El 4 de septiembre, Vox volverá a ocupar un espacio institucional para difundir datos falsos, teorías desacreditadas y argumentos destinados a erosionar la protección de las víctimas de violencia machista. Todo ello con el consentimiento implícito de una Cámara que parece haber olvidado su deber con los derechos humanos.
Mientras cientos de mujeres son asesinadas por sus parejas cada año, y miles denuncian agresiones, Vox vuelve a utilizar recursos públicos para cuestionar la realidad de la violencia de género. Y lo hace desde el hemiciclo, arropado por bulos, mitologías masculinas y un desprecio apenas disimulado hacia las víctimas.
El próximo 4 de septiembre, el Congreso de los Diputados acogerá —una vez más— un espectáculo lamentable: una jornada organizada por Vox con el inequívoco propósito de blanquear el discurso negacionista sobre la violencia contra las mujeres, disfrazado de análisis, plagado de cifras falsas, y revestido de una narrativa emocional que convierte a los agresores en víctimas. El título del evento no engaña: Ideología de género y denuncias falsas. A cada palabra, una trampa. A cada intervención, una agresión política.
Será la tercera vez que este partido —que ya no se contenta con dar la espalda a la realidad— la reescribe a medida de sus fantasías reaccionarias. Lo hará con el aval logístico de la institución democrática que menosprecio ha recibido de su parte: el Congreso de los Diputados. Allí, bajo los focos, y con el empaque de una supuesta "pluralidad de opiniones", se enunciarán barbaridades como que el 80% de los denunciados por violencia de género son inocentes, que las leyes matan más que los golpes, o que todo es culpa de un feminismo vengativo y malvado.
No es una anécdota. Es una alerta. Porque mientras los portavoces ultras elaboran estadísticas imaginarias y revuelven emociones para deslegitimar la lucha contra el maltrato, los datos reales siguen acumulándose como lápidas.
Una violencia que sí existe y se puede contar
Desde 2013, casi 500 niños y niñas han quedado huérfanos a causa del feminicidio de sus madres. Más de medio centenar de mujeres son asesinadas cada año por sus parejas o exparejas. 65 menores han sido también víctimas mortales en estos contextos de terror cotidiano. Cada día, en España, se presentan más de 40 denuncias por agresión sexual. Y, por si aún hubiera dudas, las tasas de denuncias falsas en estos casos son residuales: menos del 0,01%, según la Fiscalía General del Estado.
Negar estos datos no es un ejercicio de escepticismo sano: es una estrategia política deliberada para quitarle legitimidad a las leyes que protegen, a los protocolos que previenen, y a las voces que denuncian. Es, además, una forma de reabrir heridas, de devolver al silencio a las mujeres que se han atrevido a hablar, y de enviar un mensaje inquietante a las nuevas generaciones: que denunciar no vale la pena, que el sistema no sirve, que mejor callar.
El negacionismo no es una opinión más. Es una forma de violencia simbólica. Y, cuando se financia con dinero público y se propaga desde una tribuna institucional, es también una forma de traición al Estado de derecho.
El Congreso no puede ser cómplice
Varias organizaciones de mujeres —Fundación Mujeres, Fórum de Política Feminista, Enclave Feminista, Fademur, Mujeres Juristas Themis, entre muchas otras— han alzado la voz con claridad. En un comunicado conjunto, recuerdan que la violencia de género no es una hipótesis, sino una evidencia empírica, jurídica y social. Que existe, que mata, que deja secuelas físicas, psicológicas y económicas. Y que no se puede combatir si desde las propias instituciones se cuestiona su existencia.
El comunicado, abierto a adhesiones, advierte del peligro de permitir que el discurso de la extrema derecha se normalice bajo el pretexto del pluralismo o la libertad de expresión. Porque aquí no se debate sobre ideas, sino sobre derechos fundamentales. No se discute una política, sino la existencia misma de las víctimas.
En una sociedad democrática, no todo es debatible. No se invita a asesinos a debatir sobre el derecho a la vida. No se ofrece un atril a quien niega el Holocausto. Y no se debería permitir que se utilice el Congreso para trivializar la violencia que miles de mujeres padecen a diario.
Lo más inquietante de todo esto es la sutil inversión de roles que promueve el relato ultra: los verdaderos oprimidos —según Vox— serían los hombres falsamente acusados, los padres alienados, los varones desplazados por un feminismo supuestamente totalitario. Y las verdaderas culpables, las mujeres que se atreven a usar la ley. El mundo al revés, como si los tribunales estuvieran colapsados por las denuncias falsas y no por la falta de medios para investigar las reales.
La jornada del 4 de septiembre no es un ejercicio de política parlamentaria. Es una operación de propaganda ideológica que pretende consolidar un imaginario de impunidad, miedo y revancha. Lo grave es que se hace con la tolerancia —o la pasividad— de quienes deberían defender los valores democráticos desde las instituciones.
Si el Congreso permite, una vez más, este acto de desprecio, no será neutral: será cómplice.
El machismo no es una opinión: es una amenaza
Vox no es un partido cualquiera. Es una maquinaria de demolición ideológica que, cada vez que habla, resucita las peores pulsiones de una historia que costó décadas superar. Y cada vez que el Estado les presta un micrófono, legitima ese retroceso.
Hoy más que nunca, la defensa de los derechos de las mujeres exige firmeza, memoria y verdad. La violencia de género no se debate. Se combate. Y quienes la niegan, no deberían tener butaca en la Cámara que representa al pueblo. Ni altavoz. Ni aplausos.