Koldo García, al que el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, investiga por ser el cabecilla de una presunta trama corrupta en la venta de mascarillas durante la pandemia, ha pedido al magistrado que abra una pieza separada por revelación de secretos al considerar que se está invadiendo su privacidad. Por eso pide que se llame a declarar a los agentes de la UCO de la Guardia Civil que elaboraron el informe que le inculpa porque considera que filtraron datos de su vida personal y familiar.
García sigue el ejemplo del que fue su jefe, José Luis Ábalos, quien no está imputado ni investigado, que ha presentado una querella por revelación de secretos: “se están produciendo filtraciones que afectan a mi persona, curiosamente no a otros investigados. Es evidente que yo soy el protagonista de toda esa investigación. Por eso también he presentado una denuncia por abuso de revelación de secretos a la fiscalía. Si yo veo todo esto, es evidente que el objeto soy yo", manifestó el exministro quien se siente “perseguido en una instrucción prospectiva cuando ni siquiera estoy imputado”. Tanto Ábalos como García siguen el ejemplo de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la CAM, Isabel Díaz Ayuso, quien siguiendo el dicho de que “la mejor defensa es un buen ataque” respondió a la demanda de la fiscalía por delito fiscal con una querella por haber hecho públicos datos privados. Los despachos de abogados se frotan las manos con esta nueva estrategia que, aunque poco ética, es completamente legal y que desvía el curso de las acusaciones contra sus clientes.
La revelación de secretos es un delito del que se empieza a abusar y que, de seguir así las cosas, habrá que modificar. Porque lo que no es de recibo es que esa figura sea utilizada por las defensas de imputados para desviar la cuestión principal que ocupa a los jueces. En el caso de Koldo García la cosa es bien sencilla. Hay suficientes evidencias de que utilizó su condición para intermediar en la venta de mascarillas durante la pandemia con lo que obtuvo beneficios gracias a las comisiones. A raíz de estas evidencias se han conocido más detalles de la vida de Koldo que han sido revelados por la prensa. Ahora, el investigado acusa de invasión de su intimidad por tales informaciones y apunta directamente a la guardia civil, autora de las investigaciones de los hechos en los que se vio envuelto.
Se desconoce si tales filtraciones proceden de la policía judicial. Habitualmente en unas diligencias previas existen varias fuentes con las que se manejan los periodistas. Oficialmente es la jefatura de prensa de la institución investigadora la que publica las informaciones. En el caso de la Audiencia Nacional, instancia a la que pertenece el juzgado de Ismael Moreno, está su oficina de comunicación.
También existen otras fuentes. Los fiscales suelen mantener buena relación con los periodistas y facilitan, en ocasiones, los autos y providencias de las causas de las que se ocupan. Por supuesto pidiendo que no se identifique la procedencia de la documentación que entregan. También informan las acusaciones personadas en la causa y los abogados defensores a su conveniencia. Nadie se salva en los tribunales de justicia a pesar de que los magistrados piden prudencia a la hora de gestionar la documentación de los sumarios porque las filtraciones no son bien vistas por los jueces los cuales son los únicos que se niegan a colaborar. Claro que también hay excepciones a esta regla, pero ese es otro cantar del que nos ocuparemos en otro momento.
Koldo García sigue el ejemplo del que fue su jefe. El exministro, José Luis Ábalos, juega con una ventaja. Todavía no es imputado. Además, su condición de parlamentario complica su imputación por parte del juez Moreno que, de llevarla a cabo, tendría que dejar la investigación en manos del Tribunal Supremo. Pero lo cierto es que en los últimos días han aparecido indicios de que, presuntamente, conocía los hechos. Los correos electrónicos en los cuales se modifica la cantidad de mascarillas que iba a adquirir el ministerio de Transportes lleva su firma, y otro de los investigados, el subsecretario, Jesús Manuel Gómez, ha manifestado que “obedecía las ordenes de su superior”. Sin decirlo claramente está apuntando a Ábalos. Este se queja de unas informaciones aparecidas en la prensa en las que se señala que una tal Jesica, que identifican como asistente suya, le reclamó 39.900 euros “`por acompañarle en viajes”. El exministro dice que todo es una maniobra y que él mismo escribió el correo en el que se le reclama esa cantidad. El gobierno ha reconocido que Jesica R.G. cobró un sueldo durante año y medio de la empresa pública Ineco que estaba, en ese momento adscrita al ministerio de Transportes. Esta información es la que ha llevado a Ábalos a presentar la querella que, de todas maneras, no esconde la clave de todo este asunto. El todavía diputado conocía la trama corrupta y sólo eso le lleva a tener que explicarse ante el juez. Lo demás son circunstancias que quedan muy bien periodísticamente pero que no son relevantes para la causa.
Al que sí le ha salido bien la jugada es al comisionista Alberto González Amador. El novio de Isabel Díaz Ayuso, acorralado por la fiscalía, acusado de un delito fiscal, siguió la estrategia diseñada por terceros, hay quien dice que, por el mismísimo jefe de gabinete de la presidencia, Miguel Ángel Rodríguez. Su abogado manifestó que habían llegado a un acuerdo con la fiscalía para declararse culpable y así evitar el ingreso en prisión. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ordenó la publicación de una nota informativa en la cual se debían de aclarar los hechos y, sobre todo, resaltar que nunca se llegó a un acuerdo porque el ministerio público, mientras no se dicte la apertura de juicio oral, no está capacitado para ese tipo de acuerdo de conformidad. Si es cierto o no que la nota elaborada contenía datos fiscales que no deben trascender es algo que ahora debe dilucidar el Tribunal Supremo donde ha llegado la denuncia de González Amador quien, de esa manera, ha desviado la atención de lo que realmente pasó: defraudó una cuota del orden de 300.000 euros del impuesto de sociedades que le supone la comisión de un delito fiscal por el que deberá rendir cuentas ante la justicia.
García, Ábalos y González Amador han sentado un peligroso precedente. Utilizar sus casos para atacar a sus acusadores. Ahora depende de los jueces el volver a poner las cosas en su sitio o desviar la atención hacia derroteros que no interesan nada a la acción de la justicia bastante deteriorada para que, encima, al final, los culpables de delitos acaben por ser los triunfadores.