La comisión del Congreso de los Diputados que investiga la llamada Operación Catalunya ha llamado a declarar a Mariano Rajoy y a Dolores de Cospedal en calidad de antiguos dirigentes del Partido Popular. Ambos, si quieren, no tienen por qué contestar a las preguntas de sus señorías porque el asunto está judicializado. El expresidente del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell, uno de los perjudicados por las actuaciones de desprestigio contra los independentistas catalanes, presentó una denuncia que el juzgado número 13 de Madrid admitió a trámite. Es la única demanda como tal en la jurisdicción ordinaria ya que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, desestimó investigar este asunto como pieza separada del sumario Tandem donde se investigan las actividades del comisario jubilado, José Manuel Villarejo. De todas maneras, en las diligencias previas de la Audiencia Nacional hay numerosas actuaciones delictivas que tienen que ver con la Operación Catalunya por lo que tanto Rajoy como Cospedal pueden excusar su silencio por los elementos que se incluyen en estas actuaciones judiciales.
Uno de los asuntos que afecta directamente al expresidente del gobierno se refiere a las presiones que recibió la Banca Privada Andorrana en torno a las cuentas de Jordi Pujol, y su familia. En junio de 2022 una jueza del principado imputó a Mariano Rajoy, a Jorge Fernández Díaz y a Cristóbal Montoro por un delito de extorsiones a la BPA. En la querella consta que “los cargos gubernamentales y policiales querellados habrían acordado preparar diversos informes en los que se atribuían falsamente a BPA y Banco Madrid la realización sistemática de conductas constitutivas de blanqueo de capitales. Dichos informes mendaces se hicieron llegar al Servicio de Detección de Blanqueo del Tesoro Americano (FinCEN), posiblemente a través del agregado del FBI en la embajada de Madrid, Marc Varri, íntimo amigo del comisario Villarejo, así como a las autoridades andorranas”.
Según testigos de las investigaciones que lleva a cabo dicha jueza,detrás de estas presiones se escondía el interés de las autoridades españolas de localizar unas cuentas multimillonarias de los Pujol en Andorra: “consta la decepción de la policía española al constatar el saldo relativamente bajo de las cuentas de la familia Pujol después de que se entregara un resumen de los extractos de dichas cuentas por parte de BPA. Esta entrega se hizo después de haber recibido coacciones por un miembro de la policía española destinado en la embajada en Andorra”.
La jueza elevó una comisión rogatoria pidiendo interrogar a Mariano Rajoy. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó la petición. El expresidente del gobierno tiene una orden de busca y captura en el Principado, pero no está obligado a declarar, según las autoridades judiciales españolas.
Pero hay más. El empresario constructor, Carlos Sumarroca, figura en la famosa lista de Alicia Sánchez Camacho, dirigente del PP catalán, y eurodiputada, que entregó a Jiménez Villarejo, al exsecretario de Estado para la Seguridad, Francisco Martínez, y al exdirector general adjunto de la policía, Eugenio Pino, condenados, ya, en una pieza separada de Tándem, aunque pendientes de los recursos presentados. Sumarroca, su hermano y sus hijos han interpuesto una querella en el Tribunal Supremo contra los responsables de la conspiración policial: José Manuel Villarejo, Alicia Sánchez Camacho, el exministro de Interior Jorge Fernández Diaz, María Dolores de Cospedal, Francisco Martínez, Eugenio Pino y el inspector de la UDEF Álvaro Ibáñez. La familia Sumarroca les acusa de delitos de organización criminal, malversación de fondos públicos, falsedad en documento oficial y revelación de secretos. En la querella, firmada por el penalista Jordi Pina, se incluyen las agendas del comisario Villarejo,donde sale el nombre de la familia Sumarroca, algunos de cuyos miembros fueron investigados por orden de Sánchez Camacho.
Los pormenores de la Operación Catalunya ya han sido analizados aquí mismo por otros compañeros por lo que nos limitamos, ahora, a describir los hechos que han sido judicializados que son los que servirán de excusa a Cospedal y Rajoy para no contestar las demandas de los diputados en la comisión. El anterior Consejo General del Poder Judicial advirtió al Congreso que cualquier cuestión que se expongan tanto en esta comisión como en la de los atentados yihadistas de Barcelona se interpretaría como una injerencia del poder legislativo en el judicial: “ello implica potencialmente someter a revisión parlamentaria decisiones enmarcadas en la exclusividad del ámbito competencial de nuestros tribunales”, dice la resolución aprobada por la comisión permanente del órgano de los jueces. Tal vez para evitar el enfrentamiento, la comisión de investigación ha descartado citar a Manuel García Castellón, el juez que tiene las claves de toda la operación diseñada por la cúpula policial con Rajoy en La Moncloa.
La comparecencia de Dolores de Cospedal obedece a la grabación de sus conversaciones con los implicados en la operación, y su relación con abogados y periodistas que también participaron en la campaña. La entonces ministra de Defensa tuvo que declarar en la Audiencia Nacional. A García Castellón, que en principio descartó llamarla, se lo ordenaron sus superiores de la sala de Lo Penal. Pero la realidad es que la declaración de la dirigente pepera se limitó a las clásicas respuestas de “no sé, no recuerdo”. Ahora en el Congreso ocurrirá lo mismo, si es que no advierte, desde un principio, que se ratifica en todo lo que le dijo al magistrado.
El poder judicial se ha tomado esta comisión de investigación como un intento del legislativo de buscar responsabilidades en un asunto que todos califican de lawfare, la judicialización de la política. La derecha judicial no va a permitir que los diputados profundicen en un tema que quieren cerrar cuanto antes. Es cierto que habrá testimonios como los de Oriol Junqueras y Artur Más donde sí se desvelarán muchas de las actuaciones que llevó a cabo la llamada “policía política” contra los independentistas catalanes. Pero frente a sus testimonios quedarán los de Cospedal y Rajoy. Y el silencio, en estos casos, suele ser determinante en el esclarecimiento de las actividades delictivas.