Uno de los deberes que tiene cualquier ciudadano que viva en una democracia es el de denunciar un delito si tiene información veraz sobre la comisión del mismo. Los tribunales de Justicia y las fuerzas de seguridad actúan cuando se trata de pequeñas cosas. Sin embargo, cuando los implicados son las grandes fortunas, las corporaciones multinacionales, las grandes empresas o los bancos sistémicos, entonces, el deber ciudadano se convierte en condena para el denunciante o el alertador.
En Estados Unidos ha sucedido recientemente con dos personas que no han tenido piedad ni por parte de los jueces ni por los políticos.
Charles Littlejohn ex funcionario del IRS (la agencia tributaria estadounidense) fue condenado a 5 años de prisión, condena que comenzó a cumplir el pasado 1 de mayo, por filtrar al New York Times y ProPublica las declaraciones de impuestos de los principales multimillonarios del país, Donald Trump incluido.
Gracias a la filtración de Charles Littlejohn, la ciudadanía conoció las fórmulas que utilizan los grandes multimillonarios para evitar el pago de los impuestos sobre la renta que les corresponden. Maniobras como ponerse salarios de 1 dólar, los ingresos a través de líneas de préstamo milmillonarias, la compra de franquicias deportivas de beisbol, fútbol americano o baloncesto, recompra de acciones, y un largo etcétera de estrategias que aprovechaban al límite las lagunas legales del sistema tributario.
Entre las declaraciones de impuestos filtradas por Littlejohn se encontraban las de nombres que copan los primeros puestos de las listas de los más ricos del mundo: Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos o Warren Buffet.
Ante la injusticia que supone que los tribunales apliquen una condena ejemplarizante contra alguien que cumplió con su deber ciudadano de alertar sobre un asunto clave para el mantenimiento del bienestar de la ciudadanía, un grupo de eminentes catedráticos de Derecho de la Universidad de Missouri han remitido una carta al presidente Joe Biden para que, antes de deje la Casa Blanca, indulte a Charles Littlejohn. En esa misiva, a la que Diario16+ ha tenido acceso y que pueden leer y descargar al final de este artículo, los profesores son contundentes: la condena a Charles Littlejohn es más severa que las que se aplican a los multimillonarios evasores en los pocos casos que son condenados, evidentemente.
«Hay muchos casos que implican una evasión fiscal masiva y no conducen a una acusación penal. Consideremos, por ejemplo, el caso de Alon Farhy, quien transfirió más de 2 millones de dólares a una entidad extranjera ficticia, que luego transfirió los fondos a una cuenta bancaria a nombre de una corporación con sede en Belice que el Sr. Farhy creó únicamente para ese propósito. El plan del Sr. Farhy violó una variedad de obligaciones relacionadas con los impuestos más allá de su deber de informar y pagar correctamente el impuesto sobre la renta que debía. El Departamento de Justicia firmó un acuerdo de no enjuiciamiento con el Sr. Farhy para inmunizarlo contra el enjuiciamiento penal a cambio de pagar sus impuestos más intereses y multas», señalan los catedráticos en su carta a Biden.
Durante el mandato del actual presidente estadounidense también se produjo otra condena terrible en este sentido sin que los políticos movieran un dedo para evitarlo. La ex funcionaria del Departamento del Tesoro, Natalie Edwards, filtró miles de documentos que revelaban cómo los principales bancos del mundo blanquearon más de dos billones de dólares, ingresó en prisión el pasado 3 de septiembre. Tal y como publicamos en Diario16, Edwards fue condenada a 6 meses de cárcel por, precisamente, filtrar documentos bancarios confidenciales a un periodista. Esto provocó una investigación mundial sobre los flujos de dinero ilícito: los Archivos FinCEN que fueron publicados por BuzzFeed News y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
Edwards filtró los llamados informes de actividades sospechosas, documentos altamente confidenciales que los bancos deben presentar a FinCEN cuando sospechan que un cliente está cometiendo un delito o moviendo dinero robado. La oficina y los datos financieros que recopila desempeñan un papel fundamental en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Además de los seis meses de cárcel, la sentencia, dictada por el juez Gregory Woods del Distrito Sur de Nueva York, condenó Natalie a tres años de libertad vigilada.
