El rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyeche, imputado en el caso Begoña Gómez que instruye Juan Carlos Peinado, trata de salvarse de una manera mezquina: señalando a los codirectores de la cátedra, la esposa del presidente del Gobierno y el profesor al que correspondió hacerse cargo junto a Gómez, José Manuel Ruano de la Fuente. A este último le han abierto un expediente. Le acusan de no haber entregado la documentación del curso que se le requirió, la misma que Begoña Gómez intentó entregar en el mes de julio y que no fue admitida. Un día después, la UCM presentaba un escrito al juez que sirvió de base para que el magistrado abriese una pieza separada acusando a la mujer de Pedro Sánchez de apropiarse de un software que fue registrado a nombre de la cátedra extraordinaria.
El expediente abierto a Ruano nació viciado. Se nombró instructor a un conocido dirigente de Vox de la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial, José Antonio Perea Unceta, que concurrió en las listas electorales del partido ultra en mayo de 2023. Da la “casualidad” que Vox está personada como acusación popular en el juzgado 41 de Madrid. Por ello, Ruano presentó recusación alegando falta de objetividad e imparcialidad. La recusación prosperó y Pérez Unceta fue apartado. Aún así se ha nombrado a otro docente que sigue cursando el expediente. Está claro que lo que pretenden los responsables de la Universidad Complutense es desviar la responsabilidad penal que pudiera derivarse de la presunta apropiación del software.
En la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid el profesor Ruano de la Fuente fue contundente al acusar al rector Goyache de no haber sido claro respecto del papel de Begoña Gómez en la Complutense. “Me hubiera gustado que el rector hubiese salido a la palestra y hubiera puesto en claro algunas cuestiones muy determinadas: Begoña Gómez no es empleada de la Universidad y, por tanto, no percibe ningún salario. Simplemente ha participado como docente y codirectora en másteres no oficiales. Y la cátedra no se ha manejado con dinero público, es decir, las fuentes de financiación de la cátedra son de origen estrictamente privado”. Ruano descubrió la clave de todo este asunto. Por eso está supuestamente represaliado.
Un día antes de que Goyeche tuviese que declarar ante Peinado como imputado, su segundo, el vicerrector de planificación, José María Coello de Portugal, convocó una reunión en la que estuvieron presentes Gómez y Ruano de la Fuente. Ambos aportaron la documentación que se les había requerido sobre la titularidad del famoso software. El vicerrector no la aceptó porque “contradice el escrito que ya hemos enviado al juzgado”. Y lo dejó claro: la “prudencia” obligaba a no aceptar la documentación que habían requerido días antes y de la que el día anterior se quejaban al juez que no había sido aportada. Coello de Portugal les reprochó que la documentación a debatir se debía de haber entregado días antes de la reunión, algo que no es exacto ya que en muchas ocasiones los informes sobre los asuntos tratados se han entregado en el mismo momento de su celebración.
Está claro que la Universidad Complutense de Madrid ha decidido ponerse del lado del juez Peinado al cual le quedan pocos recursos para seguir acusando a Begoña Gómez de delito de tráfico de influencias y apropiación indebida, este último en la pieza separada en la que se la acusa de haber registrado irregularmente un software para la creación de una plataforma de gestión y medición de la pequeña y mediana empresa en el marco de la cátedra extraordinaria. Al parecer el registro se hizo a nombre de la cátedra extraordinaria que codirigían Gómez y Ruano una circunstancia que los expertos juristas creen que no es irregular.
Y así lo hizo saber Goyeche en su primera declaración ante Peinado. Que no habían encontrado irregularidad alguna en la cátedra. Dicho y hecho. El juez no se lo pensó y aplicó el mismo rasero que al empresario Juan Carlos Barrabés: lo imputó. Es por eso por lo que ahora la Complutense intenta quitarse esta causa de en medio a pesar de que estaba al tanto del registro del dominio a nombre de la cátedra, y no lo calificó como una anomalía.
Ya no sólo basta con haber cancelado los cursos que imparte la cátedra para “evitar la repercusión pública de este asunto”. Ni tampoco que no se haya notificado a Gómez que se suspendía la actividad. Ahora se quiere ir más lejos y apuntar a la mujer del presidente como la autora de irregularidades a la hora de registrar el software. Y, si de paso, se puede señalar al codirector, el profesor de Ciencia Política, Ruano de la Fuente, la responsabilidad recaerá contra ellos y no habrá problemas para desimputar al rector.
Al juez Peinado le vendría muy bien que esa maniobra terminase con éxito porque su verdadero objetivo es Begoña Gómez, igual que las acusaciones populares de la extrema derecha personadas en la causa. A todos ellos les importa un bledo lo que hayan hecho Barrabés, Goyeche, Güemes y otros implicados. La clave sigue siendo si Begoña Gómez utilizó su condición de esposa del presidente para llevar a cabo operaciones que puedan presentarse ante la Audiencia de Madrid, que será la que, finamente, juzgará los delitos si es que los hay.
El tráfico de influencias tiene escaso recorrido pero la apropiación indebida del software, a decir de los expertos, sí puede llegar a tener cierta consistencia. Lo más probable es que el tribunal que lo juzgue acabe por declarar no culpable a la esposa de Pedro Sánchez. Pero el solo hecho de verla sentada en el banquillo ya es suficiente para desprestigiarla, a ella y a su marido, el objetivo de los jueces de este país.