Todo empezó por unas declaraciones de la vocal progresista del Consejo General del Poder Judicial, Argelia Queralt, al digital catalán El Nacional en las cuales denuncia “los excesos cometidos por algunos jueces y magistrados en la fase de elaboración de la ley de amnistía”. La profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y letrada del Tribunal Constitucional se muestra tajante al señalar que hubo jueces que jugaron “un papel demasiado protagonista en un momento en el que no les tocaba ser nada protagonistas. La ley de amnistía gustará más o menos, pero se tenía que respetar la tarea del legislador y esperar a que se hiciera la ley. Y la manera de los jueces de expresarse son las sentencias, no las manifestaciones ni las reuniones para reivindicar aspectos políticos. Además, saliendo con la toga puesta. Y eso de cara a la ciudadanía genera mucha confusión”.
Estas declaraciones han servido de detonante para que el sector conservador haya puesto el grito en el cielo hasta tal punto que llegan a decir públicamente que “estas consideraciones son las que perjudican en boca de alguien a quien se le supone como labor fundamental la obligación de defender a los magistrados.No es consciente del daño que este tipo de afirmaciones hacen". Los vocales propuestos por el PP creen que estas manifestaciones forman parte de una supuesta campaña de desprestigio contra la judicatura que está llevando a cabo el entorno independentista y sitúan a Queralt en ese entorno. Los progresistas han salido en defensa de su compañera suscribiendo, además, estas declaraciones.
Y eso ha generado un clima de enfrentamiento que está perjudicando las urgentes decisiones que debe adoptar el órgano de gobierno de los jueces. La mayoría de estas decisiones requieren el voto de tres quintas partes de los vocales. Por lo tanto, es necesario un acuerdo de mínimos para que salgan adelante. Ahora mismo, con la bipolarización existente, es imposible el consenso, ni siquiera bajo los buenos oficios de la presidenta, Isabel Perelló, por cierto, bien relacionada con Argelia Queralt.
Los conservadores se preguntan si la vocal progresista es consciente de su papel y señalan que “se lo debía de haber pensado antes si quería estar en la institución”. Los representantes del sector se olvidan de las manifestaciones que llevaron a cabo sus compañeros ideológicos del anterior consejo, cuando, aplicando el más vergonzante de los rodillos aprobaban resoluciones e informes contrarios a la amnistía sin contar con el parecer de la entonces minoría progresista. El que fue vocal de ese grupo, Álvaro Cuesta, es el primero que ha salido en defensa de las manifestaciones de Queralt recordando la cantidad de resoluciones que adoptó el grupo conservador en el anterior mandato apropiándose de la totalidad de la institución.
Queralt establece los límites de las intervenciones públicas de los vocales del nuevo CGPJ, que “no está ni para hacer declaraciones ni pronunciamientos sino para adoptar acuerdos a través de los órganos y los procedimientos previstos por la ley dentro del marco de sus competencias”. A los conservadores no les sirve esta reflexión fruto de una entrevista donde la vocal muestra, en todo momento, una moderación que nunca se ha advertido en ellos. Argelia Queralt está en su derecho de expresarse como considere y no se puede limitar la opinión de los vocales por el hecho de ocupar este cargo.
Pero es que el clima enrarecido viene de lejos. En agosto, los progresistas no apoyaron una declaración presentada por los conservadores defendiendo la independencia del poder judicial frente a “determinados ataques del gobierno”. Se referían a las manifestaciones efectuadas por el ministro Oscar Puente criticando la decisión de la Sala de Lo Penal del Tribunal Supremo cuando rechazó amnistiar a los líderes del procès por el delito de malversación. El sector progresista rechazó la inclusión de esta declaración en el orden del día del pleno y ahí comenzó el enfrentamiento. Los conservadores argumentaron que “con dichas manifestaciones, (las de Oscar Puente) solo se consigue el desgaste de la justicia y el cuestionamiento de su independencia. No hay democracia ni Estado de derecho sin un poder judicial independiente que se perciba como tal por los ciudadanos. Resulta especialmente grave las referidas manifestaciones no solo por provenir de personas con altas responsabilidades institucionales, sino, también, y especialmente, por obviar los llamamientos que tanto el pleno como la comisión permanente de este órgano vienen realizando”.
Utilizar argumentos del anterior consejo, que tomó decisiones cuya licitud es cuestionable al haber caducado su mandato, no es un buen punto de partida para logar el acuerdo. Es verdad que ahí están esos llamamientos “por la independencia” que solo votaron los vocales elegidos a propuesta del Partido Popular desdeñando las opiniones de sus compañeros. Precisamente para que no vuelvan a producirse situaciones como éstas, los negociadores del PP y el PSOE pactaron que las resoluciones deberían adoptarse, a partir de la renovación, por mayoría cualificada.
Lo que pasa es que la derecha judicial está convencida de que, entre los vocales progresistas, hay algunos que no sólo apoyan, sino que participan activamente en la estrategia diseñada por los abogados del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, para desprestigiar a la justicia de este país. Y, para desgracia suya, Argelia Queralt ya ha sido incluida en ese grupo.
Los buenos oficios de la presidenta, Isabel Perelló, de momento no han dado sus frutos y el CGPJ sigue en una situación de bloqueo virtual. Todavía no se ha podido constituir la comisión que debe proponer a los candidatos a ocupar las vacantes de los tribunales superiores. De momento sólo han logrado ponerse de acuerdo para elegir al vicepresidente del CGPJ y el TS y poco más. Pero el resto de los asuntos más controvertidos, como es la elaboración del informe sobre la forma de elección del consejo dentro de cinco años, cuando concluya el mandato de éste, se encuentra en un callejón sin salida. Ni siquiera se han puesto de acuerdo en el número de vocales que constituirán la comisión encargada de elaborar ese informe que deberá ser remitido al Congreso antes de primeros de año. Y ya estamos en octubre.