Natalie Edwards fue encarcelada por «su papel en revelar la corrupción financiera global sistémica e inspirar cambios legales en todo el mundo», afirmó Ben Smith, fundador y editor jefe de Semafor, periodista que ha desarrollado su carrera en Político, BuzzFeed News y New York Times.
La documentación que filtró Natalie Edwards, y por la que ha sido condenada y encarcelada, revela que el Standard Chartered movió dinero en nombre de Al Zarooni Exchange, una empresa con sede en Dubai que acusada de blanquear dinero en efectivo en nombre de los talibanes. Durante los años en que Al Zarooni fue cliente de Standard Chartered, los guerrilleros talibanes protagonizaron ataques violentos que mataron a civiles y soldados.
Por otro lado, la sucursal de HSBC en Hong Kong permitió que WCM777, una estafa piramidal, moviera más de 15 millones de dólares incluso cuando la empresa no podía operar.
Las autoridades afirmaron que la estafa robó al menos 80 millones de inversores, principalmente inmigrantes latinos y asiáticos, y el dueño de la compañía usó los fondos estafados para comprar dos campos de golf, una mansión de 2.133,6 metros cuadrados, un diamante de 39.8 quilates y derechos mineros en Sierra Leona.
Respecto a Bank of América, Citibank, JP Morgan Chase o American Express, entre otros, procesaron colectivamente millones de dólares en transacciones para la familia de Viktor Khrapunov, el exalcalde de Almatí, la ciudad más poblada de Kazajstán, incluso después de que Interpol emitiera una Notificación Roja por su arresto. Khrapunov, que ya había huido a Suiza y que ha sostenido que las acusaciones tienen motivaciones políticas, fue posteriormente condenado en ausencia por cargos que incluían la aceptación de sobornos y defraudar a la ciudad mediante la venta de propiedad pública.
En total, la documentación filtrada por Natalie Edwards reveló más de 2 billones de dólares en transacciones entre 1999 y 2017. Los bancos occidentales podrían haber bloqueado casi cualquiera de ellos, pero en muchos casos mantuvieron el dinero en movimiento y siguieron cobrando sus elevadas comisiones.
Esos documentos, además, revelaron, tal y como publicó Diario16+, bancos españoles aparecían en las operaciones de blanqueo. En concreto, Banco Santander aparecía implicado en 30 operaciones que se realizaron, principalmente, desde JP Morgan, Deutsche Bank, Standard Chartered y desde el New York Mellon Bank, uno de los principales accionistas del banco cántabro.
En concreto, desde esta entidad financiera, se ejecutaron 2 operaciones: la primera, en junio de 2016, por un valor de 454.888.333 de dólares. Este movimiento se inició en el New York Mellon Bank, pasó por la oficina del Santander en las Islas Caimán y terminó en la Winterbotham Trust Company Limited de Bahamas.
Respecto a la segunda, realizada en enero de 2013 y un valor de 550.000 dólares, tuvo el mismo origen, pasó por Santander España, para finalizar en el Caledonian Bank Limited de las Islas Caimán. Otras operaciones que aparecen en los documentos filtrados por Natalie Edwards se canalizaron desde el New York Mellon y utilizaron al Santander en Portugal y Uruguay.
Deutsche Bank es el que más operaciones realizó con o a través de Santander. En total 22. Estos movimientos se ejecutaron en las oficinas en Argentina (2), Brasil (11), Hong Kong (2), España (3), Suiza (3) y Uruguay (1). Lo mismo ocurre con JP Morgan, con una operación a través de Santander Totta (Portugal). Respecto al Standard Chartered, según los datos de la documentación del FinCEN filtrada por Edwards, realizó con Santander operaciones a través de Brasil y España.