La amenaza ha llegado envuelta en el lenguaje frío de los informes financieros. Delivery Hero, la multinacional alemana propietaria de Glovo, ha señalado que la filial española de la plataforma se enfrenta a un futuro incierto. La razón principal es que su modelo de negocio no es rentable si no cumplen con la normativa laboral. A 31 de julio, la Seguridad Social reclamaba a Glovo 450 millones de euros en concepto de cotizaciones y sanciones derivadas de la Ley Rider. Y la cifra podría crecer hasta los 923 millones si se confirman las reclasificaciones de sus repartidores como asalariados.
El mensaje del grupo no dejaba lugar a dudas: sin apoyo financiero adicional, Glovo España podría no ser capaz de continuar como empresa en funcionamiento. En la práctica, la multinacional situaba a la administración española ante un dilema: o flexibilizar la interpretación de la normativa laboral, o arriesgarse a que desaparezca uno de los principales empleadores informales del país.
Modelo cuestionado
Glovo lleva años operando en la frontera difusa entre innovación tecnológica y precarización laboral. La empresa insiste en que su red de riders no son trabajadores, sino autónomos con libertad de decidir sus horarios y rutas. Las autoridades españolas, en cambio, consideran que la plataforma ejerce un control sustantivo sobre sus repartidores, desde la asignación de pedidos hasta el sistema de penalizaciones.
La Ley Rider de 2021 buscaba poner fin a esa ambigüedad, estableciendo la presunción de laboralidad. Pero Delivery Hero ha seguido defendiendo su modelo, argumentando que la naturaleza flexible del trabajo en plataformas no encaja en las categorías tradicionales de empleado o autónomo. Mientras tanto, los tribunales y la Seguridad Social han ido acumulando resoluciones en contra de Glovo.
El chantaje del empleo
En este contexto surge un patrón conocido en la economía global: la conversión del empleo en moneda de cambio política. Glovo insiste en que decenas de miles de personas en España dependen de su plataforma para obtener ingresos. Si el coste regulatorio se vuelve insoportable, esos puestos desaparecerán.
Se trata de una estrategia de presión que trasciende al sector del reparto. La historia reciente está llena de ejemplos: fábricas de automóviles en Europa del Este que amenazan con deslocalizarse si se elevan los salarios; gigantes tecnológicos en Estados Unidos que convierten la promesa de empleos cualificados en subastas fiscales; mineras en América Latina que vinculan su continuidad a la laxitud ambiental y laboral.
En todos los casos, el mensaje es el mismo: regular demasiado implica perder empleo, cumplir con las leyes laborales o respetar los derechos de los trabajadores significará más desempleo, algo que a los políticos no gusta y eso es algo que estas multinacionales saben.
En España, con un paro juvenil que ronda el 20%, el argumento tiene un peso político evidente. Ningún gobierno quiere cargar con la etiqueta de destructor de puestos de trabajo, incluso si esos empleos son frágiles, precarios y mal remunerados. Glovo lo sabe y desplaza el coste de sus incumplimientos legales al terreno del debate público: las sanciones ya no aparecen como una consecuencia de vulnerar derechos, sino que quieren hacer creer a la gente que son un obstáculo impuesto por el Estado a la creación de oportunidades laborales.
La paradoja es que los empleos que se defienden con más vehemencia en estos escenarios suelen ser también los más precarios y esconder, incluso, situaciones de explotación laboral o semiesclavitud. El chantaje del empleo puede consolidar sectores de baja productividad que dependen más de su capacidad de presión política que de su viabilidad económica real.
El riesgo político y social
El caso español es significativo porque apunta hacia un cambio de tendencia. El Gobierno de Pedro Sánchez ha optado por desafiar la narrativa empresarial y ha legislado en favor de una presunción de laboralidad, asumiendo el riesgo de que algunas plataformas reduzcan su actividad. El razonamiento es claro: un empleo que solo existe si se vulneran derechos laborales no es un empleo sostenible.
El conflicto, sin embargo, dista de estar cerrado. Delivery Hero asegura que seguirá litigando y que no reconoce provisiones por la reclasificación de sus repartidores, confiando en que la batalla judicial o política pueda inclinarse a su favor. Pero, mientras tanto, los pasivos contingentes crecen y la amenaza de insolvencia se cierne sobre Glovo España.
Cuestión de precedentes
Más allá de sus cuentas, lo que está en juego es un precedente con implicaciones globales. Si España logra sostener la aplicación estricta de su legislación, puede inspirar a otros países europeos y latinoamericanos a desafiar el modelo de las plataformas. Si, por el contrario, Delivery Hero consigue neutralizar o retrasar la aplicación efectiva de la Ley Rider, el mensaje será el opuesto: que incluso los Estados con sistemas laborales fuertes pueden ser doblegados por la presión del empleo precario.
Glovo, hoy, es el epicentro de esa disputa en Europa. Su supervivencia no dependerá únicamente de sus cifras financieras, sino de una pregunta más amplia: ¿hasta qué punto los políticos están dispuestos a aceptar el chantaje del empleo como precio de la modernidad?