cosa que, ahora mismo, es muy difícil de conseguir.